En sesión de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario en Guanajuato, legisladores de Morena votaron en contra de tres dictámenes impulsados por partidos de oposición, al considerar que sus planteamientos carecen de bases técnicas sólidas. Los diputados Plácida Calzada y Abraham Sotomayor señalaron que las propuestas partían de interpretaciones equivocadas sobre la política económica federal, la cual —afirmaron— mantiene un enfoque de justicia social sin descuidar la estabilidad financiera del país.

Uno de los puntos más debatidos fue la propuesta para solicitar al Gobierno de México restablecer estímulos fiscales a combustibles como gasolina y diésel para sectores productivos. Al respecto, Sotomayor explicó que estos apoyos dependen de factores como el comportamiento del mercado internacional del petróleo y presiones inflacionarias, por lo que no siempre es viable aplicarlos. Subrayó que mantenerlos en cero cuando no se requieren es una medida que contribuye al equilibrio económico nacional.

En materia agroalimentaria, también se desestimó un exhorto para analizar el impacto del precio internacional del maíz, al destacar que ya existen políticas enfocadas en fortalecer la producción nacional y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria. Asimismo, se rechazó intervenir en decisiones del Ejecutivo federal sobre programas pecuarios, al considerarse fuera del ámbito legislativo. Como resultado positivo de la sesión, se aprobó por unanimidad la creación de un fondo estatal para atender contingencias en el campo, con el objetivo de brindar mayor protección ante fenómenos climáticos y reforzar los esquemas de aseguramiento agropecuario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno insistirá en reducir los privilegios y el gasto de los partidos políticos, luego de que su reforma electoral no lograra la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados.

Ante ese escenario, el oficialismo impulsa ahora un “Plan B” legislativo con modificaciones a leyes secundarias que buscan disminuir los costos de la política y reorientar recursos públicos hacia obras y servicios en estados y municipios.

La mandataria sostuvo que el objetivo es terminar con excesos en la estructura política, particularmente en congresos estatales y ayuntamientos, donde —según señaló— existen sueldos, bonos y apoyos que elevan considerablemente el gasto público.

En este contexto, legisladores de Morena en Guanajuato se alinearon con la postura presidencial y respaldaron la iniciativa, defendiendo que la reducción de privilegios permitiría destinar más recursos a necesidades sociales y obras locales.

Sin embargo, la propuesta también ha generado críticas de la oposición, que advierte posibles conflictos con la autonomía de los estados y cuestiona si el recorte a los congresos locales realmente resolverá problemas de fondo como la inseguridad o la falta de servicios.

Mientras tanto, el debate continúa en el Congreso, donde Morena y sus aliados buscan construir acuerdos para sacar adelante el nuevo paquete de cambios electorales

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La autopista que conecta a Guanajuato con Silao fue inaugurada el 16 de agosto de 1989, durante el gobierno de Rafael Corrales Ayala. Desde entonces, esta vía rápida de aproximadamente 13.5 kilómetros se convirtió en uno de los accesos más importantes hacia la capital del estado, facilitando el traslado de trabajadores, estudiantes y turistas que diariamente circulan entre ambos municipios. 

Durante más de 35 años, la autopista y su caseta de cobro fueron administradas directamente por el Gobierno del Estado de Guanajuato, generando importantes ingresos por peaje para las finanzas públicas. Tan solo entre 2020 y 2024, la vía llegó a recaudar más de mil millones de pesos, recursos que se destinaban al mantenimiento de la carretera y a otros proyectos de infraestructura estatal. 

Sin embargo, en septiembre de 2024, la autopista fue concesionada por 30 años al consorcio integrado por VISE y Construcciones Rubau, que desde el 19 de diciembre de 2024 asumió la operación de la vía y el cobro del peaje. La empresa también se comprometió a rehabilitar la carretera, ampliar carriles y construir una nueva plaza de cobro para mejorar la movilidad hacia la capital del estado.