Con un panorama de incertidumbre presupuestaria, arrancó el proceso extraordinario para la elección de diversos cargos judiciales en Guanajuato.

Con un panorama de incertidumbre presupuestaria, arrancó el proceso extraordinario para la elección de diversos cargos judiciales en Guanajuato, reveló el presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, Jaime Juárez Jasso.

En entrevista , Juárez Jasso explicó que aún no se tiene definido el monto exacto para llevar a cabo estas elecciones tanto a nivel nacional como en el estado. Sin embargo, destacó que la presidenta del INE ha defendido el presupuesto planteado para las elecciones a nivel nacional, que asciende a 13 mil 200 millones de pesos.

En cuanto a Guanajuato, el proceso incluirá la elección de seis cargos judiciales, lo que implicará la impresión de 600 millones de boletas y el uso de seis urnas, una para cada elección. A esto se suman los gastos en material electoral, lo que duplicará el costo del proceso electoral celebrado en junio pasado.

Los candidatos podrán realizar campaña durante un periodo de 60 días, aunque deberán financiarla con recursos propios, ya que no podrán recibir financiamiento público ni privado. Durante este tiempo, los aspirantes podrán acceder gratuitamente a los medios de comunicación y realizar foros, debates y contratar espectaculares. El INE tendrá la responsabilidad de fiscalizar el gasto de campaña y garantizar la transparencia en el origen de los recursos.

Juárez Jasso aseguró que la elección está diseñada para que vote el 100% de la población guanajuatense, lo que representa un desafío logístico considerable. Actualmente, el padrón electoral en la entidad cuenta con casi 5 millones de personas, lo que pone de manifiesto la magnitud del proceso.

En rueda de prensa, Alma Alcaraz, delegada de los Programas para el Desarrollo del Bienestar en Guanajuato, compartió avances importantes sobre los programas sociales que están ayudando a mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos en la entidad.

Estos apoyos, impulsados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su administración, se han convertido en uno de los pilares fundamentales del gobierno federal, buscando siempre el bienestar de los más necesitados.

Uno de los programas más destacados es la pensión para las personas adultas mayores, un apoyo bimestral de 6 mil pesos que llega a muchas familias guanajuatenses.

Otro apoyo fundamental es la pensión para las personas con discapacidad, la cual otorga 3 mil 100 pesos bimestrales.

Alma Alcaraz invitó a todos los beneficiarios a que se acerquen a los Bancos del Bienestar para realizar el cobro de los apoyos .

Maestros de secciones 13 y 45 del SNTE se manifiestan en Congreso por descuentos salariales

Un grupo de aproximadamente 70 maestros de las secciones 13 y 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestó este jueves en el Congreso del Estado de Guanajuato para expresar su descontento por los descuentos salariales aplicados por el Gobierno estatal sin previo aviso.

La protesta se llevó a cabo en el salón del Pleno del Poder Legislativo, donde los maestros recibieron el respaldo de la bancada de Morena.

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizábal, ambos de Morena, presentaron una propuesta de punto de acuerdo en la que exhortaron a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y al secretario general de la sección 45 del SNTE, a entablar mesas de diálogo con los docentes afectados.

La propuesta solicita que se aclaren los motivos de los descuentos salariales y que se garantice el respeto a los derechos laborales y constitucionales de los maestros.

En particular, los legisladores señalaron la importancia de que los docentes puedan ejercer libremente su derecho a la manifestación y a la libertad de expresión, sin temor a represalias, persecución o hostigamiento.

El conflicto por los descuentos salariales ha generado un clima de tensión entre el gobierno estatal y el gremio magisterial, que considera que los recortes a sus ingresos son injustos y afectan su estabilidad económica.