El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó este martes un paquete de financiamientos por 8 mil millones de pesos, que incluye un crédito de 4 mil millones destinado al proyecto del Acueducto Solís-León, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el suministro de agua en la región, especialmente para la zona metropolitana de León. 

La votación se dio en el marco de la sesión de la Comisión de Hacienda y posteriormente se prevé su validación en el Pleno del Congreso, con mayoría de votos favorables hacia la iniciativa enviada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.  Sin embargo, la decisión generó tensión social en el recinto legislativo y sus alrededores. 

Productores agrícolas y ciudadanos del sureste del estado, principalmente de Acámbaro, se manifestaron durante la discusión y aprobación del dictamen, acusando que el proyecto y la solicitud del crédito se realizaron sin diálogo previo con las comunidades afectadas y sin consultas claras, advirtiendo posibles impactos al agua, la tierra y sus formas de vida. 

Los defensores de la obra, por su parte, sostienen que el acueducto es una de las piezas clave para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo, beneficiando a millones de habitantes y al desarrollo económico regional.  Aun así, la controversia persiste, con grupos opositores anunciando que continuarán la movilización hasta que se garantice transparencia y mitigación de impactos ambientales y sociales antes de que el crédito sea ratificado en el Pleno legislativo

Mientras Guanajuato capital enfrenta problemas persistentes en materia de seguridad pública, servicios municipales y gobernabilidad, el Ayuntamiento aprobó destinar 13 millones de pesos para comunicación social en el Presupuesto de Egresos 2026. Un monto que, lejos de traducirse en información objetiva para la ciudadanía, ha sido señalado como un recurso para premiar a medios afines y generadores de contenido que difunden una narrativa favorable a la presidenta municipal, Samantha Smith, a costa de ocultar la realidad que se vive en las calles.

Este presupuesto será repartido entre periódicos considerados “oficiales”, la radio local y una amplia red de blogueros y pseudo-medios digitales cuya credibilidad ha sido duramente cuestionada. Para críticos del gobierno municipal, muchos de estos espacios no cumplen una función informativa real, sino que se han convertido en simples voceros de la administración, maquillando datos y silenciando temas incómodos como la inseguridad, el deterioro de los servicios y los errores reiterados del actual gobierno.

Uno de los aspectos más polémicos es la presunta asignación de recursos públicos a un canal de televisión local, el canal 28, ahora operando —según señalamientos— bajo un nuevo prestanombres. De confirmarse, se trataría de una situación grave: el propio Ayuntamiento financiando un medio que difunde su versión oficial de los hechos, presentando una ciudad “maravillosa” que poco coincide con la percepción ciudadana y con los problemas que diariamente enfrentan los habitantes de la capital.

Aunque el gobierno municipal presume un presupuesto “austero” y sin deuda, lo cierto es que no ha transparentado de manera detallada el uso específico de los recursos destinados a comunicación social para 2026. En 2025, este rubro ya superaba los 12 millones de pesos, equivalentes a más del 1% del presupuesto total. Hoy, el aumento y la opacidad alimentan la sospecha de que el dinero público se utiliza más para construir propaganda política que para garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz, crítica y plural.

Irapuato, Gto.- El 5 de enero de 2025, en la colonia Las Fuentes de Irapuato, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Leonardo “N” y José Ricardo “N”. De acuerdo con el reporte oficial, momentos antes ambos sujetos habrían despojado, mediante el uso de violencia y portando dos armas de fuego, a un hombre de su vehículo.

Tras su puesta a disposición, la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso por los delitos de robo y por la posesión de armas de fuego y cartuchos reservados para uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva oficiosa.

Debido a la naturaleza de los delitos relacionados con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el juez competente resolvió remitir el caso al juez federal correspondiente, quien continuará con el proceso penal.