El estado de Guanajuato inició el 2026 con un panorama alarmante: al menos seis personas buscadoras permanecen desaparecidas, a lo que se suma el asesinato de por lo menos nueve madres y padres buscadores en los últimos años. Esta realidad exhibe la vulnerabilidad extrema de quienes, ante la ausencia del Estado, se organizan para buscar a sus familiares desaparecidos y terminan convirtiéndose también en víctimas.

Entre los casos de personas buscadoras desaparecidas se encuentran Martha Leticia Gallardo Martínez (abril de 2018), Lorenza Cano Flores (enero de 2024), Luz Alejandra Lara Cárdenas y Óscar Iván Jiménez Torres (noviembre de 2024), Francisco Arias Mendoza (junio de 2025) y José Juan Arias Corona, reportado como desaparecido el 28 de diciembre de 2025. Estos nombres reflejan una constante: la búsqueda de justicia y verdad se paga en Guanajuato con amenazas, desapariciones y muerte.

El caso más reciente es el de José Juan Arias Corona, padre buscador de “Juanito”, un adolescente de 15 años desaparecido desde el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago. José Juan fue visto por última vez la mañana del 28 de diciembre, luego de dejar a su esposa en su trabajo, en la comunidad de Rancho U. Desde entonces no se sabe nada de su paradero, pese a que su desaparición fue reportada de manera oficial.

Este contexto coloca a Guanajuato como uno de los estados más peligrosos para las personas buscadoras. Casos como el de Teresa Magueyal, asesinada en 2023 en Celaya; María del Carmen Vázquez, homicidio en 2022 en Abasolo; y Francisco Javier Barajas Piña, asesinado en 2021 en Salvatierra, evidencian un patrón de violencia sistemática. Organismos como la CIDH han advertido que, en entidades como Guanajuato, Sonora, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, buscar a un desaparecido se ha convertido en una actividad de alto riesgo, ante la omisión, la impunidad y la falta de garantías reales de protección por parte del Estado.

Guanajuato vive una paradoja en su violencia: bajan los homicidios, pero otros delitos letales se disparan, a pesar de que los homicidios dolosos en Guanajuato registraron una notable baja en los últimos meses.

Un alarmante repunte en otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal está encendiendo las alertas. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que entidades como Guanajuato se colocan entre las más afectadas por estas conductas no convencionales, poniendo en evidencia una realidad más compleja y menos contable que la simple métrica de asesinatos.

De enero a octubre de 2025, el estado reportó 1,962 víctimas en el rubro denominado “otros delitos que atentan contra la vida”, lo que representa un 13.40 % de los casos a nivel nacional. Estas cifras incluyen hechos que no necesariamente son homicidios tradicionales, como la inducción o ayuda al suicidio, el peligro de contagio o la inseminación no consentida, entre otros.

El aumento ha sido explosivo, pasando de prácticamente cero en 2018 a registros récord en meses recientes. Analistas como David Saucedo han advertido que parte de esta escalada podría obedecer a una estrategia para “maquillar” las estadísticas de homicidios: reclasificar muertes para mostrar una reducción aparente.

México Evalúa, por su parte, documentó que entre 2018 y septiembre de 2025, las víctimas de estos “otros delitos” se incrementaron un 118.2 %, mientras que los desaparecidos crecieron un 112.9 %.

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Ante estas discrepancias, las autoridades de Guanajuato defienden su estrategia de seguridad: la Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) ha desplegado un plan con inteligencia, prevención y coordinación institucional para atender ese tipo de delitos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil piden mayor transparencia: exigen acceso a las carpetas de investigación para verificar qué se incluye dentro de esas cifras y cómo se tipifican las víctimas. Solo así, argumentan, será posible saber si realmente hay una pacificación real o si la violencia simplemente se está desplazando a categorías menos visibles.

Este lunes se dio a conocer que los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato avanzan en la implementación de un convenio de seguridad firmado recientemente, cuyo objetivo principal es fortalecer la coordinación en la lucha contra la delincuencia organizada que opera en ambas entidades.

Como parte de este acuerdo, se acordó que las acciones conjuntas se concentrarán en labores de inteligencia, proximidad social, búsqueda de personas, operativos de prevención y reacción inmediata ante situaciones delictivas. Con estas medidas se pretende no solo inhibir actividades criminales, sino también robustecer las carpetas de investigación que permitan girar órdenes de aprehensión contra integrantes de estructuras delictivas con presencia en los dos territorios.

En el caso de San Luis Potosí, los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierranueva, Rioverde y San Ciro de Acosta serán los primeros en recibir beneficios directos de estas acciones. Mientras que, en Guanajuato, se pondrá atención especial en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú, considerados puntos estratégicos para el blindaje de la región.

La premisa que guía esta colaboración es que los grupos criminales no reconocen fronteras estatales, lo que hace indispensable que los gobiernos actúen de manera coordinada para cerrar espacios de operación y evitar que los delincuentes aprovechen vacíos legales o de jurisdicción.

De acuerdo con las autoridades, el plan contempla resultados en distintas fases. A corto plazo, se definirán operativos específicos durante la próxima mesa de seguridad que tendrá lugar en Silao, Guanajuato. A mediano plazo, se espera disminuir la capacidad de operación de las organizaciones delictivas. Y a largo plazo, la meta es construir condiciones más seguras que favorezcan la inversión, el turismo y el desarrollo económico de la región.

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