La presidenta Claudia Sheinbaum encendió el debate nacional al plantear que la nueva ley contra el feminicidio podría aplicarse de manera retroactiva, es decir, alcanzar casos ocurridos antes de su aprobación.

Aunque la iniciativa aún no contempla este punto en la Constitución, la mandataria reconoció que se analizará si es viable incluirlo con apoyo de la Fiscalía y la Secretaría de las Mujeres.

La propuesta forma parte de una reforma más amplia que busca endurecer castigos —de hasta 70 años de prisión— y homologar la investigación de feminicidios en todo el país para combatir la impunidad.

Además, el gobierno no descarta revisar expedientes de casos anteriores que quedaron sin resolver, lo que podría reabrir investigaciones emblemáticas y dar un nuevo giro a la búsqueda de justicia para las víctimas.

La posibilidad de aplicar la ley hacia atrás genera expectativa… pero también polémica: ¿se trata de justicia histórica o de un terreno legal riesgoso?

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El municipio de Taxco, Guerrero, volvió a colocarse en el centro de la violencia luego de que el alcalde Juan Andrés Vega Carranza fuera privado de la libertad mientras intentaba negociar la liberación de su padre, secuestrado días antes.

De acuerdo con autoridades, el edil acudió durante la madrugada a un punto de la ciudad tras ser citado por presuntos delincuentes. Sin embargo, el intento por rescatar a su padre terminó en su propia desaparición.

El padre del alcalde, director de un hospital del IMSS-Bienestar, había sido privado de la libertad desde el sábado, lo que detonó una intensa movilización de fuerzas de seguridad en la región.

Ante la gravedad del caso, más de 500 elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales desplegaron un operativo en Guerrero y estados vecinos para dar con su paradero.

Horas después, autoridades federales confirmaron que tanto el alcalde como su padre fueron localizados con vida tras el operativo.

El caso exhibe nuevamente el nivel de riesgo que enfrentan autoridades locales en zonas marcadas por la presencia del crimen organizado.

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La disputa por la herencia del empresario Carlos Aguirre Gómez, exdirector de Grupo Radio Centro, escaló a un nivel explosivo: su viuda acusa a los hijos del magnate de fabricar delitos para arrebatarle el patrimonio.

Rosa María Rubio Zepeda fue detenida en Miami el pasado 1 de abril, mientras enfrenta en México cargos por secuestro y homicidio. Sin embargo, su defensa asegura que todo forma parte de una estrategia legal para presionarla a renunciar a la herencia que le fue otorgada.

De acuerdo con sus abogados, la denuncia surgió apenas días después de la muerte del empresario en 2020, lo que levanta dudas sobre el trasfondo del caso. “No es justicia, es una forma de presión”, sostienen, al señalar que el conflicto familiar fue llevado al terreno penal.

El caso ha destapado una guerra interna por el control de una de las familias más influyentes en la radio mexicana, evidenciando cómo una herencia millonaria puede terminar en acusaciones dignas de un thriller judicial.