El diputado Ricardo Ferro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, dedicó un emotivo espacio en la tribuna para celebrar el reconocimiento internacional otorgado a Jalpa de Cánovas como ciudad turística rural sostenible.

El legislador destacó que este reconocimiento mundial no es producto de la casualidad, sino el reflejo del esfuerzo diario de una comunidad que ha sabido preservar su historia, sus tradiciones y su calidez humana. Para Ferro, Jalpa es más que un destino turístico: es una comunidad viva que resguarda el alma de Guanajuato y representa con dignidad la identidad cultural del estado.

Este nombramiento viene acompañado de una importante distinción académica. Jalpa de Cánovas formará parte de un programa internacional organizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lucerna, en Suiza. Compartirá esta experiencia con otras cuatro villas turísticas del mundo, lo que posiciona al poblado no solo como un atractivo turístico, sino como un ejemplo global de sostenibilidad, innovación y conservación del patrimonio cultural.

Desde el pleno legislativo, Ferro dirigió su felicitación a toda la comunidad de Jalpa: autoridades locales, comerciantes, artesanos y familias, quienes, con su dedicación, han hecho de este rincón guanajuatense un referente nacional. Subrayó que el corazón de Guanajuato late con fuerza en cada rincón de Jalpa de Cánovas, reflejando el orgullo, la identidad y el legado de su gente.

Con este reconocimiento, Jalpa reafirma su lugar en el mapa mundial del turismo rural sostenible, y se consolida como un ejemplo inspirador para otras comunidades que buscan crecer sin perder sus raíces.

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Mientras los partidos políticos predican con fervor la transparencia, hay sí cómo no!!! el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) acaba de exhibir la otra mitad del sermón institucional: la parte donde las cuentas no cuadran, las cuentas bancarias desaparecen y los recursos públicos se esfuman como si fueran parte de una función de ilusionismo presupuestal.

Una resolución del IEEG, derivada de las auditorías al ejercicio fiscal 2023, arrojó un coctel de irregularidades cometidas por prácticamente todos los partidos con registro estatal. ¿La consecuencia? Descuentos millonarios a sus prerrogativas. En total, las multas suman 9 millones 134 mil pesos, una cifra que, a falta de comprobantes, será restada directamente de sus financiamientos públicos.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo el mando de Sergio Contreras Guerrero. Las inconsistencias detectadas por la Comisión de Fiscalización del INE suman unos nada despreciables 2.6 millones de pesos. Lo más llamativo fue la contratación de la empresa Trayecta Proyecto, S.C. por más de 1.4 millones, empresa cuya fundadora es una senadora. Aunque el desliz fue calificado como grave, el castigo quedó en apenas 427 mil pesos.

Morena tampoco se quedó atrás. El partido que encabeza Adriana Guzmán Cerna enfrenta una sanción superior a los 2 millones 300 mil pesos, cortesía de un acto de magia contable que implicó la cancelación de tres cuentas bancarias sin dejar rastro del destino de más de 1.5 millones. La autoridad electoral aplicó el rigor multiplicado por 1.5, como si el castigo buscara igualar el nivel de opacidad con una fórmula aritmética.

En las filas del PAN, el deporte también dejó huella… pero, financiera. Durante la gestión de Eduardo López Mares, el partido organizó una carrera llamada “Guanajuato brilla con el PAN”, que costó 348 mil pesos. Lástima que la autoridad concluyó que el evento no tenía mayor fin partidista que el de trotar en equipo, por lo que el monto será descontado íntegramente. A eso se suman otros gastos por conferencias sin contenido cívico, lo que elevó el recorte a más de 1 millón 300 mil pesos.

El PRI, con Ruth Noemí Tiscareño Agoitia al frente, también tuvo sus momentos contables de creatividad. Canceló 65 cuentas bancarias sí, sesenta y cinco, y no pudo justificar el destino de más de medio millón de pesos. La sanción por este acto de desaparición financiera alcanzó los 830 mil pesos. Además, el partido pagó indebidamente a un exregidor 385 mil pesos, de los que solo se le descontará un tercio. En total, el PRI enfrentará descuentos por más de 1 millón 300 mil pesos.

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Y si alguien pensaba que Movimiento Ciudadano se salvaría por manejar cifras más modestas, se equivocaron. Con 163 mil pesos en sanciones, el partido de Rodrigo González Zaragoza quedó último… pero no ileso. Gastos sin comprobar en redes sociales municipales y propinas,sí, propinas conforman el recorte. Porque claro, hasta las gratificaciones informales necesitan factura si se pagan con dinero público.

El informe general del IEEG no deja lugar a dudas: más que casos aislados, se trata de un patrón estructural donde las buenas intenciones administrativas terminan en notas sin comprobante, y las prerrogativas públicas financian desde carreras conmemorativas hasta redes sociales de dudosa utilidad. Todo esto mientras los partidos juran lealtad a la austeridad, la eficiencia y la honradez. Palabras que, a juzgar por los hechos, probablemente también estén en la lista de gastos no comprobados.

Guanajuato, Gto. – Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo mesas de trabajo para analizar tres iniciativas de reforma al Código Penal local, todas relacionadas con la despenalización del aborto. Estas mesas contaron con la participación de colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y autoridades, lo que permitió exponer posturas divergentes sobre un tema de alta relevancia social, jurídica y humana.

Las sesiones se desarrollaron en tres bloques diferenciados. La primera reunió a colectivos en favor de la despenalización del aborto. Las participantes compartieron argumentos centrados en la autonomía reproductiva de las mujeres y en la urgencia de garantizar maternidades libres y deseadas.

Denunciaron que las actuales políticas institucionales refuerzan la criminalización de las decisiones reproductivas y priorizan la imposición sobre los cuerpos de las mujeres, ignorando realidades como el embarazo forzado por violencia sexual. Además, subrayaron la necesidad de armonizar la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que impedir el acceso legal al aborto vulnera derechos fundamentales y obliga a mujeres a someterse a procedimientos inseguros.

La segunda mesa reunió a colectivos en favor de la vida, quienes afirmaron que el derecho a la vida debe prevalecer sobre cualquier otro y rechazaron que la despenalización del aborto sea la solución a los problemas de las mujeres. Argumentaron que no existen mujeres encarceladas por abortar en Guanajuato y que la verdadera solución está en fortalecer los apoyos a embarazadas en situación de vulnerabilidad. Expresaron preocupación por lo que consideraron una imposición ideológica y un uso político del aborto como negocio. Los participantes defendieron la idea de sancionar a quienes presionen a las mujeres a abortar y propusieron simplificar los procesos de adopción como alternativa.

Durante las intervenciones legislativas en esta mesa, algunas diputadas y diputados reiteraron su compromiso con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, también hubo quienes recordaron que las resoluciones de la Suprema Corte tienen carácter obligatorio y que el Congreso debe actuar en consecuencia. Se insistió en que el diálogo debe respetar todas las posturas y avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos bajo principios de equidad y dignidad.

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