La sesión de Ayuntamiento realizada en las nuevas canchas del barrio del Carrizo se convirtió en un reflejo claro de las tensiones internas en la oposición municipal, tras la aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 2050 (PMUDOET). La votación avaló por mayoría un documento que promete ordenar el crecimiento urbano de la ciudad y proteger áreas naturales como La Bufa y la Sierra de Santa Rosa.

Lo que llamó la atención fue la ruptura en la disciplina de Morena: mientras la regidora Fernanda Arellano Caudillo y el regidor Víctor Hugo Larios Ulloa votaron en contra del programa, sus compañeros de partido, Julio César García Sánchez y Celia Carolina Valadez Beltrán, respaldaron la mayoría panista y aprobaron el plan. A esta decisión se sumaron la regidora de Movimiento Ciudadano, Liliana Alejandra Preciado Zárate, y Olga Fabiola Durán Torres, del Partido del Trabajo, partidos que en el Congreso local se han mostrado como una verdadera oposición.

La presidenta municipal, Samantha Smith, defendió el PMUDOET como un instrumento que establece reglas claras para el desarrollo urbano, evitando improvisaciones que en el pasado provocaron colonias sin servicios, fraccionamientos irregulares y deficiencias de infraestructura.

No obstante, la aprobación estuvo marcada por la crítica de la oposición. Fernanda Arellano expresó su rechazo argumentando que 243 observaciones emitidas por el Instituto de Planeación del Estado (IPLANEG) no fueron presentadas al pleno municipal, lo que impidió un análisis más amplio del plan. Subrayó que su voto en contra no se basa en un rechazo sistemático, sino en la necesidad de exigir transparencia y acceso a información completa para evitar decisiones opacas en proyectos clave para la ciudad. Reconoció que el plan contaba con los votos suficientes para ser aprobado, pero se negó a sumarse a una mayoría que, según dijo, ya había tomado su decisión antes de la sesión.

Por su parte, el regidor Hugo Larios Ulloa señaló que el “desorden” que critica la presidencia municipal fue generado por administraciones anteriores de las cuales dos encabezo su esposo, ex presidente municipal Alejandro Navarro, y que el documento aprobado solo refleja una corrección parcial realizada por el gobierno estatal, especialmente en temas ambientales. Larios detalló que cerca del 80% de las observaciones, 79.31% para ser exactos, eran de carácter técnico, lo que expone la debilidad con que se construyó originalmente el plan. Señaló que, aunque ahora existe un plan aprobado, un papel no cambia las prácticas, y que será necesario vigilar su cumplimiento.

La sesión evidenció que el PMUDOET, además de ser un instrumento de planeación urbana, se convirtió en un termómetro de las tensiones políticas locales. La votación dividida de Morena, con dos regidores respaldando la mayoría panista mientras otros dos se mantenían en contra, subraya las contradicciones y los intereses que atraviesan al Ayuntamiento.

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Este lunes se dio a conocer que los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato avanzan en la implementación de un convenio de seguridad firmado recientemente, cuyo objetivo principal es fortalecer la coordinación en la lucha contra la delincuencia organizada que opera en ambas entidades.

Como parte de este acuerdo, se acordó que las acciones conjuntas se concentrarán en labores de inteligencia, proximidad social, búsqueda de personas, operativos de prevención y reacción inmediata ante situaciones delictivas. Con estas medidas se pretende no solo inhibir actividades criminales, sino también robustecer las carpetas de investigación que permitan girar órdenes de aprehensión contra integrantes de estructuras delictivas con presencia en los dos territorios.

En el caso de San Luis Potosí, los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierranueva, Rioverde y San Ciro de Acosta serán los primeros en recibir beneficios directos de estas acciones. Mientras que, en Guanajuato, se pondrá atención especial en Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú, considerados puntos estratégicos para el blindaje de la región.

La premisa que guía esta colaboración es que los grupos criminales no reconocen fronteras estatales, lo que hace indispensable que los gobiernos actúen de manera coordinada para cerrar espacios de operación y evitar que los delincuentes aprovechen vacíos legales o de jurisdicción.

De acuerdo con las autoridades, el plan contempla resultados en distintas fases. A corto plazo, se definirán operativos específicos durante la próxima mesa de seguridad que tendrá lugar en Silao, Guanajuato. A mediano plazo, se espera disminuir la capacidad de operación de las organizaciones delictivas. Y a largo plazo, la meta es construir condiciones más seguras que favorezcan la inversión, el turismo y el desarrollo económico de la región.

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El retraso en el arranque del proyecto de semaforización por 58 millones de pesos en Guanajuato capital confirma un patrón que ya se había visto con las polémicas estatuas de Capelo: decisiones tomadas desde el escritorio de la alcaldía, sin consulta a la ciudadanía y sin sustento técnico previo.

En el caso de los semáforos, la propia alcaldesa Samantha Smith reconoce que el estudio técnico aún ni siquiera ha comenzado, pues depende de un anticipo para la empresa SEMEX S.A. de C.V. —la misma que ha recibido contratos millonarios en otros municipios gobernados por el PAN—. Es decir, se aprobó el gasto antes de saber si la obra era realmente necesaria o viable.

La historia es conocida: en 2024, las esculturas de Capelo fueron instaladas en el Centro Histórico sin contar con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En aquel momento, Smith llegó a declarar que era “mejor pedir perdón que pedir permiso”. Un mensaje que hoy resuena más fuerte: la misma lógica de improvisación y soberbia política se repite en los semáforos.

Ni vecinos, ni asociaciones, ni especialistas en movilidad fueron consultados antes de aprobar la millonaria inversión. Tampoco hubo mecanismos de difusión claros para que la población conociera, discutiera o decidiera sobre el destino de sus impuestos.

Mientras tanto, sectores como cultura, turismo y programas de protección infantil han sufrido recortes para financiar el proyecto. La paradoja es evidente: se sacrifican áreas sensibles y de alto impacto social para costear semáforos cuya justificación técnica aún está en el aire.

La falta de mecanismos de participación ciudadana convierte decisiones públicas en imposiciones que castigan a la mayoría. Al negar información clara y oportuna, la autoridad erosiona la confianza y refuerza la percepción de que los recursos públicos se utilizan con fines políticos y no comunitarios.

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Es urgente que Guanajuato cuente con espacios de consulta vinculante, presupuestos participativos y una difusión amplia de proyectos antes de ejecutarlos. Los habitantes tienen derecho a saber cómo, en qué y por qué se invierten sus impuestos.

Lo que está en juego no son solo semáforos ni esculturas: es la manera en que se toman las decisiones que afectan la vida diaria de la ciudad. Una democracia local sin participación ciudadana es apenas una simulación. Y esa simulación, financiada con nuestros impuestos, es la verdadera injusticia.