Un caso que sacude al país vuelve a encender el debate sobre el uso de la fuerza militar.
Un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos del Ejército por su presunta responsabilidad en un ataque armado contra una familia en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025, cuando una familia viajaba en camioneta rumbo a la escuela en la comunidad de La Cieneguilla. Sin previo aviso, un convoy militar abrió fuego contra el vehículo, dejando un saldo trágico: dos niñas, de 7 y 11 años, murieron en el lugar.

Además, otros integrantes de la familia —entre ellos menores— resultaron heridos, lo que llevó a que los militares también enfrenten cargos por tentativa de homicidio.

Aunque en un inicio se habló de un posible enfrentamiento, investigaciones posteriores concluyeron que hubo un uso ilegítimo e injustificado de la fuerza, sin apego a los protocolos establecidos.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas suficientes para iniciar el proceso penal, en un caso que ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo grave de abuso.

Hoy, el caso avanza en tribunales…
mientras la exigencia de justicia para la familia sigue creciendo.

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En el Congreso del Estado de Guanajuato, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables dio un paso adelante al analizar y dictaminar diversas propuestas enfocadas en la protección de la niñez. Entre los temas más relevantes destacó la iniciativa impulsada por Morena, orientada a reforzar el marco legal contra el trabajo infantil en la entidad.

La propuesta, presentada por la diputada Miriam Reyes Carmona, plantea modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención, detección y erradicación de esta problemática. El proyecto busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, priorizando su bienestar y acceso a una vida digna.

Como parte de las acciones contempladas, se propone la creación de Comités Municipales para la Erradicación del Trabajo Infantil en los 46 municipios del estado, encargados de coordinar políticas y esfuerzos locales. Durante la discusión, el diputado David Martínez Mendizábal reiteró el rechazo absoluto a cualquier forma de explotación infantil, aunque subrayó la necesidad de abordar el fenómeno desde una visión intercultural, especialmente en comunidades jornaleras migrantes, donde el trabajo puede tener distintas interpretaciones sociales y culturales.

Un nuevo caso de presunta corrupción sacude a Morelos.
El fiscal anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por su supuesta participación en una red de “moches”… dirigida, incluso, a víctimas de delitos.

De acuerdo con la denuncia, el funcionario —junto con su hijo— habría cobrado hasta el 25% de las indemnizaciones que recibían personas afectadas, recursos provenientes de fondos federales.

El esquema, según las acusaciones, iba más allá: se habría utilizado información confidencial de expedientes para presionar y favorecer ciertos pagos, mientras el hijo del fiscal operaba como intermediario legal con honorarios elevados.

La denuncia fue presentada por una funcionaria estatal encargada de atención a víctimas, quien señaló posibles actos como tráfico de influencias y uso indebido de información oficial.

Tras hacerse público el caso, el propio fiscal aseguró que colaborará con las investigaciones, mientras el escándalo ya escaló a nivel nacional.

El caso ahora está en manos de las autoridades federales…
y vuelve a poner bajo la lupa a quienes, en teoría, deberían combatir la corrupción.

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