Pese a los señalamientos oficiales, la realidad es que sí hubo empresas transportistas que cumplieron con los requisitos establecidos por el propio Municipio. De acuerdo con información confirmada, tres concesionarios acreditaron el proceso, entre ellos la empresa TEB, propiedad de Toño Mata, de la cual existe plena certeza de su participación. Lo que hasta hoy no ha sido aclarado por la autoridad municipal es cuántas concesiones se pretendían asignar ni quiénes fueron las otras dos empresas que también cumplieron.

Mientras el discurso oficial insiste en deslindarse de responsabilidades, el Municipio ha sido incapaz de transparentar el proceso, dejando más dudas que certezas. No se explicó por qué, si hubo empresas que sí cumplieron, no se avanzó en la asignación, ni por qué se mantuvo un trato distante con los concesionarios que durante más de un año buscaron diálogo sin ser escuchados. Ese cerco institucional fue lo que los obligó a acudir a los tribunales como último recurso, no por capricho, sino por falta de respuesta.

Hoy, el gobierno encabezado por Samantha Smith pretende cargar la culpa a los transportistas, cuando los hechos apuntan a una mala gestión, falta de comunicación y opacidad municipal. Defender a quienes sí cumplieron no es un favor, es una obligación. Si hubo empresas responsables y procesos completos, el Municipio debe rendir cuentas, explicar qué pasó con las concesiones y dejar de criminalizar a quienes únicamente exigieron certeza jurídica y reglas claras.

El gobierno municipal ha intentado instalar, a través de sus propios medios, la narrativa de que los concesionarios son los responsables del deterioro del transporte público en Guanajuato capital. Sin embargo, esa versión ignora deliberadamente una realidad incómoda: el verdadero control —y el verdadero estancamiento— no está en manos de quienes operan las unidades, sino del propio Ayuntamiento. El discurso oficial busca un culpable fácil, mientras evade su responsabilidad directa en la crisis que viven a diario miles de usuarios.

Para el proceso de concesiones 2025-2026 se establecieron requisitos que, en el papel, parecían razonables: solvencia económica, renovación vehicular y modernización del servicio. Muchos concesionarios presentaron cartas de intención y apostaron por cumplir. Pero el municipio aplicó la ley de manera selectiva: a unos les exigió todo; a otros, nada. Mientras concesionarios formales eran frenados o empujados a procesos legales, unidades “pirata”, prestanombres y rutas irregulares siguieron operando con total impunidad, protegidas por la omisión gubernamental.
La contra narrativa es clara: los concesionarios no secuestraron el transporte, el municipio lo hizo. Regidores y actores ligados al gobierno local tienen intereses directos en el sistema de transporte, y aun así nunca fueron sometidos a los mismos filtros ni exigencias. ¿Por qué a ellos no se les aplicaron los requisitos que sí se usaron para excluir a otros? ¿Por qué algunas unidades circulan sin cumplir normas básicas mientras otras fueron bloqueadas? La respuesta no está en la capacidad de los concesionarios, sino en el uso político del control administrativo.
Hoy, el mensaje implícito es peligroso: quien paga piso o tiene respaldo político trabaja sin problemas; quien intenta competir o mejorar sin alinearse, es marginado. El municipio prefiere culpar a los concesionarios antes que reconocer que administra el caos que él mismo creó. Y mientras el gobierno siga siendo juez, operador y beneficiario, el transporte público seguirá deteriorándose, no por falta de inversión privada, sino por un poder público que decidió controlar el sistema en lugar de mejorarlo.

San Miguel de Allende, Gto.- Durante una audiencia judicial encabezada por una Jueza, la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de VÍCTOR SAMUEL “N”, al acreditarse plenamente su responsabilidad en el delito de homicidio cometido en el municipio de San Miguel de Allende.

Los hechos ocurrieron el 27 de junio de 2024, cuando el hoy sentenciado se encontraba con la víctima en un predio ubicado en la colonia Nuevo Pantoja. Tras sostener una discusión, VÍCTOR SAMUEL “N” accionó un arma de fuego y disparó por la espalda contra el ofendido, provocándole una lesión mortal.

Las diligencias realizadas por agentes de investigación y peritos permitieron reconstruir la mecánica del crimen, lo que derivó en que la autoridad judicial dictara una pena de 9 años y 2 meses de prisión. Asimismo, se ordenó el pago correspondiente por concepto de reparación del daño.

Adicionalmente, la sentencia contempla la suspensión de los derechos políticos y electorales del sentenciado durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. VÍCTOR SAMUEL “N” no tendrá acceso a beneficios ni sustitutivos de la pena, por lo que deberá cumplir la condena de manera íntegra en reclusión.