La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó este viernes 5 de diciembre en La Mañanera del Pueblo que en 2026 sí habrá aumento en la Pensión Bienestar para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y madres trabajadoras

Montiel adelantó que el incremento será “por encima de la inflación”, actualmente ubicada en 3.61%, y señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum será quien anuncie los montos definitivos en los próximos meses. Con más de 18 millones de beneficiarios, el ajuste busca mantener el poder adquisitivo de los apoyos en el contexto económico nacional.

Con base en estimaciones realizadas a partir de las declaraciones de Montiel, la Pensión para Adultos Mayores podría incrementarse alrededor de 224 pesos, alcanzando 6,424 o hasta 6,430 pesos bimestrales en 2026. Para las mujeres de 60 a 64 años, el monto subiría de 3,000 a aproximadamente 3,108 pesos, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad llegaría a 3,315 pesos bimestrales.

El Apoyo para Madres Trabajadoras pasaría a entregar entre 1,709 y 3,854 pesos, dependiendo del tipo de apoyo. Aunque estos montos no son oficiales, sirven como proyección de los ajustes que se esperan para el próximo año.

El aumento más significativo ocurrió entre 2023 y 2024, con un salto del 25%, seguido por un ajuste de 200 pesos para 2025. Con esta nueva alza prevista para 2026, el Gobierno federal planea continuar fortaleciendo el sistema de bienestar social y reforzar el compromiso de apoyo a los sectores más vulnerables del país.

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Guanajuato, Gto. – El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Civil de Guanajuato en materia de matrimonio. Con los cambios, la figura matrimonial queda definida como la unión libre de dos personas que buscan conformar una comunidad de vida basada en respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, el articulado sustituye las referencias a “marido” y “mujer” por el término “cónyuges”.

La diputada María Eugenia García Oliveros destacó que el dictamen armoniza la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Señaló que la reforma representa una ampliación de libertades para sectores históricamente discriminados y es resultado del trabajo de colectivos y personas de la diversidad sexual y de género.

Subrayó que el reconocimiento legal de estas uniones no debilita la institución del matrimonio, sino que la fortalece al permitir que más personas puedan incorporarse a ella bajo los principios de respeto, igualdad y apoyo mutuo.

En contra del dictamen se pronunció la diputada Susana Bermúdez Cano, quien sostuvo que las modificaciones no fortalecen el marco jurídico estatal ni atienden las necesidades de la ciudadanía. Argumentó que el Código Civil no contenía disposiciones discriminatorias y que la definición tradicional del matrimonio no excluía ni limitaba derechos por orientación sexual. Consideró injusto presentar al marco civil como un instrumento discriminatorio y reafirmó su voto en contra.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván llamó a respetar las posturas distintas y señaló que todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural, poseen igual dignidad y deben gozar de todos sus derechos. Indicó que su grupo parlamentario emitiría un voto razonado y consciente.

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La legisladora Karol Jared González Márquez expuso que la propuesta fue analizada desde dimensiones legales, éticas y psicológicas. Afirmó que el debate sobre el término “matrimonio” tiene relevancia lingüística y cultural, pero aclaró que no se pretende eliminar derechos ni reconocimientos. Comentó que se valoró la posibilidad de crear una figura jurídica distinta para las uniones entre personas del mismo sexo, pero que los criterios de la Suprema Corte lo impiden. Señaló que la discusión gira en torno al uso de los términos y no a la negación de derechos.

Finalmente, González Márquez aseguró que las decisiones tomadas no responden a prejuicios, sino a un análisis cuidadoso y a un compromiso con la dignidad de todas las personas.

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación de Guanajuato a que impulse acciones que permitan homologar los reglamentos escolares de instituciones públicas y privadas, con el fin de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme al principio del interés superior de la niñez.

Al exponer la propuesta, la diputada Plásida Calzada Velázquez expresó su preocupación por la existencia de reglamentos escolares que, en lugar de respaldar los derechos de los estudiantes, terminan por contradecirlos.

Señaló que, con frecuencia, dichos reglamentos se justifican bajo el argumento de que madres, padres o tutores los aceptaron al firmarlos, aunque muchas veces esto ocurre por presión social o temor, situaciones difíciles de acreditar. Como ejemplo, mencionó que no todos los menores practican la religión católica, pese a que algunas normas escolares la presuponen.

La legisladora indicó que esta problemática constituye un obstáculo para la plena implementación de la Nueva Escuela Mexicana, un modelo educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario que coloca en el centro el respeto a la dignidad de niñas, niños y adolescentes.

Calzada Velázquez subrayó que la firma de un reglamento institucional nunca puede estar por encima de los derechos humanos establecidos en la legislación nacional y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello, consideró pertinente que la Secretaría de Educación instruya a las escuelas del estado a armonizar sus reglamentos con el marco legal educativo y de derechos humanos.

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Finalmente, destacó que dicha homologación ofrecerá certeza jurídica a las comunidades escolares y permitirá que los reglamentos cumplan una función verdaderamente pedagógica, evitando que se conviertan en obstáculos para el desarrollo integral de los estudiantes y garantizando que no se vulneren los derechos de los menores en el entorno escolar.