El desvivimiento de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, tras participar en el tradicional “Festival de las Velas” del 1 de noviembre, detonó una ola de indignación que hoy estalla en las calles. Las movilizaciones que lo siguen evidencian un clamor colectivo de justicia y seguridad: habitantes de Uruapan y de la capital estatal marchan bajo consignas como “¡Manzo no falleció, lo desvivió el Estado!”, en desafío abierto a las autoridades.

La población de Michoacán no solo exige explicaciones por el fallecimiento del edil, sino que llama a una revisión urgente de la estrategia de seguridad en una región marcada por la presencia de grupos delictivos que secuestran la gobernabilidad. En la marcha de Morelia, estudiantes, familias y ciudadanos, vestidos de blanco y portando pancartas, recorrieron avenidas para dejar claro que el miedo ya no será excusa.

Mientras tanto, en Uruapan se realizaron homenajes y cortes de circulación por varias asociaciones como signo de luto activo por quien era conocido como el alcalde “del sombrero”. Sin embargo, la movilización no está exenta de tensión.

Aunque muchas marchas han sido pacíficas, en otros puntos se han registrado enfrentamientos, actos de vandalismo y detenciones como ocurrió frente al Palacio de Gobierno en Morelia lo que pone en evidencia la delgada línea entre el legítimo reclamo social y la fractura del orden público.

En este escenario, la viuda del alcalde ha hecho un llamado a mantener la protesta en los cauces de la civilidad, recordando que la lucha de Manzo era pacífica y pidiendo evitar excesos que puedan empañar el mensaje. El reto, ahora, es claro para las autoridades estatales y federales: convertir este clamor popular en acción concreta.

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No basta el luto y la indignación. La ciudadanía exige ver algo tangible: avances en la investigación, resultados en seguridad y certeza de que no se repetirá. Las marchas de estos días no solo memorializan a un alcalde fallecido: encarnan el hartazgo de quienes dicen basta a la inseguridad. Si no hay respuesta, advierten, la protesta podría transformarse en algo más profundo que un acto de duelo.

Los diputados Miriam Reyes Carmona y David Martínez Mendizábal, del grupo parlamentario de MORENA, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) dar trámite pronto y expedito al proceso de sustanciación y promover las responsabilidades administrativas y denuncias penales que correspondan por las observaciones no solventadas en la cuenta pública 2023 del municipio de Guanajuato.
El acuerdo también plantea que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, la ASEG informe a la Comisión de Hacienda y Fiscalización sobre el avance del procedimiento, incluyendo tipificación preliminar, autoridad competente a la que se remitieron los casos, actuaciones realizadas y pendientes, así como fechas estimadas para la conclusión de las investigaciones.
Martínez Mendizábal recordó que el informe de la cuenta pública reveló que 87 unidades del transporte urbano y suburbano operaron sin concesión vigente o con títulos vencidos, lo que derivó en una recomendación para regularizar estas concesiones. Aunque el municipio informó la creación de una Comisión Técnica Especializada, no se presentaron evidencias de reuniones, acuerdos o avances concretos en el proceso de regularización.
El diputado señaló que estas irregularidades podrían constituir responsabilidades administrativas graves, como abuso de funciones y omisión en la supervisión normativa, así como negligencia en la gestión de títulos y en la recaudación de derechos municipales. Por ello, insistió en que la ASEG debe iniciar el seguimiento, promoviendo sanciones y acciones penales conforme a la ley. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis.

Con el propósito de fortalecer la seguridad en establecimientos donde se venden y consumen bebidas alcohólicas, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. La propuesta busca que todos los locales de este tipo cuenten con un sistema de videovigilancia permanente tanto en el interior como en el exterior de sus instalaciones.
El diputado Alejandro Arias Ávila, promotor de la iniciativa, explicó que en la entidad existen numerosos establecimientos donde se presentan con frecuencia incidentes violentos, como riñas o ataques armados, que ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas. Por ello, dijo, es necesario que las autoridades puedan contar con material videograbado que facilite las investigaciones y la identificación de los responsables en caso de delitos.
La propuesta también contempla que los dueños o responsables de bares, cantinas, restaurantes, centros botaneros y discotecas mantengan las grabaciones durante al menos 60 días, y se prohíba borrar, alterar o negar la entrega del material cuando sea requerido por las autoridades competentes. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado sería la encargada de supervisar el cumplimiento de esta medida, mientras que los ayuntamientos vigilarían su correcta operación.
Arias Ávila destacó que la iniciativa pretende ser una herramienta de prevención más que de sanción, y busca brindar mayor seguridad a clientes y trabajadores de estos espacios. El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, donde será analizado y dictaminado en próximas sesiones.