Irapuato, Gto. – La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó la detención de tres personas presuntamente vinculadas a delitos de alto impacto, durante un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales.

El despliegue se llevó a cabo en la colonia San Cayetano y las personas detenidas fueron identificadas como Cristopher Jovany “N”, Javier “N” y Francisco “N”.

De acuerdo con las investigaciones, los tres formarían parte de un grupo criminal con presencia en la ciudad y estarían presuntamente relacionados con la distribución de droga en diversas colonias, además de ordenar hechos violentos para el control de puntos de venta.

Durante la intervención se aseguraron 40 dosis de una hierba seca con las características de la marihuana, 304 dosis de presunta metanfetamina (cristal), 50 de posible cocaína, un arma corta, 33 cartuchos útiles, un cargador, una motocicleta y tres teléfonos celulares.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que determinará su situación jurídica. La Secretaría precisó que en todo momento se respetaron los derechos humanos de las personas detenidas.

Advertisement

Un juez federal ha impuesto una sentencia de 11 años y un mes de prisión a Erick Hazael Ramos Mendoza, alias “El Haza” o “El Gordo”, tras ser hallado responsable por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, en perjuicio del periodista Ciro Gómez Leyva.

Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2022, cuando Ramos Mendoza condujo la motocicleta en la que viajaba Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias “El Bart”, quien efectuó múltiples disparos contra el periodista con la intención de desvivirlo. Durante el procedimiento, el acusado decidió acogerse a un proceso abreviado, reconociendo su participación para agilizar la resolución del juicio.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ejerció la facultad de atracción del caso, al demostrar que el atentado se llevó a cabo con la finalidad de restringir el derecho a la libertad de expresión. En total, 12 de las 14 personas investigadas por este ataque ya han sido condenadas por su implicación en los delitos de asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa.

Con esta sentencia, las autoridades buscan afirmar un mensaje de firmeza frente a agresiones contra periodistas, mientras se refuerza la lucha legal para proteger la labor periodística en México. El fallo enfatiza que atacar a quienes ejercen la libertad de expresión constituye un asalto no solo contra el individuo, sino contra el derecho público de la ciudadanía a estar informada.

Concesionarios del transporte público urbano de Guanajuato capital solicitaron formalmente al Ayuntamiento y a la presidenta municipal una reunión urgente para revisar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), así como la reciente declaratoria de necesidad aprobada por el Cabildo.

A través de dos escritos entregados en marzo y septiembre de este año, han pedido una mesa de trabajo que hasta la fecha no ha sido atendida.

Los transportistas aseguran que existen inconsistencias y contradicciones entre los documentos técnicos que han servido de base para tomar decisiones recientes en materia de movilidad: el PIMUS, el diagnóstico de transporte público y el dictamen técnico de necesidad. Estas diferencias, afirman, podrían poner en riesgo la viabilidad operativa del sistema de transporte y generar impactos económicos negativos tanto para concesionarios como para los usuarios.

Uno de los principales puntos de preocupación es que se plantea una supuesta sobreoferta de unidades y rutas sin que se hayan realizado estudios actualizados que reflejen la realidad de la demanda. Temen que una mala interpretación de los datos conlleve a una convocatoria mal planteada para nuevas concesiones, lo cual podría afectar la calidad del servicio, elevar los costos de operación y, en consecuencia, las tarifas para la ciudadanía.

Además, señalaron que muchos de los concesionarios actuales no cuentan con la capacidad financiera para renovar sus unidades sin apoyos institucionales, lo que agravaría el problema si se exigieran nuevas inversiones sin una estrategia clara. También se mostraron preocupados por la posibilidad de que actores externos al sistema actual sean incluidos en futuras licitaciones sin condiciones equitativas.

Los representantes del transporte reiteraron su disposición al diálogo y al trabajo conjunto con las autoridades, pero insistieron en la necesidad de transparencia, participación y una planeación basada en datos reales y criterios técnicos confiables. “Queremos colaborar en la mejora del servicio, pero necesitamos que se escuche nuestra voz y que las decisiones se tomen con fundamento y responsabilidad social”, indicaron.

Advertisement