Seguridad
El cobro de piso en Guanajuato: una amenaza que afecta los bolsillos de todos
El estado de Guanajuato enfrenta un problema creciente y alarmante que pone en riesgo no solo a los comerciantes, sino a toda la sociedad: el cobro de piso
Pequeños negocios en diferentes municipios, como tiendas de abarrotes, panaderías y estéticas, se ven obligados a pagar entre 1,000 y 5,000 pesos semanales para poder operar sin ser víctimas de violencia o amenazas. En algunos casos, este cobro representa hasta el 60% de las ventas para los comerciantes, afectando profundamente la economía local y la calidad de vida de las familias en todo el estado.
El modus operandi de quienes imponen estas cuotas es claro y sistemático: primero se acercan a los comerciantes con mensajes de “protección”, para después exigir pagos constantes bajo amenaza de daños, violencia o incluso contra sus familiares. El miedo y la inseguridad se vuelven parte del día a día de quienes solo buscan ganarse la vida dignamente.
Las consecuencias son palpables y se extienden por todo Guanajuato: el aumento en los costos de productos y servicios, el cierre de negocios que no pueden sostener estos pagos, la pérdida de empleos y la desconfianza social son algunas de las formas en que el cobro de piso golpea a las comunidades en todos los rincones del estado.
Además, muchas víctimas no denuncian por temor a represalias, lo que permite que este ciclo de extorsión se mantenga y se expanda silenciosamente.
Este problema no se limita a los negocios en zonas urbanas. En Guanajuato, el cobro de piso también se extiende a carreteras y vías de transporte, donde transportistas y conductores de carga son obligados a pagar para transitar sin problemas, evitando asaltos o daños a sus unidades. Estos pagos suelen realizarse en puntos específicos con poca vigilancia, como casetas y caminos rurales.
Detrás de este problema están diversos grupos del crimen organizado que operan en la región. Entre ellos destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con fuerte presencia y violencia en el estado, y el Cártel Santa Rosa de Lima, que aunque perdió influencia, históricamente estuvo involucrado en extorsiones y robo de combustible. Además, existen células y grupos locales que, bajo el mando o complicidad de los grandes cárteles, realizan cobros en sectores específicos, alimentando un ambiente de inseguridad constante en municipios como Celaya, León, Irapuato, Salamanca y muchos otros.
Ante esta situación, es urgente que la sociedad, las autoridades y los mismos comerciantes de todo el estado se unan para romper el silencio, denunciar y exigir estrategias efectivas que garanticen seguridad y justicia para Guanajuato.
¿Está el Estado dispuesto a enfrentar este problema que afecta a todos? ¿Qué papel deben jugar los ciudadanos y el gobierno para erradicar el cobro de piso y recuperar la tranquilidad en cada rincón de Guanajuato?
Nacional
Ataque armado cobra la vida de Claudia Ivett Rodríguez Estrada, dirigente del PRI en Guerrero
La violencia volvió a golpear a la política en México. La dirigente del PRI en la región de la Costa Chica de Guerrero, Claudia Ivett Rodríguez Estrada, fue asesinada a balazos en un ataque armado que ha generado indignación entre militantes y líderes del partido.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió la noche del 11 de marzo en el municipio de Ometepec, cuando hombres armados llegaron al negocio donde se encontraba la lideresa y dispararon en su contra antes de huir. La política también había sido comisaria de la comunidad de Milpillas.
El crimen fue confirmado por el senador priista Manuel Añorve Baños, quien condenó el asesinato y exigió a las autoridades una investigación a fondo para evitar que el caso quede impune.
Dirigentes del Partido Revolucionario Institucional también expresaron su solidaridad con la familia de la víctima y pidieron resultados inmediatos en las investigaciones. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente el móvil del ataque.
El asesinato vuelve a poner sobre la mesa la violencia que enfrenta la clase política en algunas regiones del país, particularmente en estados como Guerrero.
Inseguridad
Falla de la FGR pone contra las cuerdas el caso más grande de huachicol fiscal en México
El que ha sido considerado el caso más grande de huachicol fiscal en México enfrenta un fuerte revés judicial luego de que un tribunal revocara la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno. La decisión se originó por una omisión de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el proceso judicial, la FGR no notificó a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el procedimiento, un paso clave que terminó debilitando el caso ante los tribunales.



El empresario, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado de importar en 2019 28.7 millones de litros de diésel a bordo del buque Atlantic Bay, aunque en la declaración oficial sólo reportó 7.2 millones de litros.
Esta diferencia habría provocado un daño al erario de alrededor de 173 millones de pesos, debido a derechos e impuestos que no se pagaron, mientras el combustible presuntamente circuló en el mercado negro.
El caso había sido considerado uno de los golpes más relevantes contra el huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir combustibles al país con documentación falsa o con volúmenes menores a los reales para evadir impuestos.
Sin embargo, la falla en el procedimiento de la Fiscalía ahora pone en riesgo la continuidad del proceso penal y podría beneficiar al empresario señalado.
Guanajuato Capital
Continúa retiro de cableado en desuso en la calle Tepetapa
Autoridades continúan con los trabajos de retiro de cableado en desuso en la calle Tepetapa, en Guanajuato capital, como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y reducir riesgos para peatones y automovilistas.


Durante las labores, personal encargado realiza el corte y retiro de cables que permanecían colgando o sin funcionamiento en los postes de la zona. Este tipo de cableado, además de generar contaminación visual, puede representar un peligro en caso de desprendimientos o afectaciones por las condiciones climáticas.
Con estas acciones se busca ordenar la infraestructura de telecomunicaciones y mantener las vialidades más seguras, además de contribuir a conservar la imagen del centro histórico y de las calles más transitadas de la ciudad.
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