Guanajuato, Gto.- La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA, impulsó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado practique una auditoría integral de cumplimiento y desempeño al Ayuntamiento de Guanajuato, centrada en la forma en que se han gestionado las concesiones del Mercado Hidalgo.

La propuesta contempla que la revisión abarque, sin carácter limitativo, los procedimientos de otorgamiento, renovación, prórroga, revocación, caducidad, rescate y cualquier otra figura administrativa relacionada con dichas concesiones. Asimismo, se solicitó que la auditoría sea incorporada al Programa General de Fiscalización 2026 y que considere los ejercicios fiscales de 2024 y 2025, además del periodo en curso correspondiente a 2026.

En su exposición, la legisladora afirmó que la problemática del Mercado Hidalgo no responde a un conflicto aislado entre particulares, sino a una sucesión de decisiones y actuaciones de carácter público que, por su reiteración y forma de aplicación, han generado un clima permanente de incertidumbre y vulnerabilidad para los comerciantes frente a la autoridad municipal.

Aguilar Castillo recordó que con anterioridad ha promovido exhortos vinculados a hechos ocurridos dentro del inmueble, donde, según testimonios, personal del Ayuntamiento y directivos habrían intentado desalojar y detener a locatarios. También hizo referencia a la posible existencia de irregularidades sistemáticas tanto en la ejecución de los desalojos como en los procesos mediante los cuales se asignan las concesiones.

La diputada señaló que, durante una visita reciente al Mercado Hidalgo, los propios comerciantes le manifestaron que persisten los presuntos abusos de autoridad, motivo por el cual le entregaron diversos documentos que describen las afectaciones que aseguran haber sufrido.

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A partir de estos señalamientos, Aguilar Castillo sostuvo que el fondo del problema radica en una administración caracterizada por procesos opacos, dictámenes cuestionables y criterios poco claros, así como decisiones que presuntamente benefician a personas cercanas o con vínculos familiares. A ello se suman, dijo, desalojos y retenciones de bienes con respaldo de la fuerza pública, sin que existan garantías visibles para quienes resultan afectados.

Finalmente, la legisladora precisó que los hechos denunciados deben analizarse en tres momentos específicos: el otorgamiento de concesiones durante 2024, 2025 y el periodo concomitante de 2026; la fase de ejecución de esas concesiones, que incluye desalojos, entrega de espacios y eventual apoyo policial; y los procesos de regularización, renovación, revocación o caducidad, a fin de esclarecer responsabilidades y garantizar certeza jurídica a los comerciantes.

La semana pasada acudimos a las canchas de tenis de la Deportiva Torres Landa, donde fue evidente una serie de carencias y descuidos que contrastan con el cobro que se realiza a los usuarios por persona. Las canchas presentan un deterioro notable, con superficies en malas condiciones que dificultan la práctica del deporte y representan un riesgo para quienes acuden a entrenar o jugar.

A esto se suma el estado de las redes, las cuales se encuentran visiblemente dañadas y sin el mantenimiento adecuado, lo que afecta directamente la calidad del servicio que se ofrece. A pesar de estas deficiencias, el acceso a las instalaciones no es gratuito, situación que ha generado inconformidad entre los usuarios que esperan espacios dignos y funcionales.

Otro de los problemas detectados es el desorden en el área de estacionamiento, donde no existe una organización clara, lo que provoca molestias y posibles conflictos entre los visitantes. Ante esta situación, ciudadanos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que revisen las condiciones de estas instalaciones deportivas y se garantice un servicio acorde a lo que se cobra. Por razones de seguridad, el denunciante solicitó reservar su identidad

Guanajuato, Gto.- La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado promovió un punto de acuerdo para solicitar al Ayuntamiento de Guanajuato una revisión inmediata del sistema de semaforización recientemente implementado en la capital, con el propósito de evaluar su funcionamiento y asegurar condiciones adecuadas de movilidad, seguridad vial, accesibilidad y eficiencia para peatones, automovilistas y el transporte de bienes.

Al argumentar la propuesta, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia recordó que en junio del año pasado el gobierno municipal avaló el dictamen denominado “Atención a puntos conflictivos en el municipio de Guanajuato, Gto.”, con una inversión de 58 millones de pesos, elaborado por la Dirección General de Obra Pública.

Dicho dictamen derivó en la asignación del contrato a la empresa SEMEX S.A. de C.V. para la colocación de semáforos en ocho cruceros catalogados como conflictivos, sin que, señaló, existiera un estudio técnico que respaldara la pertinencia de dichas intervenciones.

La legisladora subrayó que los semáforos comenzaron a operar el 23 de diciembre de 2025 y, desde entonces, han generado problemas de circulación y congestionamientos viales, situación que, dijo, puso en evidencia la improvisación y la falta de planeación en el diseño e implementación del proyecto.

Indicó además que, tras revisar los instrumentos de planeación municipal, se detectó que el Programa Municipal de Movilidad correspondiente al periodo 2021-2024 no contempla de manera puntual ni analítica la instalación de semáforos. De igual forma, añadió que el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), presentado en 2025 y que establece la proyección de desarrollo urbano de Guanajuato hacia 2050, no incluye referencias a este tipo de infraestructura en ninguno de sus apartados.

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Tiscareño Agoitia señaló que la inconformidad ciudadana ha sido constante y enfatizó la necesidad de realizar estudios técnicos, consultas públicas y análisis especializados que permitan garantizar una operación adecuada de la infraestructura vial, urbana y carretera, conforme a los principios que rigen el derecho a la movilidad.

Finalmente, sostuvo que el Ayuntamiento de Guanajuato debe cumplir con las disposiciones legales vigentes y llevar a cabo una inspección exhaustiva del sistema de semáforos, a fin de identificar áreas de oportunidad y aplicar medidas correctivas que atiendan las demandas de la población.