Dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan acusaciones sobre presuntos vínculos de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, reveló The New York Times. El reporte, publicado este 29 de septiembre, señala que la información proviene de personas con conocimiento de las indagatorias.

Sin embargo, hay un punto importante: el diario estadounidense aclara que no se han iniciado investigaciones formales en su contra. También señala que López Beltrán habría buscado contacto con funcionarios estadounidenses mediante intermediarios, aunque no se habrían producido conversaciones formales entre ambas partes.

Los señalamientos se relacionan con acusaciones sobre presuntos vínculos con redes de contrabando de combustible, además de referencias a investigaciones sobre empresarios de su entorno, entre ellos Jorge Amílcar Olán. En México, la FGR ha dicho previamente que no existen órdenes de aprehensión contra López Beltrán.

Hasta ahora, López Beltrán no ha sido imputado formalmente por algún delito y ha rechazado las acusaciones. El reporte ocurre además después de que Estados Unidos revocara su visa y mientras continúan los cuestionamientos públicos sobre sus viajes, relaciones empresariales y presuntos vínculos políticos.

El efectivo podría dejar de aceptarse en gasolineras y casetas de peaje como parte de la nueva Ley de Economía Digital impulsada por el Gobierno federal. La medida contempla una transición gradual hacia pagos digitales y electrónicos.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, explicó ante diputados que estos serían algunos de los primeros sectores donde podría aplicarse la restricción. El Gobierno argumenta que busca reforzar la seguridad y combatir el lavado de dinero.

En las casetas se contempla utilizar TAG y CoDi, incluso mediante códigos QR desde el teléfono celular. Para las gasolineras, las autoridades aseguran que el 98.45% de las estaciones cuenta con cobertura garantizada de internet, aunque también se contemplan mecanismos para enfrentar posibles fallas de conectividad.

Pero ojo: la medida todavía no está vigente. La iniciativa debe avanzar en el Congreso y, una vez aprobada, Hacienda definiría los sectores y actividades donde el pago digital sería obligatorio. En situaciones de contingencia podrían existir excepciones para utilizar efectivo.

Una reforma que se discute en el Congreso desató polémica luego de que el PAN advirtiera que podría afectar memes y parodias que utilicen elementos de la identidad gráfica del Gobierno. La propuesta contempla penas de tres a siete años de prisión y multas para determinados usos de signos, logotipos o dominios oficiales con fines comerciales y cuando puedan inducir a error o engaño.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la redacción podría alcanzar contenidos de sátira política y pidió que se establezcan excepciones explícitas para periodistas y parodias. Su postura es una interpretación de los alcances de la iniciativa, que todavía se encuentra en discusión.

En paralelo, la Cámara de Diputados analiza otra reforma relacionada con contenidos modificados o alterados sin autorización, incluidos materiales generados o manipulados mediante inteligencia artificial. El dictamen contempla sanciones económicas para proveedores de internet que no retiren determinados contenidos, aunque legisladores señalaron que buscan modificar la redacción para evitar que se interprete como una sanción a los memes.

Por ahora, ninguna de estas medidas está vigente como ley. Las propuestas todavía deben pasar por el proceso legislativo, mientras continúa el debate sobre cómo proteger la propiedad industrial y, al mismo tiempo, garantizar la libertad de expresión y la parodia en redes sociales