El gobierno municipal ha intentado instalar, a través de sus propios medios, la narrativa de que los concesionarios son los responsables del deterioro del transporte público en Guanajuato capital. Sin embargo, esa versión ignora deliberadamente una realidad incómoda: el verdadero control —y el verdadero estancamiento— no está en manos de quienes operan las unidades, sino del propio Ayuntamiento. El discurso oficial busca un culpable fácil, mientras evade su responsabilidad directa en la crisis que viven a diario miles de usuarios.

Para el proceso de concesiones 2025-2026 se establecieron requisitos que, en el papel, parecían razonables: solvencia económica, renovación vehicular y modernización del servicio. Muchos concesionarios presentaron cartas de intención y apostaron por cumplir. Pero el municipio aplicó la ley de manera selectiva: a unos les exigió todo; a otros, nada. Mientras concesionarios formales eran frenados o empujados a procesos legales, unidades “pirata”, prestanombres y rutas irregulares siguieron operando con total impunidad, protegidas por la omisión gubernamental.
La contra narrativa es clara: los concesionarios no secuestraron el transporte, el municipio lo hizo. Regidores y actores ligados al gobierno local tienen intereses directos en el sistema de transporte, y aun así nunca fueron sometidos a los mismos filtros ni exigencias. ¿Por qué a ellos no se les aplicaron los requisitos que sí se usaron para excluir a otros? ¿Por qué algunas unidades circulan sin cumplir normas básicas mientras otras fueron bloqueadas? La respuesta no está en la capacidad de los concesionarios, sino en el uso político del control administrativo.
Hoy, el mensaje implícito es peligroso: quien paga piso o tiene respaldo político trabaja sin problemas; quien intenta competir o mejorar sin alinearse, es marginado. El municipio prefiere culpar a los concesionarios antes que reconocer que administra el caos que él mismo creó. Y mientras el gobierno siga siendo juez, operador y beneficiario, el transporte público seguirá deteriorándose, no por falta de inversión privada, sino por un poder público que decidió controlar el sistema en lugar de mejorarlo.

En una entrevista con The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la supervisión estadounidense sobre Venezuela “solo el tiempo lo dirá” y adelantó que podría extenderse por varios años, más allá de los primeros meses o un año. Trump destacó que su administración planea reconstruir Venezuela “de una forma muy rentable”, con especial énfasis en el uso y la venta de petróleo, y aseguró que la relación con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez es positiva en este momento.

Trump también reveló un plan para refinar y comercializar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que estaban bloqueados bajo sanciones, lo que sería parte de una estrategia coordinada con las autoridades venezolanas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar. Aunque evitó dar una fecha para elecciones o un final claro a la supervisión, señaló que las autoridades venezolanas “están dando todo lo que sentimos que es necesario”.

Esta declaración llega en medio de una amplia presencia y control de EE. UU. sobre la gestión del país sudamericano, especialmente en recursos energéticos, y ha generado atención internacional por la prolongación de la influencia política y económica estadounidense en la región.

A días de iniciar el ciclo escolar, madres de familia de la Escuela Independencia denunciaron que durante el periodo vacacional se les obliga a realizar labores de limpieza en el plantel o, de no hacerlo, a pagar una cuota de 30 pesos por padre, sin que exista un acuerdo previo ni voluntario.

Las denunciantes señalan que estas decisiones son impuestas por vocales y comités, ante la falta de autoridad de la directora, permitiendo que ciertos padres y maestras tomen decisiones sin consenso, especialmente en actividades como graduaciones, kermeses y cooperaciones.

Además, acusan favoritismo y conflictos internos que han generado un ambiente desgastante, por lo que exigen respeto a su tiempo de vacaciones y la intervención de la Supervisión Escolar para frenar estas prácticas.