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Estado

Es obligación del estado informar donde están los vehículos de lujo incautados al Narcotráfico en la Entidad

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La diputada Alma Alcaraz Hernández presentó un exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que informe al Congreso la razón por la cual los vehículos de lujo que desde el 8 de abril de 2019 se destinaron para vigilar tramos de la carretera Silao-Guanajuato, el Eje Metropolitano o el Libramiento norponiente de Celaya no se encuentran actualmente en funcionamiento, en qué área o a qué actividades, en qué estado de mantenimiento se encuentran actualmente y cuántos vehículos de lujo le han sido entregados en total para llevar a cabo sus funciones de vigilancia.

Solo dos de los cinco vehículos incautados se han utilizado para las tareas de patrullaje, agregando que ambas unidades han estado en circulación por poco tiempo, reprocho Alcaraz Hernández.

Al finalizar la congresista enfatizó que para hablar de transparencia son buenos, pero sus acciones de cero apertura para decir donde y cuando se mueven todos los vehiculos incautados demuestra que no tienen nada y solo presumen con bombo y platillo.

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Estado

Exige Grupo Parlamentario de Morena comparecencia de Carlos Zamarripa Aguirre.

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En sesión ordinaria del Congreso local de Guanajuato, el Grupo Parlamentario de Morena exigió iniciar los procedimientos necesarios para que el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, comparezca ante el pleno legislativo para rendir cuentas sobre su gestión durante el informe de actividades del año 2023.

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, aseguró de manera contundente que Zamarripa Aguirre “no se va a salvar de comparecer y rendirle cuentas al pueblo”.

Esta afirmación surge tras la recepción del informe anual por parte del presidente del Congreso, José Alfonso Borja Pimentel, en el mes de febrero pasado.

Desde marzo, los legisladores de Morena han insistido en la necesidad de que el fiscal comparezca para explicar diversos aspectos de su gestión.

Sin embargo, esta petición se vio demorada debido a la negativa de los diputados del PAN, quienes argumentaron evitar  faltas durante el proceso electoral en curso.

Hades Aguilar reiteró que Zamarripa se tiene que ir, pero no premiado sino investigado.

La congresista Aguilar Castillo también cuestionó el otorgamiento de una “jugosa pensión” al aún fiscal general, instando a Zamarripa a justificar este beneficio antes de su salida de la Fiscalía local.

La congresista sentenció que en lugar de premiarlo, debería estar sujeto a un escrutinio legal por su presunta responsabilidad en la omisión de acciones frente a los homicidios que han afectado gravemente a todo el estado de Guanajuato.

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Estado

Diputados del PRIAN detienen iniciativa clave para mejorar contrataciones públicas en Guanajuato.

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En  sesión legislativa diputados pertenecientes a las fracciones del PRI y PAN en el Congreso del Estado de Guanajuato lograron archivar una iniciativa crucial: la Ley de Contrataciones Públicas para la entidad.

Esta propuesta, impulsada con el objetivo de robustecer los procesos de adquisiciones gubernamentales, tenía como meta principal garantizar condiciones de contratación más favorables y transparentes para el sector público, así como fortalecer los mecanismos de evaluación de proveedores.

El diputado Cuauhtémoc Becerra González, representante de Morena, expresó su descontento ante la decisión de archivar la iniciativa.

Argumentó que dicha ley habría fomentado la competencia en los procesos de licitación, mejorando las condiciones de contratación y asegurando principios fundamentales como la transparencia y la lucha contra la corrupción en las adquisiciones públicas.

Por su parte, la diputada Yulma Rocha Aguilar lamentó la decisión de archivar la iniciativa, subrayando que el sistema de evaluación propuesto habría permitido calificar el desempeño de proveedores, evaluar sus finanzas y experiencia, contribuyendo así a la transparencia y a la erradicación de prácticas corruptas en las decisiones gubernamentales.

La decisión de archivar esta iniciativa ha generado un intenso debate dentro y fuera del Congreso de Guanajuato, destacando las discrepancias ideológicas y políticas sobre el manejo transparente de los recursos públicos y la efectividad de los procesos de contratación gubernamental en el estado.

Esta medida deja en suspenso los esfuerzos por fortalecer la integridad y eficiencia en las contrataciones públicas de Guanajuato, mientras persiste el llamado de diversos sectores de la sociedad civil y organismos de control para reconsiderar y retomar la discusión sobre la iniciativa archivada.

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Estado

Exigen desde el Senado de la República anulación de elección en Guanajuato por uso electoral de programas sociales.

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Desde el Senado de la República, Alma Alcaraz Hernández, ex candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, respaldada por destacados legisladores morenistas, ha demandado la anulación de la reciente elección en el estado, basándose en agravios fundamentales.

Alcaraz Hernández destacó que uno de los principales puntos de impugnación se centra en el desvío de más de 4 mil millones de pesos de recursos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) a favor de la candidata del PRIAN, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Este apoyo se canalizó a través del programa social “MujeresGrandeza”, también conocido como “Tarjeta Rosa”, el cual, según la denuncia, fue personalizado para beneficiar a García Muñoz Ledo durante su campaña electoral.

Este uso electoral del programa fue tan evidente que, al inicio de las campañas, se incrementaron los recursos asignados inicialmente  aprobados con mil 500 millones de pesos, estos fondos se aumentaron hasta alcanzar los 4 mil 20 millones de pesos, facilitando así su operación durante el período electoral.

La ex candidata detalló que se distribuyeron hasta 300 mil tarjetas con un valor de hasta 12 mil pesos cada una, recursos que asegura fueron entregados de manera focalizada y con claros criterios electorales.

Las acusaciones apuntan directamente a un uso indebido de fondos públicos para influir en el resultado electoral, generando preocupación por la integridad del proceso democrático en Guanajuato.

Asimismo, evidenció que el tope de campaña que era de 98 millones de pesos fue revazado 50 veces, “es decir, con recursos públicos compraron los votos” sentenció la diputada con licencia. 

El segundo de los agravios, no menos importante fue que el gobierno del estado y el ayuntamiento de León, condicionaron a funcionarios públicos para que a través de un sistema llevaran a 15 personas obligandolas a votar por la candidata del PAN.

Alcaraz Hernández, agregó que otro agravio que se suma fue la violencia que se ejerció contra la gran mayoría de los candidatos de la alianza Morena-PVEM-PT.

Por lo anterior expuesto es que Alma Alcaraz busca la anulación de la pasa elección del 2 de junio, en este sentido, legisladores federales morenistas respaldaron la solicitud, destacando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de investigar a fondo estos presuntos abusos.

La situación continúa desarrollándose mientras se espera la respuesta oficial a esta demanda, que podría tener implicaciones significativas en el panorama político de Guanajuato y a nivel nacional.

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