Guanajuato, Gto.—El diputado David Martínez Mendizábal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato, calificó como un “avance” la reciente decisión de la Fiscalía General del Estado de eliminar los beneficios económicos extraordinarios que habían sido otorgados a los altos mandos al concluir su encargo, conocidos públicamente como “pensiones doradas”.

Martínez Mendizábal recordó que esta era una demanda impulsada por su bancada desde hace meses. “Yo lo veo como un avance. En ocasiones aquí en el Congreso no le damos mucho peso a los exhortos, pero el Grupo Parlamentario de Morena, en particular la compañera Yulma Rocha Aguilar y el diputado Abram Hernández, presentaron esta propuesta de eliminar privilegios indebidos. Lo vemos como un elemento importante y una buena decisión del fiscal”, subrayó.

Antecedente de la polémica

La reforma anunciada por el actual fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, responde a la controversia generada por los beneficios otorgados a su antecesor, Carlos Zamarripa Aguirre, quien al concluir su gestión recibió un paquete de prestaciones superiores a los $8 millones de pesos. Dicho paquete incluyó un finiquito de $4.2 millones de pesos por su antigüedad, una gratificación de fidelidad de $3.9 millones, una pensión mensual cercana a los $52,000 pesos, así como seguros de vida, becas y otros beneficios a través del Sistema Complementario de Seguridad Social.

Esta situación desató severas críticas de legisladores y medios de comunicación, quienes calificaron los apoyos como un “abuso de poder” y “derroche de recursos públicos”.

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Al asumir su cargo, Vázquez Alatriste ordenó la revisión de estos esquemas y finalmente anunció la eliminación definitiva de dichos privilegios. El nuevo modelo de apoyos establece límites claros, criterios de transparencia y prioriza la sostenibilidad financiera, manteniendo sólo los beneficios para el personal operativo como agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y analistas.

Persisten los desafíos en seguridad

Aunque reconoció el avance administrativo, el legislador morenista advirtió que aún hay retos sustanciales en materia de seguridad. “No podemos cantar victoria. Aunque hay avances, seguimos enfrentando masacres, asesinatos y desapariciones. Apenas antier desapareció un buscador muy conocido en la entidad”, señaló Martínez Mendizábal.

Al ser cuestionado sobre la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, el diputado reconoció que existe buena comunicación institucional, pero subrayó que “una cosa es la coordinación entre las instituciones y otra es lo que pasa abajo en Guanajuato”. En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer las policías municipales, mejorar las investigaciones, depurar el manejo de carpetas y transparentar la contabilización de los delitos.

“Creo que tenemos mucho que avanzar todavía; yo no canto victoria”, concluyó.

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Guanajuato, Gto.—El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato anunció que emprenderá acciones legales luego de los actos de violencia e intimidación registrados durante el debate legislativo sobre la despenalización del aborto, realizado la semana pasada.

En una conferencia de prensa, las y los legisladores del partido señalaron que, a pesar de las presiones políticas, religiosas y económicas, respaldaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Destacaron que el Congreso estuvo cerca de dar un paso histórico para la entidad, al reconocer por primera vez esta posibilidad en el ámbito legislativo.

Las y los diputados denunciaron haber sido blanco de una campaña de hostigamiento sistemático, que incluyó amenazas en redes sociales, agresiones en el exterior del recinto legislativo e incluso dentro del propio Congreso. Señalaron que estos hechos fueron parte de una estrategia organizada por diversos grupos de interés, que incluyó la contratación de medios de comunicación, la movilización de personas a través del uso de transporte privado y otras tácticas para ejercer presión.

Pese a ese entorno adverso, la bancada morenista mantuvo su postura en favor de los derechos de las mujeres.

Durante el anuncio, el grupo parlamentario presentó una agenda de tres acciones jurídicas y políticas que se llevarán a cabo en los próximos días con el objetivo de continuar la defensa de los derechos reproductivos:

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A través de la Secretaría de las Mujeres, Morena solicitará el reconocimiento del agravio comparado, figura que permite identificar violaciones sistemáticas a los derechos humanos al contrastar las leyes locales con los estándares nacionales e internacionales.

Se impulsará un recurso legal para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el tema de fondo y, en su caso, instruya al Congreso del Estado a legislar sobre el derecho de las mujeres a decidir.

El grupo pedirá a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado que presente una solicitud formal de alerta de género ante la Secretaría de las Mujeres. Basan su petición en antecedentes documentales del propio organismo, que en el pasado ya ha reconocido el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad.

Estas acciones, según las y los diputados, reflejan el compromiso de Morena con la defensa de los derechos humanos y los principios que guían su labor legislativa.

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Guanajuato, Gto.- Mientras el país avanza en el reconocimiento de derechos humanos, Guanajuato parece caminar en sentido contrario.

El estado mantiene una postura conservadora frente al matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, perpetuando un escenario de exclusión legal para mujeres y personas LGBT+.

El retroceso en el matrimonio igualitario:

En diciembre de 2021, un decreto administrativo abrió la puerta para que parejas del mismo sexo pudieran casarse sin necesidad de amparo. Sin embargo, este avance fue efímero: la medida perdió vigencia en septiembre de 2024 con la salida del entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Desde entonces, el trámite volvió a convertirse en una batalla judicial.

Aunque la diputada María Eugenia García Oliveros presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y garantizar este derecho de forma permanente, la mayoría panista en el Congreso ha bloqueado cualquier posibilidad de avance. Así, Guanajuato se convierte en uno de los pocos estados donde el matrimonio igualitario no está garantizado por ley, sino que depende de los tribunales.

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Aborto legal: un derecho que sigue criminalizado

La resistencia no es exclusiva del tema LGBT+. En mayo de 2025, el Congreso local rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto. El marcador fue cerrado: 19 votos en contra, 17 a favor. La sorpresa vino del cambio de postura de la diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo, quien se alineó con el PAN en el último momento.

Todo esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto desde 2021. En Guanajuato, la ley local sigue castigando a quienes deciden interrumpir un embarazo, en un abierto desafío al marco jurídico nacional.

Un estado que se resiste a cambiar

Guanajuato mantiene su lugar como bastión conservador en México. La negativa a legislar en favor de los derechos sexuales y reproductivos no solo afecta a los grupos directamente involucrados; envía un mensaje claro: en este estado, los derechos aún son selectivos.

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Mientras en otras entidades se consolidan avances en igualdad y justicia, en Guanajuato se sigue legislando desde prejuicios ideológicos. La falta de voluntad política deja en el abandono a miles de personas que siguen esperando que sus derechos sean reconocidos por ley.