En el Congreso local, se vivió una jornada de intensa discusión que se extendió por casi seis horas, centrada en la posible despenalización del aborto voluntario en el Código Penal del estado. Durante este largo debate, el Pleno contó con la presencia de numerosos grupos pro-aborto y pro-vida, quienes se manifestaron intensamente a las afueras y en el interior del salón del pleno, defendiendo apasionadamente sus posturas.

Dentro del recinto, se presentaron argumentos contrapuestos. Por un lado, se afirmó que mantener el tipo penal del aborto no busca criminalizar a las mujeres, sino reconocer una conducta con consecuencias legales, con el objetivo de proteger el derecho de las mujeres a no ser forzadas a abortar. También, Se destacó la importancia del derecho a la vida y se sugirió fortalecer las políticas públicas de apoyo a la maternidad, como redes de acompañamiento y atención médica y psicológica.

En contraste, se argumentó que negarse a la despenalización no protege la vida y se aleja de la representación social. Se señaló que la penalización afecta principalmente a mujeres sin recursos para acceder a servicios seguros. Además, se hizo hincapié en que la tipificación del aborto como delito y la falta de atención posterior se considera violencia de género según instrumentos internacionales, y que en el estado existen normativas que violan los derechos humanos.

Se afirmó que el debate es sobre justicia, dignidad y salud pública, y que el Estado debe garantizar condiciones seguras para quienes deciden interrumpir su embarazo. También se subrayó que legalizar el aborto permite un mayor acceso a servicios dignos y seguros de salud, reduciendo las complicaciones y la mortalidad materna por abortos clandestinos, y que la falta de legalidad amplía la brecha de desigualdad.

Finalmente, la votación del dictamen resultó en un empate, por lo que la discusión se pospuso y se reanudará en la próxima sesión del Pleno.

Don Felipe Arreguín Galván tiene 91 años. Ha visto cambiar el mundo desde la misma puerta de su casa, esa que ha resguardado su familia por más de un siglo. Esa misma casa donde su hijo Alberto —hoy de 70 años— dio sus primeros pasos, donde compartieron comidas, silencios, dolores y risas. Esa casa, su casa, estuvo a punto de serles arrebatada esta mañana.

No es la primera vez. Todo comenzó con lo que parecía un gesto sencillo entre vecinos: uno de ellos pidió a Alberto permiso para atravesar una tubería de drenaje por su propiedad. A cambio —dijo— les construiría un baño. Son gente de palabra, don Felipe y su hijo. Confiaron. Firmaron un documento que supuestamente registraba ese acuerdo.

Lo que no sabían es que, detrás de esa hoja, se escondía una trampa legal: su firma fue utilizada para otro propósito. Con engaños y aprovechando su confianza y condición vulnerable, los hicieron parecer como si hubieran cedido su terreno. El papel no era lo que parecía. Y con él, comenzaron los intentos por despojarlos de su casa.

Este 7 de mayo se había girado una nueva orden de desalojo. Se esperaba que la diligencia ocurriera a las 10 de la mañana. Pero algo no sucedió como planeaban quienes quieren despojarlos: la actuaria nunca recibió el expediente, debido a un recurso de revocación que permanece vigente en el juzgado. La ley, aunque lenta, esta vez les dio respiro.

Una noche más en casa. Y eso es mucho. En el lugar, no estaban solos. Vecinas y vecinos que han acompañado su lucha se hicieron presentes. Peritos también estuvieron ahí. Uno de ellos aportó un dato clave: parte del predio que ahora se disputa no pertenece siquiera al supuesto denunciante, sino a la señora San Juana, vecina del lugar, quien siempre dio su consentimiento para que don Felipe y su hijo lo habitaran.

Esto significa que no puede haber desalojo sin una pericial completa, que determine la extensión real del terreno. Y mientras eso no ocurra, los Arreguín pueden seguir llamando “hogar” al lugar donde han vivido toda su vida.

La herida, sin embargo, no cierra. El abogado que debió protegerlos entregó el terreno sin pelear. Un acto que muchos llaman traición. Y aunque la historia está lejos de resolverse, al menos esta vez la dignidad resistió. Y venció.

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Don Alberto, con voz quebrada y mirada firme, agradeció a quienes se han solidarizado con su causa, por no dejarlos solos…

Esta historia es de ellos, pero también es nuestra. Porque en un país donde los papeles a veces valen más que la memoria, y donde la ley puede ser una espada o un escudo, la historia de los Arreguín es un recordatorio de que la justicia también vive en la calle, en la solidaridad y en la resistencia de los justos. Mañana será otro día. Pero esta noche, dormirán en casa. Y eso, ya es una victoria.

Pese a las recientes reformas para proteger el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos, servidor público de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guanajuato, acosa e intimida la labor informativa de reporteros de TV Guanajuato.

Grábese bien su rostro, porque lo hacemos responsable de cualquier cosa que le llegara a pasar a este servidor y a cualquier otro colaborador de TV Guanajuato. Su nombre es Francisco Herón García López, director de Mantenimiento de Obra Pública.

La preocupación por la seguridad de los comunicadores no es reciente. Los antecedentes de agresiones contra periodistas de este medio se remontan al proceso electoral del 2 de junio de 2024, cuando en la comunidad de Cervera y la avenida Santa Fe, dos equipos de reporteros fueron intimidados y agredidos físicamente por sujetos encapuchados a bordo de una camioneta Ford F150 roja sin placas de circulación, que portaba de manera ilegal el logotipo del Partido del Trabajo.

En el primero de los incidentes, el conductor de dicha unidad abrió la puerta del vehículo y aceleró para embestir por la espalda a Emmanuel Mena. Posteriormente, los mismos individuos intentaron golpear con un tolete policial a la reportera Mayra Vázquez y al camarógrafo Diego Hernández, mientras documentaban incidencias en las casillas electorales en la avenida Santa Fe.

Horas después, la camioneta utilizada en los ataques fue resguardada en las instalaciones del Panteón Nuevo, un espacio bajo administración municipal en aquel entonces encabezada por Alejandro Navarro. En su momento, David Martínez Mendizábal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, condenó las agresiones y señaló la responsabilidad del gobierno municipal al ser la entidad que administra dicho espacio. Estos hechos quedaron asentados en la denuncia presentada ante el Ministerio Público bajo el número de carpeta de investigación 65412, con fecha del 5 de junio de 2024.

Asimismo, la organización internacional Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, exhortó a las autoridades a garantizar la integridad de los periodistas. Posteriores investigaciones revelaron que los agresores eran empleados de la Dirección de Obra Pública y que habían actuado bajo las órdenes de Francisco Herón García López. De hecho, se lograron obtener fotografías de las personas que operaron de manera violenta e impune.

La preocupación por la seguridad de los periodistas persiste. El 21 de enero de 2025, en Valenciana, frente a uno de los museos de Navarro, un vehículo de TV Guanajuato fue dañado tras ser impactado por una roca arrojada desde un auto rojo sin placas, cuyos ocupantes estaban encapuchados. En el lugar se documentó la presencia de Herón García a bordo de una camioneta Ford gris, también sin placas de circulación.

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El episodio más reciente ocurrió este jueves 13 de marzo de 2025, cuando un equipo de TV Guanajuato acudió a la zona de Pozuelos para cubrir un enfrentamiento verbal entre bomberos y elementos de la Policía Vial, derivado de la supuesta invasión de espacios durante trabajos de mantenimiento de la corporación adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En ese contexto, Herón García tomó fotografías de los periodistas, en un acto que se percibe como intimidación.

De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los servidores públicos tienen la obligación de respetar la privacidad y los datos personales de los ciudadanos. Tomar fotografías sin consentimiento podría constituir una violación de derechos. No obstante, los funcionarios, al ser sujetos de escrutinio público, pueden ser grabados o fotografiados debido a que su actividad es financiada con recursos públicos.

Es importante destacar que, recientemente, el Congreso de Guanajuato aprobó reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para fortalecer la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Dichas modificaciones aumentaron las penas para quienes cometan violencia, acoso o intimidación contra comunicadores, agravándose cuando los responsables son servidores públicos.

Ante la reincidencia de estos actos intimidatorios, TV Guanajuato dará parte de la situación al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al Ministerio Público. Asimismo,se responsabiliza a Francisco Herón García López y a la Administración Pública Municipal por cualquier situación que atente contra la integridad de sus colaboradores.

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