En pleno corazón de Guanajuato capital, la postal se repite todos los días: mientras unos van rumbo a la escuela o al trabajo, otros —niños y adultos mayores— sobreviven vendiendo en las banquetas. Dulces, artesanías, chicles o cualquier cosa que deje unas monedas. La pregunta que ya circula fuerte en redes es directa: ¿dónde está el apoyo?
Lejos de ser casos aislados, el fenómeno tiene raíces profundas. Datos recientes revelan que en Guanajuato alrededor del 15.9% de niñas, niños y adolescentes trabajan, lo que equivale a más de 234 mil menores en esta condición . Y no es menor el dato: el estado se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en trabajo infantil.

Lo más preocupante no es solo que trabajen, sino que muchos de ellos no están yendo a la escuela. A nivel nacional, cerca del 30% de los menores en trabajo infantil no asiste a clases , lo que refleja una realidad que también se vive en calles y callejones de la capital guanajuatense.
En redes sociales, usuarios lo dicen sin filtro:
“Unos niños al salón… otros a vender”, una frase que resume la desigualdad visible en cada esquina.
El problema no termina ahí. Guanajuato también enfrenta altos niveles de pobreza infantil: cerca del 39% de niñas y niños viven en esta condición . Esta combinación —pobreza, falta de acceso a servicios y rezago educativo— empuja a muchas familias a que los menores salgan a trabajar desde temprana edad.
Además, especialistas advierten que el trabajo infantil en el estado está ligado a contextos familiares donde los ingresos no alcanzan o donde los adultos están en empleos informales, como el comercio en vía pública . Es decir, lo que se ve en la banqueta no es casualidad, es una cadena que se repite.
A la par, otro grupo vulnerable también ocupa estos espacios: los adultos mayores. Sin pensiones suficientes o acceso a seguridad social, muchos terminan vendiendo en la calle para subsistir, compartiendo el mismo escenario que los menores.
Hoy, la imagen es clara: generaciones distintas, misma necesidad.
Mientras tanto, programas sociales existen, pero la percepción ciudadana —y lo que se ve día a día— abre una duda incómoda: si hay apoyos, ¿por qué siguen creciendo estas escenas?
La realidad en Guanajuato capital no se esconde. Está en cada semáforo, en cada banqueta y en cada niño que en lugar de llevar mochila, carga mercancía.
Y la pregunta sigue en el aire:
¿es falta de apoyo… o falta de que realmente llegue?.

En el Congreso del Estado de Guanajuato, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables dio un paso adelante al analizar y dictaminar diversas propuestas enfocadas en la protección de la niñez. Entre los temas más relevantes destacó la iniciativa impulsada por Morena, orientada a reforzar el marco legal contra el trabajo infantil en la entidad.

La propuesta, presentada por la diputada Miriam Reyes Carmona, plantea modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención, detección y erradicación de esta problemática. El proyecto busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, priorizando su bienestar y acceso a una vida digna.

Como parte de las acciones contempladas, se propone la creación de Comités Municipales para la Erradicación del Trabajo Infantil en los 46 municipios del estado, encargados de coordinar políticas y esfuerzos locales. Durante la discusión, el diputado David Martínez Mendizábal reiteró el rechazo absoluto a cualquier forma de explotación infantil, aunque subrayó la necesidad de abordar el fenómeno desde una visión intercultural, especialmente en comunidades jornaleras migrantes, donde el trabajo puede tener distintas interpretaciones sociales y culturales.

La diputada local de Morena, Edith Moreno Valencia, anunció que promoverá la realización de mesas de trabajo abiertas e incluyentes como parte del análisis de la llamada “Ley Cazzu”, iniciativa que busca atender casos de violencia relacionados con la movilidad de niñas y niños. La legisladora subrayó que estos espacios permitirán que madres de familia participen directamente, compartan sus experiencias y contribuyan en la construcción de soluciones desde el Congreso del Estado.

La propuesta surge luego de que, tras su presentación el pasado 26 de marzo, la diputada comenzara a recibir numerosos testimonios a través de redes sociales. En ellos, mujeres relatan situaciones en las que enfrentan restricciones injustificadas para trasladar a sus hijas e hijos, muchas veces como forma de presión por parte de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades. Moreno Valencia destacó que estas prácticas representan una forma de violencia que impacta tanto a las madres como a los menores.

La iniciativa plantea modificar el artículo primero de la Constitución local para evitar que padres ausentes o deudores alimentarios limiten la movilidad de sus hijos. Además, contempla la creación de mecanismos judiciales más ágiles y con perspectiva de género, que faciliten autorizaciones en casos de abandono o incumplimiento. También establece que, en cualquier proceso de traslado o cambio de residencia, las autoridades deberán priorizar el interés superior de la niñez, garantizando su bienestar, identidad y derecho a una vida familiar digna.