Representantes del sector transportista acudieron al Ayuntamiento de Guanajuato para sostener su primera reunión formal con la Comisión de Concesiones con el objetivo de plantear problemáticas legales y técnicas relacionadas con el proceso de concesionamiento y regularización del transporte público.

Durante el encuentro expusieron que desde hace más de dos décadas no se ha concretado un programa de regularización, lo que ha frenado avances en la modernización del sistema y ha limitado el acceso a financiamiento. Los concesionarios informaron que entregarán en los próximos días un documento técnico-jurídico con propuestas para mejorar el proceso de entrega de concesiones y definir criterios claros antes de que se emita la convocatoria oficial.

La presidenta de la Comisión de Concesiones se comprometió a convocarlos nuevamente cuando se tengan las bases para que puedan realizar aportaciones directas a los lineamientos. “Si se hubiera hecho el programa desde 2002 o 2003, ya habríamos avanzado muchísimo; hoy seguimos detenidos por falta de documentos legales”, señalaron.

Uno de los temas centrales fue el PIMUS (Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable), al que los transportistas calificaron como la “hoja de ruta” para acceder a recursos federales, principalmente de Banobras y acelerar mejoras en infraestructura y servicio.

De lograrse financiamiento estimado entre 15 y 20 millones de pesos, que se podrían invertir en la rehabilitación de paraderos, vialidades y en sistemas tecnológicos que permitan a los usuarios conocer en tiempo real la llegada de las unidades, brindando certeza en el servicio.

En materia de modernización, informaron que desde el ajuste tarifario de 2024 se han incorporado ocho unidades nuevas y alrededor de 18 a 20 seminuevas, como parte de un esfuerzo gradual para renovar la flota. Además, trabajan en un proyecto de tarjeta de prepago que requeriría la entrega gratuita de entre 60 mil y 70 mil plásticos a usuarios, con una inversión significativa en credencialización y tecnología para implementar tarifas preferenciales y pagos electrónicos.

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Sin embargo, la falta de entrega de concesiones ha limitado el acceso a créditos de bajo costo, como los que ofrecía Fondos Guanajuato. Actualmente, la nueva dependencia estatal exige documentación legal vigente para otorgar financiamiento, pero al estar vencidas muchas concesiones, los créditos han sido rechazados. Esta situación ha frenado la renovación de unidades y otros proyectos clave.

Finalmente, los transportistas recordaron que mantienen activo un amparo interpuesto desde 2024 por la no entrega de concesiones y por presuntas inconstitucionalidades en la ley de movilidad. Advirtieron que si se entregan nuevas concesiones sin resolver el recurso legal que ampara 113 unidades y un juez federal les da la razón, se podría revertir más del 50% de las asignaciones, generando un problema legal y operativo de gran magnitud. Por ello, pidieron celeridad y claridad en el proceso para evitar que el rezago legal siga afectando el desarrollo del transporte en la capital.