Alejandro Navarro Saldaña, exalcalde de Guanajuato Capital y esposo de la actual presidenta municipal, Samantha Smith, enfrenta una denuncia penal por presunto conflicto de interés, daño ambiental y corrupción. El epicentro del escándalo: una zona ecológicamente protegida arrasada por maquinaria, y negocios familiares que, según la acusación, fueron favorecidos desde el poder público.

Los hechos se remontan a 2020, cuando sin permisos oficiales ni consulta ciudadana, se abrió un camino en una área verde de la ciudad: el cerro de las Eredaderas, dentro del polígono conocido como Quinta Marfil. Más de 2 mil metros cuadrados de vegetación fueron arrasados. A esa herida en el paisaje, activistas y medios locales la bautizaron como “el Arañazo”.

El trazo vial atraviesa terrenos propiedad de Guillermo Smith, suegro del exalcalde y padre de la actual edil, Samantha Smith, lo que evidenció un presunto conflicto de interés. Lejos de ser un simple accidente administrativo, el caso se convirtió en símbolo de algo más profundo: el uso del poder para cimentar proyectos familiares, aún a costa del patrimonio natural de todos.

Fue la activista y exregidora Paloma Robles Lacayo quien, junto con los ciudadanos Fernando Revilla y Julio César Rodríguez, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El fiscal Marco Antonio Medina Torres recibió el documento, en el cual se solicita investigar posibles delitos por tráfico de influencias, abuso de poder y daño ambiental.

Pero el conflicto no termina ahí. La denuncia también abarca supuestas irregularidades en la operación del Museo de las Momias, ícono turístico de la ciudad. Según la acusación, durante la administración de Navarro se promovieron alzas en las tarifas del museo municipal que desequilibraron la competencia con otros museos, privados, administrados por la familia política del exalcalde. Una estrategia que, de comprobarse, no solo sería desleal, sino ilegal.

Mientras la sociedad exigía una respuesta firme ante la devastación en Marfil, la Dirección de Medio Ambiente municipal optó por una ruta cuestionable: en lugar de suspender de inmediato la obra, inició un proceso para regularizarla. Fue la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) quien finalmente clausuró el área y detuvo el avance de la urbanización. Un gesto que llegó tarde, pero que salvó lo que aún queda en pie.

Advertisement

Hoy, los guanajuatenses se preguntan hasta qué punto se han permitido estas prácticas a la sombra del poder. ¿Cuántas veces más los intereses particulares tendrán la fuerza para borrar caminos verdes y reemplazarlos por calles de concreto que conducen al lucro?

La denuncia avanza, pero el juicio ciudadano ya comenzó… Este caso habré la discusión urgente sobre ética pública, corrupción estructural y el valor de nuestras reservas naturales.

Porque cuando el poder sirve para enriquecer a los de siempre, y cuando los cerros son mutilados por intereses privados disfrazados de desarrollo, lo que está en juego no es solo es un futuro o el prestigio de un político. Lo que se juega es la dignidad misma de una ciudad que, en medio de su belleza, aún clama por justicia.