El Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a ampliar la cobertura del Programa Integral de Producción de Carne, con el objetivo de incluir a entidades que han demostrado avances en sanidad y control zoosanitario, como es el caso de la entidad. La medida busca fortalecer la competitividad del sector ganadero y consolidar una política más equitativa a nivel nacional.

Durante la discusión, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos destacó que los apoyos federales deben distribuirse sin distinción entre estados, reconociendo el esfuerzo que Guanajuato ha realizado en la mejora de sus procesos productivos. Señaló que excluir a la entidad del programa representa una limitante para el crecimiento del sector y una desventaja frente a otras regiones del país.

El legislador subrayó que integrar a Guanajuato en este esquema permitiría avanzar en la soberanía alimentaria, reducir desigualdades en el campo y proyectar a México como una potencia exportadora en la industria cárnica. Asimismo, enfatizó que el estado cuenta con la calidad y capacidad necesarias para competir a nivel internacional, por lo que insistió en la urgencia de fortalecer al sector ganadero con políticas incluyentes y de largo alcance

El diputado de Morena, Antonio Chaurand, lanzó fuertes críticas contra la concesión a 30 años de las autopistas Guanajuato-Silao y Silao-San Miguel de Allende, al considerar que esta decisión ha significado renunciar a importantes ingresos por peaje. De acuerdo con el legislador, solo en la caseta Guanajuato-Silao se habrían dejado de percibir alrededor de mil millones de pesos entre 2020 y 2024, lo que calificó como un golpe a las finanzas públicas del estado.

Ante este panorama, Chaurand subrayó la necesidad de garantizar un acceso libre y sin costo hacia la capital del estado, al tiempo que exigió mayor claridad en el manejo de la concesión. En particular, cuestionó que la auditoría externa relacionada con este proceso aún no haya sido publicada, lo que, dijo, genera dudas sobre la transparencia y el destino real de los recursos involucrados.

El legislador también contrastó esta situación con la inversión del gobierno federal, que ha destinado mil 200 millones de pesos al mantenimiento de carreteras libres de peaje. Este hecho, señaló, refuerza la urgencia de tomar decisiones más equitativas en materia de movilidad, priorizando el beneficio de la ciudadanía por encima de intereses a largo plazo que podrían afectar la economía de los usuarios.

La resolución del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) no deja bien parada a la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez ni a su equipo de Comunicación Social, encabezado por José Antonio García Salmones Gutiérrez. Lo que debía ser un ejercicio de rendición de cuentas terminó señalado como una práctica fuera de la ley, al difundirse el informe de gobierno más allá de los tiempos permitidos. El expediente 12/2025-PSO-CG confirma que no se trató de un error menor, sino de una acción que vulnera reglas básicas diseñadas precisamente para evitar el uso político de la función pública.

El hecho de que el informe se haya mantenido en circulación días después de su presentación oficial no es un detalle técnico, sino una estrategia que, aunque intenten minimizar, mantiene la imagen de la alcaldesa en promoción constante. El artículo 242, numeral 5, es claro: los informes deben difundirse en un plazo limitado para impedir que se conviertan en propaganda disfrazada. Ignorar esta disposición no solo evidencia descuido institucional, sino una forma de operar donde la ley parece flexible cuando se trata de posicionamiento personal.

Aunque el IEEG descartó delitos más graves como actos anticipados de campaña o uso indebido de recursos, el fondo del problema permanece: el uso de canales oficiales para prolongar la exposición política de una figura pública. La sanción y la vista al Congreso y a la Contraloría dejan claro que hubo responsabilidad, pero también abren una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto se está utilizando el aparato gubernamental para fines que rebasan la simple comunicación institucional? Porque cuando la línea entre informar y promover se borra, la confianza ciudadana también empieza a desdibujarse.