San José de Iturbide, Gto.- Se logró la detención de cinco personas identificadas como presuntos generadores de violencia, además del aseguramiento de tres vehículos con reporte de robo, un artefacto explosivo y presunta droga.

El primer operativo se activó tras un reporte recibido en el Sistema Estatal C5I, derivado de una agresión con armas de fuego en contra de personal de las fiscalías de Guanajuato y Querétaro, ocurrida en la colonia Centro.

Posteriormente, se atendió un reporte de robo de vehículo con violencia en la comunidad La Huerta, evento en el que una mujer perdió la vida y un joven resultó lesionado, lo que motivó el reforzamiento de la presencia operativa en la zona.

Durante los patrullajes, los oficiales aseguraron tres vehículos con reporte de robo vigente y localizaron una granada de fragmentación en caminos de terracería de la comunidad Buenavistilla.

Más tarde, a partir de un reporte ciudadano al número de emergencias 911 sobre la presencia de personas armadas en la comunidad La Torna, se desplegó un nuevo operativo que culminó con la detención de cinco individuos y el aseguramiento de 27 envoltorios con una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Las personas detenidas, originarias de los estados de Jalisco y Nayarit, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su probable participación en los hechos ocurridos en el municipio.

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La Fiscalía General del Estado acreditó la responsabilidad penal de JONATHAN “N” por el delito de feminicidio, cometido el 10 de mayo de 2024 en el municipio de San Francisco del Rincón.

De acuerdo con las investigaciones, el sentenciado ingresó de manera violenta a un domicilio ubicado en la comunidad Salto de la Zorra, donde privó de la vida a la víctima por estrangulación, en un contexto previo de conductas reiteradas de acoso.

Durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada en el juicio oral, el Ministerio Público solicitó la imposición de una pena de prisión, sustentando su petición en los datos de prueba desahogados a lo largo del proceso penal.

Derivado de lo anterior, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria en contra del acusado, imponiéndole una pena de 30 años de prisión, el pago de una multa económica y la reparación integral del daño, que contempla los gastos funerarios, la indemnización correspondiente y la reparación del daño moral a favor de las víctimas indirectas.

Autoridades federales y estatales lograron la detención de tres hombres presuntamente vinculados a extorsiones contra productores de limón, así como al uso de drones y artefactos explosivos, en el estado de Michoacán.

La acción fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en conjunto con la Fiscalía y la Policía estatal.

Derivado de trabajos de inteligencia, las fuerzas de seguridad desarrollaron líneas de investigación en torno a una célula delictiva generadora de violencia, dedicada al manejo de drones, explosivos y actividades de extorsión en contra de productores citrícolas de la región. Como parte del seguimiento, se identificó a la localidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán, como una de las principales zonas de operación del grupo.

Con esta información, se desplegaron distintos dispositivos de seguridad y, durante recorridos de vigilancia, los agentes localizaron a los tres sujetos investigados, a quienes les marcaron el alto para realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión se les aseguraron cinco teléfonos celulares, dos controles para dron, dos radios de comunicación, 14 cartuchos útiles, piezas de armas de fuego, una réplica de arma, un arma de fabricación artesanal y tres bolsas con presunta droga.

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Los detenidos, de 30, 32 y 35 años de edad, fueron informados del motivo de su detención y de sus derechos conforme a la ley, y junto con los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.