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Derechos Humanos

El turno del Procurador de los Derechos Humanos ante el Congreso esta a la vuelta de a la esquina.

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En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables acordaron la mecánica para el análisis del informe anual de actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Dicha mecánica consiste en invitar a las diputadas y a los diputados a que formulen preguntas u observaciones sobre el informe y las entreguen en la Secretaría General del Congreso, a más tardar el 27 de mayo del presente año, a las 17:00 horas. Asimismo, se habilitará en la página del Congreso del Estado un formulario para que las personas interesadas envíen sus cuestionamientos por el mismo periodo.

Se remitirá, por conducto de la Secretaría General, al Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato las preguntas u observaciones que se hayan formulado, teniendo como plazo para emitir sus respuestas el 10 de junio de 2022 a las 17:00 horas.  De la misma manera, se le solicitará a la Procuraduría envíe una versión pública de las respuestas para su publicación en la página del Congreso.

Las respuestas del procurador se enviarán a las diputadas y diputados y, posteriormente, se realizará una mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables con organismos de la sociedad civil especializados en derechos humanos.

Finalmente, se llevará a cabo una reunión presencial con el procurador y se discutirá el posicionamiento ante la Comisión, previo a pasar al Pleno.

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Ciudad

“Si me pasa algo, ya hay antecedentes”: pepenadora denuncia amenazas, acoso y presuntas agresiones de trabajadores de recolección.

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Una mujer que se dedica a la pepena lanzó un nuevo llamado de auxilio para denunciar lo que asegura es un constante acoso por parte de algunos trabajadores del servicio de recolección de basura. De acuerdo con su testimonio, además de quitarle el material que logra recolectar, los empleados presuntamente la insultan, la amenazan y se burlan de ella. Lo más grave, afirma, es que en repetidas ocasiones el camión recolector ha pasado a escasos centímetros mientras trabaja, una situación que teme pueda terminar en una tragedia.

La denunciante asegura que vive con miedo cada vez que sale a las calles para ganarse la vida. En un mensaje enviado a nuestro medio de comunicación, pidió que sus denuncias no dejen de hacerse públicas, pues considera que la situación ha escalado y que las presuntas intimidaciones continúan. “Si llegara a pasarme algo, espero que exista un antecedente de todo lo que he denunciado”, expresó, al solicitar que los hechos queden registrados como evidencia ante el Ministerio Público.

El caso ha generado preocupación, ya que la mujer sostiene que, en lugar de recibir protección, enfrenta actos que ponen en riesgo su integridad física. Ante estas acusaciones, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen lo ocurrido, determinen si existieron irregularidades y, en su caso, sancionen a los responsables. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de la dependencia encargada del servicio de recolección de basura.

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Ciudad

Víctor Rodríguez Padilla deja la cárcel, pero seguirá vinculado a proceso por violencia familiar.

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Una jueza de Morelos ordenó la liberación de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de modificar la medida cautelar de prisión preventiva que le había sido impuesta por el delito de violencia familiar. Aunque dejó el penal, el exfuncionario permanece vinculado a proceso y deberá continuar enfrentando la investigación en libertad.

La decisión judicial se tomó después de que la defensa presentara nuevos elementos, entre ellos un escrito de perdón firmado por su esposa, además de acreditar un domicilio fijo y exponer el estado de salud del exdirector. Sin embargo, la jueza aclaró que el proceso penal no se cancela y continuará su curso conforme a la ley.

Como parte de las medidas cautelares, Rodríguez Padilla deberá firmar periódicamente ante la autoridad, no podrá salir del país, tendrá prohibido acercarse o comunicarse con su esposa e hijo, deberá recibir atención psicológica y cumplir con la reparación del daño que determine la autoridad judicial.

El caso cobró relevancia nacional tras la difusión de un video en el que presuntamente se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa. Aunque enfrentará el proceso fuera de prisión, la investigación por violencia familiar sigue abierta y será un juez quien determine su responsabilidad al concluir el procedimiento.

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Ciudad

Amnistía Internacional condena el asesinato de la periodista Roxana Guzmán; exigen justicia y el fin de la violencia contra la prensa.

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La organización Amnistía Internacional condenó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, y exigió una investigación pronta, imparcial y con perspectiva de derechos humanos. El organismo advirtió que este crimen refleja la grave situación que enfrenta la libertad de expresión en Veracruz, donde ya suman tres periodistas asesinados en lo que va de 2026.

Mientras continúan las investigaciones, familiares, amigos y compañeros despidieron a la comunicadora en Nanchital, Veracruz, entre aplausos, flores y música, en una ceremonia resguardada por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La periodista había sido privada de la libertad a principios de junio y sus restos fueron localizados semanas después.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento ocho personas han sido detenidas, entre ellas presuntos integrantes del grupo responsable y policías municipales señalados por su presunta participación en el crimen. Las autoridades aseguraron que las investigaciones continuarán hasta capturar a todos los involucrados.

El asesinato de Roxana Guzmán ha generado indignación dentro y fuera del país, reavivando el llamado de organizaciones defensoras de derechos humanos para fortalecer la protección de periodistas y combatir la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión en México.

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Seguridad

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