En una ciudad donde las piedras guardan siglos de historia y cada rincón narra una leyenda, la cultura es más que un atractivo: es identidad. Guanajuato capital, reconocida por su riqueza patrimonial, enfrenta hoy un desafío que pone en riesgo no solo al turismo, sino también la experiencia genuina de quienes buscan conocer sus entrañas.

La Secretaría de Turismo confirmó el retiro de acreditación a dos guías turísticos por fraude, además de la detección de promotores piratas que operaban sin permisos ni preparación oficial. El operativo se realizó tras denuncias sobre recorridos engañosos, cobros indebidos y credenciales apócrifas.

Actualmente, 166 promotores están debidamente acreditados en la ciudad, con chalecos identificables y credenciales oficiales. Las autoridades recomiendan a los visitantes verificar la autenticidad de sus guías para evitar ser víctimas de estafas.

Y es que perderse en los relatos equivocados es un riesgo serio en una ciudad con tanto que contar. Desde el Museo de las Momias, donde los cuerpos petrificados parecen susurrar desde el otro lado del tiempo, hasta la Alhóndiga de Granaditas, testigo de la primera gran victoria insurgente en la lucha por la independencia, Guanajuato es un libro abierto, pero solo si se lee con los ojos y la información correcta.

El Teatro Juárez, joya arquitectónica del Porfiriato y epicentro del Festival Internacional Cervantino; la Universidad de Guanajuato, que ha visto pasar generaciones de artistas y pensadores; y el legendario Callejón del Beso, con su carga de romanticismo y tragedia, forman parte de un patrimonio vivo que exige respeto y conocimiento profundo.

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Elegir un guía sin acreditación no solo representa un riesgo económico, sino cultural. Una historia mal contada, una mentira repetida o un mito distorsionado pueden borrar, poco a poco, la memoria real de esta ciudad que es Patrimonio de la Humanidad.

GUANAJUATO, GTO. — Este miércoles se llevó a cabo un cateo en el fraccionamiento “La Cucursola”, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, como parte de una investigación por posibles delitos de carácter federal. En el operativo participan elementos de la Federación y fuerzas estatales de seguridad pública.

La intervención ocurre en un contexto de creciente tensión por el desarrollo de este fraccionamiento, señalado desde hace años por sus impactos ambientales, su legalidad cuestionada y el conflicto social que ha provocado entre las comunidades vecinas.

Desde 2020, la PROFEPA clausuró las obras por la tala de árboles y el incumplimiento de requisitos ambientales. A pesar de ello, se ha documentado que la construcción continuó. El fraccionamiento se localiza en una zona forestal con especies protegidas y su expansión ha afectado rutas de migración de fauna, generando un fuerte deterioro ecológico.

Uno de los principales puntos de conflicto es la pretensión de abastecer el desarrollo con agua de la presa de Peralillo, lo que generó el rechazo de comunidades cercanas que temen quedarse sin abasto. Aunque el Comité del Agua de Santa Rosa aseguró que no habrá suministro para el fraccionamiento, la incertidumbre persiste.

En paralelo, han surgido denuncias por presuntas irregularidades en la obtención de permisos. La SEMARNAT negó haber recibido solicitudes de cambio de uso de suelo, mientras que otras autoridades locales han defendido la legalidad del proyecto. Existen denuncias ante la FGR por delitos contra la biodiversidad y omisiones en el actuar de funcionarios municipales. Incluso, el Tribunal de Justicia Administrativa ya admitió un recurso para sancionar a funcionarios involucrados.

El Congreso local exhortó a las autoridades a clausurar definitivamente el fraccionamiento y a realizar un estudio de impacto ambiental que determine las medidas de restauración necesarias.

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Mientras tanto, el sitio web del fraccionamiento lo promociona como un “eco-residencial” sustentable. Sin embargo, tanto ambientalistas como comunidades denuncian que se trata de un proyecto privado que avanza sobre una zona ecológicamente valiosa, con respaldo en omisiones y posibles actos de corrupción.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre el operativo. La intervención se mantiene bajo hermetismo.

A más de una década de su anuncio inicial, la presa de La Tranquilidad, ubicada en el poniente de la ciudad de Guanajuato, sigue sin materializarse y se mantiene como uno de los proyectos más postergados y polémicos en la historia reciente de la capital. La obra, considerada clave para el abastecimiento de agua en la región, ha sido calificada por algunos ciudadanos como un “elefante blanco” que ha pasado de administración en administración sin avances sustanciales.

En 2022, el entonces presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña anunció públicamente su intención de retomar el proyecto, asegurando que con la recaudación económica del mismo año se generarían las condiciones para impulsar la obra. Además, afirmó que buscaría gestionar recursos con los gobiernos estatal y federal para darle continuidad a una propuesta que desde 2013 había sido anunciada con grandes expectativas.

Sin embargo, pese a la evidente necesidad de contar con un cuerpo captador que contribuya a garantizar el abasto de agua para los habitantes de la capital, las obras fueron canceladas, dejando el terreno en el olvido y a la ciudadanía con más dudas que certezas.

En 2025, la actual alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez retomó el tema, declarando que su gobierno buscará reactivar el proyecto. No obstante, también fue clara al señalar que la presa no es una prioridad en su agenda, lo que ha generado inquietud entre sectores ciudadanos que consideran urgente fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad ante los efectos del cambio climático y el crecimiento poblacional.

Así, la presa de La Tranquilidad sigue atrapada entre las buenas intenciones y la falta de ejecución. Mientras tanto, la demanda de soluciones reales para el abasto de agua en Guanajuato continúa creciendo, y el futuro del proyecto se mantiene en la incertidumbre.

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