Guanajuato, Gto. — La diputada Miriam Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar el Código Territorial que busca detener el crecimiento desordenado de asentamientos irregulares en la entidad.

De acuerdo con datos del INEGI y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), más del 30% de la población urbana de Guanajuato vive en condiciones de irregularidad o en colonias con severas deficiencias en servicios básicos.

Se calcula que al menos 250 mil personas habitan en zonas sin acceso a infraestructura adecuada como agua potable, drenaje, electricidad o transporte público. En los últimos diez años, han surgido más de 500 asentamientos irregulares en el estado, muchos de ellos en áreas clasificadas como de alto riesgo ambiental, incluyendo cauces de ríos, laderas inestables y zonas ecológicas protegidas.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado estima que el 30% de estos asentamientos se encuentra en zonas peligrosas, lo que incrementa el riesgo ante desastres naturales como inundaciones o deslaves.

Además de las implicaciones sociales y ambientales, el fenómeno representa un alto costo económico para las administraciones municipales. Estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indican que proporcionar servicios públicos a asentamientos irregulares puede costar hasta cuatro veces más que hacerlo en desarrollos urbanos planificados, debido a la dispersión y falta de infraestructura.

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El contexto también revela problemas legales. Muchas familias no cuentan con escrituras ni títulos de propiedad, lo que limita su acceso a programas de mejora de vivienda y créditos, y las expone a posibles desalojos. Asimismo, se ha detectado la operación de fraccionadores ilegales y redes de fraude inmobiliario que se aprovechan de la necesidad de vivienda.

La iniciativa señala que la falta de monitoreo oportuno, la intervención tardía de las autoridades y casos de corrupción han permitido la consolidación de estas zonas, incluso con la dotación de servicios fuera del marco normativo.

La propuesta legislativa contempla establecer un sistema integral de detección, intervención y sanción para evitar nuevos asentamientos ilegales, corregir las deficiencias actuales del marco legal y garantizar un modelo de desarrollo urbano más eficiente, equitativo y sostenible.

Guanajuato, Gto. 06 junio 2025. — El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal local con el objetivo de brindar mayor seguridad a periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Las modificaciones buscan mejorar el entorno en el que estos grupos desarrollan su labor, reconocida como esencial para el fortalecimiento del estado de derecho.

Entre los principales cambios se establece que serán considerados delitos graves aquellos actos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, sus cónyuges o familiares hasta el cuarto grado, cuando la intención sea obstruir o impedir su actividad, o cuando estos hechos ocurran como represalia.

También se clasifican como graves si se cometen en el contexto de un espectáculo público, antes, durante o inmediatamente después, o si las víctimas son menores de 18 años y los actos son cometidos con dolo.

En cuanto a las agresiones a la libertad de expresión, las reformas imponen penas de uno a seis años de prisión y multas de entre diez y sesenta días a quienes utilicen la violencia o el acoso para obstaculizar el trabajo periodístico, o limiten la libre expresión relacionada con esta labor. Si la persona responsable es un servidor público, la pena de prisión aumentará y se le prohibirá desempeñar cargos públicos durante un periodo igual al de la condena.

De igual forma, se establecen las mismas sanciones para quien atente contra la promoción o defensa de los derechos humanos mediante violencia o acoso, o limite estas actividades. En el caso de que el delito sea cometido por un funcionario público, las penas también se incrementarán.

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La persecución de estos delitos dependerá de la denuncia de la víctima, salvo en situaciones donde las personas defensoras estén involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas, en cuyo caso la acción penal se iniciará de oficio.

Durante la sesión legislativa, se subrayó que estas reformas responden a la creciente necesidad de garantizar condiciones seguras para periodistas y defensores en la entidad, ante los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas ha reportado que actualmente 26 periodistas y cuatro personas defensoras cuentan con medidas de protección otorgadas por el estado.

Guanajuato, Gto. 06 mayo 2025. — Ante la negativa del Congreso local para la despenalización del aborto, el partido Movimiento Ciudadano, junto con colectivas y asociaciones feministas, anunció que promoverán la solicitud de una nueva declaratoria de alerta de género en el estado, bajo la figura de agravio comparado.

En conferencia de prensa, representantes de Movimiento Ciudadano advirtieron que, de no lograrse la despenalización, acudirían a todas las instancias necesarias para exigir que el Congreso legisle con base en un marco jurídico que respete los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Corte Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas.

Actualmente, Guanajuato cuenta con una alerta de género declarada en septiembre de 2024, específicamente por feminicidio y desaparición de mujeres. Sin embargo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla otras causales para emitir alertas, entre ellas el agravio comparado, que refiere a la discriminación y desigualdad legal que coloca a las mujeres de un estado en desventaja frente a otras entidades federativas.

Explicaron que, la solicitud se basa en que Guanajuato mantiene un marco legal restrictivo en comparación con otros estados del país, pues 24 entidades ya han despenalizado el aborto, mientras que en Guanajuato las mujeres tienen menos derechos en esta materia. Esta desigualdad es lo que se denomina agravio comparado, que se traduce en una violación al principio de igualdad y a los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente.