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Estado

Residentes de la comunidad De lo de Juárez acuden al Congreso local para exponer casos de intimidación y violencia policial.

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Habitantes de la comunidad De lo de Juárez, ubicada en Irapuato, Guanajuato, se han visto obligados a levantar su voz ante una serie de eventos alarmantes que atentan contra su seguridad y dignidad.

En una conferencia de prensa en el Congreso local, representantes de la comunidad, acompañados por medios de comunicación, denunciaron públicamente actos de represión y abuso de poder por parte de elementos policiales pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Cecilia Coronilla, portavoz del movimiento Dignidad Comunitaria Coronilla Nazahua, relató cómo la policía estatal ha amenazado a los residentes con el uso de la fuerza, y con la presencia de personas vestidas de civil portando armamento en mano, llegando incluso a advertir que los van a granadear, con lo que buscarían su expulsión de los predios de la comunidad. De acuerdo con el testimonio, esto estaría programado pasando el 2 de junio.

Coronilla enfatizó que estas acciones constituyen una clara violación a los derechos humanos de los habitantes, quienes desde 1974 han ocupado estos terrenos, siendo ahora objeto de acoso e intimidación por parte de las autoridades estatales y municipales.

El movimiento Dignidad Comunitaria Coronilla Nazahua ha sido firme en su postura de resistencia ante estas injusticias. Según Coronilla, el gobierno municipal, encabezado por Lorena Alfaro García, busca despojar a la comunidad de sus terrenos con el fin de obtener ganancias a través de su plusvalía.

La líder comunitaria expresó su rotundo rechazo hacia las políticas y acciones implementadas por la administración actual, denunciando la creación ficticia de un supuesto propietario de los terrenos para justificar su desalojo.

Marisol Velez, residente de De lo de Juárez, compartió su testimonio sobre los eventos ocurridos el viernes 24 de este mes, cuando la comunidad se encontraba realizando una manifestación pacífica.

Vélez, describió cómo las autoridades estatales respondieron enviando patrullas, una de las cuales, una camioneta RAM de color blanco sin placas de circulación, fue utilizada para arremeter contra los manifestantes, poniendo en peligro sus vidas.

Ante estas graves denuncias, la comunidad de De lo de Juárez exige justicia y el cese inmediato de la represión por parte de las autoridades estatales y municipales.

Asimismo, hacen un llamado a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos a solidarizarse con su causa y brindar apoyo en la defensa de sus derechos fundamentales.

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Estado

Exige Grupo Parlamentario de Morena comparecencia de Carlos Zamarripa Aguirre.

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En sesión ordinaria del Congreso local de Guanajuato, el Grupo Parlamentario de Morena exigió iniciar los procedimientos necesarios para que el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, comparezca ante el pleno legislativo para rendir cuentas sobre su gestión durante el informe de actividades del año 2023.

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, aseguró de manera contundente que Zamarripa Aguirre “no se va a salvar de comparecer y rendirle cuentas al pueblo”.

Esta afirmación surge tras la recepción del informe anual por parte del presidente del Congreso, José Alfonso Borja Pimentel, en el mes de febrero pasado.

Desde marzo, los legisladores de Morena han insistido en la necesidad de que el fiscal comparezca para explicar diversos aspectos de su gestión.

Sin embargo, esta petición se vio demorada debido a la negativa de los diputados del PAN, quienes argumentaron evitar  faltas durante el proceso electoral en curso.

Hades Aguilar reiteró que Zamarripa se tiene que ir, pero no premiado sino investigado.

La congresista Aguilar Castillo también cuestionó el otorgamiento de una “jugosa pensión” al aún fiscal general, instando a Zamarripa a justificar este beneficio antes de su salida de la Fiscalía local.

La congresista sentenció que en lugar de premiarlo, debería estar sujeto a un escrutinio legal por su presunta responsabilidad en la omisión de acciones frente a los homicidios que han afectado gravemente a todo el estado de Guanajuato.

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Diputados del PRIAN detienen iniciativa clave para mejorar contrataciones públicas en Guanajuato.

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En  sesión legislativa diputados pertenecientes a las fracciones del PRI y PAN en el Congreso del Estado de Guanajuato lograron archivar una iniciativa crucial: la Ley de Contrataciones Públicas para la entidad.

Esta propuesta, impulsada con el objetivo de robustecer los procesos de adquisiciones gubernamentales, tenía como meta principal garantizar condiciones de contratación más favorables y transparentes para el sector público, así como fortalecer los mecanismos de evaluación de proveedores.

El diputado Cuauhtémoc Becerra González, representante de Morena, expresó su descontento ante la decisión de archivar la iniciativa.

Argumentó que dicha ley habría fomentado la competencia en los procesos de licitación, mejorando las condiciones de contratación y asegurando principios fundamentales como la transparencia y la lucha contra la corrupción en las adquisiciones públicas.

Por su parte, la diputada Yulma Rocha Aguilar lamentó la decisión de archivar la iniciativa, subrayando que el sistema de evaluación propuesto habría permitido calificar el desempeño de proveedores, evaluar sus finanzas y experiencia, contribuyendo así a la transparencia y a la erradicación de prácticas corruptas en las decisiones gubernamentales.

La decisión de archivar esta iniciativa ha generado un intenso debate dentro y fuera del Congreso de Guanajuato, destacando las discrepancias ideológicas y políticas sobre el manejo transparente de los recursos públicos y la efectividad de los procesos de contratación gubernamental en el estado.

Esta medida deja en suspenso los esfuerzos por fortalecer la integridad y eficiencia en las contrataciones públicas de Guanajuato, mientras persiste el llamado de diversos sectores de la sociedad civil y organismos de control para reconsiderar y retomar la discusión sobre la iniciativa archivada.

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Exigen desde el Senado de la República anulación de elección en Guanajuato por uso electoral de programas sociales.

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Desde el Senado de la República, Alma Alcaraz Hernández, ex candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, respaldada por destacados legisladores morenistas, ha demandado la anulación de la reciente elección en el estado, basándose en agravios fundamentales.

Alcaraz Hernández destacó que uno de los principales puntos de impugnación se centra en el desvío de más de 4 mil millones de pesos de recursos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) a favor de la candidata del PRIAN, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Este apoyo se canalizó a través del programa social “MujeresGrandeza”, también conocido como “Tarjeta Rosa”, el cual, según la denuncia, fue personalizado para beneficiar a García Muñoz Ledo durante su campaña electoral.

Este uso electoral del programa fue tan evidente que, al inicio de las campañas, se incrementaron los recursos asignados inicialmente  aprobados con mil 500 millones de pesos, estos fondos se aumentaron hasta alcanzar los 4 mil 20 millones de pesos, facilitando así su operación durante el período electoral.

La ex candidata detalló que se distribuyeron hasta 300 mil tarjetas con un valor de hasta 12 mil pesos cada una, recursos que asegura fueron entregados de manera focalizada y con claros criterios electorales.

Las acusaciones apuntan directamente a un uso indebido de fondos públicos para influir en el resultado electoral, generando preocupación por la integridad del proceso democrático en Guanajuato.

Asimismo, evidenció que el tope de campaña que era de 98 millones de pesos fue revazado 50 veces, “es decir, con recursos públicos compraron los votos” sentenció la diputada con licencia. 

El segundo de los agravios, no menos importante fue que el gobierno del estado y el ayuntamiento de León, condicionaron a funcionarios públicos para que a través de un sistema llevaran a 15 personas obligandolas a votar por la candidata del PAN.

Alcaraz Hernández, agregó que otro agravio que se suma fue la violencia que se ejerció contra la gran mayoría de los candidatos de la alianza Morena-PVEM-PT.

Por lo anterior expuesto es que Alma Alcaraz busca la anulación de la pasa elección del 2 de junio, en este sentido, legisladores federales morenistas respaldaron la solicitud, destacando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de investigar a fondo estos presuntos abusos.

La situación continúa desarrollándose mientras se espera la respuesta oficial a esta demanda, que podría tener implicaciones significativas en el panorama político de Guanajuato y a nivel nacional.

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