Guanajuato, Gto.- Mientras el país avanza en el reconocimiento de derechos humanos, Guanajuato parece caminar en sentido contrario.

El estado mantiene una postura conservadora frente al matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, perpetuando un escenario de exclusión legal para mujeres y personas LGBT+.

El retroceso en el matrimonio igualitario:

En diciembre de 2021, un decreto administrativo abrió la puerta para que parejas del mismo sexo pudieran casarse sin necesidad de amparo. Sin embargo, este avance fue efímero: la medida perdió vigencia en septiembre de 2024 con la salida del entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Desde entonces, el trámite volvió a convertirse en una batalla judicial.

Aunque la diputada María Eugenia García Oliveros presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y garantizar este derecho de forma permanente, la mayoría panista en el Congreso ha bloqueado cualquier posibilidad de avance. Así, Guanajuato se convierte en uno de los pocos estados donde el matrimonio igualitario no está garantizado por ley, sino que depende de los tribunales.

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Aborto legal: un derecho que sigue criminalizado

La resistencia no es exclusiva del tema LGBT+. En mayo de 2025, el Congreso local rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto. El marcador fue cerrado: 19 votos en contra, 17 a favor. La sorpresa vino del cambio de postura de la diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo, quien se alineó con el PAN en el último momento.

Todo esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto desde 2021. En Guanajuato, la ley local sigue castigando a quienes deciden interrumpir un embarazo, en un abierto desafío al marco jurídico nacional.

Un estado que se resiste a cambiar

Guanajuato mantiene su lugar como bastión conservador en México. La negativa a legislar en favor de los derechos sexuales y reproductivos no solo afecta a los grupos directamente involucrados; envía un mensaje claro: en este estado, los derechos aún son selectivos.

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Mientras en otras entidades se consolidan avances en igualdad y justicia, en Guanajuato se sigue legislando desde prejuicios ideológicos. La falta de voluntad política deja en el abandono a miles de personas que siguen esperando que sus derechos sean reconocidos por ley.

Guanajuato, Gto. — La diputada Miriam Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar el Código Territorial que busca detener el crecimiento desordenado de asentamientos irregulares en la entidad.

De acuerdo con datos del INEGI y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), más del 30% de la población urbana de Guanajuato vive en condiciones de irregularidad o en colonias con severas deficiencias en servicios básicos.

Se calcula que al menos 250 mil personas habitan en zonas sin acceso a infraestructura adecuada como agua potable, drenaje, electricidad o transporte público. En los últimos diez años, han surgido más de 500 asentamientos irregulares en el estado, muchos de ellos en áreas clasificadas como de alto riesgo ambiental, incluyendo cauces de ríos, laderas inestables y zonas ecológicas protegidas.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado estima que el 30% de estos asentamientos se encuentra en zonas peligrosas, lo que incrementa el riesgo ante desastres naturales como inundaciones o deslaves.

Además de las implicaciones sociales y ambientales, el fenómeno representa un alto costo económico para las administraciones municipales. Estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que proporcionar servicios públicos a asentamientos irregulares puede costar hasta cuatro veces más que hacerlo en desarrollos urbanos planificados, debido a la dispersión y falta de infraestructura.

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El contexto también revela problemas legales. Muchas familias no cuentan con escrituras ni títulos de propiedad, lo que limita su acceso a programas de mejora de vivienda y créditos, y las expone a posibles desalojos. Asimismo, se ha detectado la operación de fraccionadores ilegales y redes de fraude inmobiliario que se aprovechan de la necesidad de vivienda.

La iniciativa señala que la falta de monitoreo oportuno, la intervención tardía de las autoridades y casos de corrupción han permitido la consolidación de estas zonas, incluso con la dotación de servicios fuera del marco normativo.

La propuesta legislativa contempla establecer un sistema integral de detección, intervención y sanción para evitar nuevos asentamientos ilegales, corregir las deficiencias actuales del marco legal y garantizar un modelo de desarrollo urbano más eficiente, equitativo y sostenible.

Guanajuato, Gto. 06 junio 2025. — El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal local con el objetivo de brindar mayor seguridad a periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Las modificaciones buscan mejorar el entorno en el que estos grupos desarrollan su labor, reconocida como esencial para el fortalecimiento del estado de derecho.

Entre los principales cambios se establece que serán considerados delitos graves aquellos actos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, sus cónyuges o familiares hasta el cuarto grado, cuando la intención sea obstruir o impedir su actividad, o cuando estos hechos ocurran como represalia.

También se clasifican como graves si se cometen en el contexto de un espectáculo público, antes, durante o inmediatamente después, o si las víctimas son menores de 18 años y los actos son cometidos con dolo.

En cuanto a las agresiones a la libertad de expresión, las reformas imponen penas de uno a seis años de prisión y multas de entre diez y sesenta días a quienes utilicen la violencia o el acoso para obstaculizar el trabajo periodístico, o limiten la libre expresión relacionada con esta labor. Si la persona responsable es un servidor público, la pena de prisión aumentará y se le prohibirá desempeñar cargos públicos durante un periodo igual al de la condena.

De igual forma, se establecen las mismas sanciones para quien atente contra la promoción o defensa de los derechos humanos mediante violencia o acoso, o limite estas actividades. En el caso de que el delito sea cometido por un funcionario público, las penas también se incrementarán.

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La persecución de estos delitos dependerá de la denuncia de la víctima, salvo en situaciones donde las personas defensoras estén involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas, en cuyo caso la acción penal se iniciará de oficio.

Durante la sesión legislativa, se subrayó que estas reformas responden a la creciente necesidad de garantizar condiciones seguras para periodistas y defensores en la entidad, ante los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas ha reportado que actualmente 26 periodistas y cuatro personas defensoras cuentan con medidas de protección otorgadas por el estado.