La resolución del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) no deja bien parada a la presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez ni a su equipo de Comunicación Social, encabezado por José Antonio García Salmones Gutiérrez. Lo que debía ser un ejercicio de rendición de cuentas terminó señalado como una práctica fuera de la ley, al difundirse el informe de gobierno más allá de los tiempos permitidos. El expediente 12/2025-PSO-CG confirma que no se trató de un error menor, sino de una acción que vulnera reglas básicas diseñadas precisamente para evitar el uso político de la función pública.

El hecho de que el informe se haya mantenido en circulación días después de su presentación oficial no es un detalle técnico, sino una estrategia que, aunque intenten minimizar, mantiene la imagen de la alcaldesa en promoción constante. El artículo 242, numeral 5, es claro: los informes deben difundirse en un plazo limitado para impedir que se conviertan en propaganda disfrazada. Ignorar esta disposición no solo evidencia descuido institucional, sino una forma de operar donde la ley parece flexible cuando se trata de posicionamiento personal.

Aunque el IEEG descartó delitos más graves como actos anticipados de campaña o uso indebido de recursos, el fondo del problema permanece: el uso de canales oficiales para prolongar la exposición política de una figura pública. La sanción y la vista al Congreso y a la Contraloría dejan claro que hubo responsabilidad, pero también abren una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto se está utilizando el aparato gubernamental para fines que rebasan la simple comunicación institucional? Porque cuando la línea entre informar y promover se borra, la confianza ciudadana también empieza a desdibujarse.