Guanajuato, Gto.—El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato anunció que emprenderá acciones legales luego de los actos de violencia e intimidación registrados durante el debate legislativo sobre la despenalización del aborto, realizado la semana pasada.

En una conferencia de prensa, las y los legisladores del partido señalaron que, a pesar de las presiones políticas, religiosas y económicas, respaldaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Destacaron que el Congreso estuvo cerca de dar un paso histórico para la entidad, al reconocer por primera vez esta posibilidad en el ámbito legislativo.

Las y los diputados denunciaron haber sido blanco de una campaña de hostigamiento sistemático, que incluyó amenazas en redes sociales, agresiones en el exterior del recinto legislativo e incluso dentro del propio Congreso. Señalaron que estos hechos fueron parte de una estrategia organizada por diversos grupos de interés, que incluyó la contratación de medios de comunicación, la movilización de personas a través del uso de transporte privado y otras tácticas para ejercer presión.

Pese a ese entorno adverso, la bancada morenista mantuvo su postura en favor de los derechos de las mujeres.

Durante el anuncio, el grupo parlamentario presentó una agenda de tres acciones jurídicas y políticas que se llevarán a cabo en los próximos días con el objetivo de continuar la defensa de los derechos reproductivos:

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A través de la Secretaría de las Mujeres, Morena solicitará el reconocimiento del agravio comparado, figura que permite identificar violaciones sistemáticas a los derechos humanos al contrastar las leyes locales con los estándares nacionales e internacionales.

Se impulsará un recurso legal para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el tema de fondo y, en su caso, instruya al Congreso del Estado a legislar sobre el derecho de las mujeres a decidir.

El grupo pedirá a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado que presente una solicitud formal de alerta de género ante la Secretaría de las Mujeres. Basan su petición en antecedentes documentales del propio organismo, que en el pasado ya ha reconocido el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad.

Estas acciones, según las y los diputados, reflejan el compromiso de Morena con la defensa de los derechos humanos y los principios que guían su labor legislativa.

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Guanajuato, Gto.- Mientras el país avanza en el reconocimiento de derechos humanos, Guanajuato parece caminar en sentido contrario.

El estado mantiene una postura conservadora frente al matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, perpetuando un escenario de exclusión legal para mujeres y personas LGBT+.

El retroceso en el matrimonio igualitario:

En diciembre de 2021, un decreto administrativo abrió la puerta para que parejas del mismo sexo pudieran casarse sin necesidad de amparo. Sin embargo, este avance fue efímero: la medida perdió vigencia en septiembre de 2024 con la salida del entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Desde entonces, el trámite volvió a convertirse en una batalla judicial.

Aunque la diputada María Eugenia García Oliveros presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y garantizar este derecho de forma permanente, la mayoría panista en el Congreso ha bloqueado cualquier posibilidad de avance. Así, Guanajuato se convierte en uno de los pocos estados donde el matrimonio igualitario no está garantizado por ley, sino que depende de los tribunales.

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Aborto legal: un derecho que sigue criminalizado

La resistencia no es exclusiva del tema LGBT+. En mayo de 2025, el Congreso local rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto. El marcador fue cerrado: 19 votos en contra, 17 a favor. La sorpresa vino del cambio de postura de la diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo, quien se alineó con el PAN en el último momento.

Todo esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto desde 2021. En Guanajuato, la ley local sigue castigando a quienes deciden interrumpir un embarazo, en un abierto desafío al marco jurídico nacional.

Un estado que se resiste a cambiar

Guanajuato mantiene su lugar como bastión conservador en México. La negativa a legislar en favor de los derechos sexuales y reproductivos no solo afecta a los grupos directamente involucrados; envía un mensaje claro: en este estado, los derechos aún son selectivos.

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Mientras en otras entidades se consolidan avances en igualdad y justicia, en Guanajuato se sigue legislando desde prejuicios ideológicos. La falta de voluntad política deja en el abandono a miles de personas que siguen esperando que sus derechos sean reconocidos por ley.

Guanajuato, Gto. — La diputada Miriam Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar el Código Territorial que busca detener el crecimiento desordenado de asentamientos irregulares en la entidad.

De acuerdo con datos del INEGI y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), más del 30% de la población urbana de Guanajuato vive en condiciones de irregularidad o en colonias con severas deficiencias en servicios básicos.

Se calcula que al menos 250 mil personas habitan en zonas sin acceso a infraestructura adecuada como agua potable, drenaje, electricidad o transporte público. En los últimos diez años, han surgido más de 500 asentamientos irregulares en el estado, muchos de ellos en áreas clasificadas como de alto riesgo ambiental, incluyendo cauces de ríos, laderas inestables y zonas ecológicas protegidas.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado estima que el 30% de estos asentamientos se encuentra en zonas peligrosas, lo que incrementa el riesgo ante desastres naturales como inundaciones o deslaves.

Además de las implicaciones sociales y ambientales, el fenómeno representa un alto costo económico para las administraciones municipales. Estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que proporcionar servicios públicos a asentamientos irregulares puede costar hasta cuatro veces más que hacerlo en desarrollos urbanos planificados, debido a la dispersión y falta de infraestructura.

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El contexto también revela problemas legales. Muchas familias no cuentan con escrituras ni títulos de propiedad, lo que limita su acceso a programas de mejora de vivienda y créditos, y las expone a posibles desalojos. Asimismo, se ha detectado la operación de fraccionadores ilegales y redes de fraude inmobiliario que se aprovechan de la necesidad de vivienda.

La iniciativa señala que la falta de monitoreo oportuno, la intervención tardía de las autoridades y casos de corrupción han permitido la consolidación de estas zonas, incluso con la dotación de servicios fuera del marco normativo.

La propuesta legislativa contempla establecer un sistema integral de detección, intervención y sanción para evitar nuevos asentamientos ilegales, corregir las deficiencias actuales del marco legal y garantizar un modelo de desarrollo urbano más eficiente, equitativo y sostenible.