Julio de 2025 quedará marcado como un mes histórico en materia de seguridad para Guanajuato. Por primera vez en ocho años, el estado alcanzó su cifra mensual más baja de homicidios dolosos, con un total de 155 casos reportados. Detrás de esta estadística hay un cambio de fondo, sostenido por una estrategia de seguridad que ha priorizado la inteligencia, la coordinación y la atención a las causas de la violencia.

Desde que inició la actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se puso en marcha la estrategia CONFIA: Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen. Bajo este modelo, el estado comenzó a redibujar su mapa de intervención en materia de seguridad, apostando por el trabajo conjunto entre fuerzas estatales, federales y municipales, con presencia táctica regionalizada y una fuerte inversión en capacidades de investigación.

La cifra no solo destaca por su comparación histórica: posiciona a Guanajuato como el segundo estado con menor número de homicidios dolosos en el país durante julio, únicamente por debajo de Sinaloa, que reportó 174 casos, según datos preliminares de la Mesa de Seguridad Nacional. El promedio diario de homicidios también se redujo drásticamente, bajando a cinco casos por día, una disminución de casi el 47% en comparación con septiembre de 2024, cuando se registraban 9.4 diarios.

Otro indicador que evidencia este cambio es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, donde Guanajuato ahora se ubica en el octavo lugar nacional, alejándose de las primeras posiciones que durante años ocupó por su alta incidencia letal.

Entre enero y julio de este año, el acumulado preliminar indica 1,505 homicidios dolosos, lo que representa una disminución del 17.4% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 1,803 casos. Esta reducción también es la más significativa para un periodo enero-julio en los últimos ocho años.

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Las autoridades estatales atribuyen este logro a una combinación de factores: el uso de inteligencia para anticiparse a las dinámicas criminales, el combate frontal al crimen organizado, la profesionalización de las corporaciones policiacas y el fortalecimiento institucional. Pero también subrayan la importancia de la colaboración ciudadana como eje central de esta transformación.

Irapuato, Gto. – Un agente del Ministerio Público logró que un juez vinculara a proceso penal a José Alfonso “N”, conocido como “el patrañas” debido a su probable participación en el homicidio de una persona e intento de homicidio de otra. Esto ocurrido desde el 26 de diciembre del 2024 en la colonia San Miguelito, en Irapuato.

El crimen ocurrió en el andador Cristo Rey, alrededor de las siete y media de la noche, cuando las dos víctimas estaban en una jardinera. Arribó “el patrañas” en una motocicleta, descendió de ella con arma en mano y caminó directo hacia las víctimas donde disparó sin decir palabra alguna.

Uno de ellos perdió la vida y el otro resultó lesionado.

El agresor procedió a regresar a su motocicleta y huyó del lugar. Desde entonces las FGE inició una investigación que permitió identificar y tener a José Alfonso “N”.

Por el momento se le ha dictado la prisión preventiva y el plazo para concluir la investigación será de tres meses.

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Este lunes 28 de julio, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) tomaron las calles de Guanajuato para exigir lo que debería ser obvio: seguridad en su camino.

En voz del jurídico estatal de AMOTAC, delegación Guanajuato, el licenciado Omar Alberto Rodríguez López señala que la problemática en Guanajuato es alarmante. Guanajuato, corazón del Bajío y eje clave del tránsito comercial en México, se convirtió en un campo minado para quienes mueven al país sobre ruedas. A pesar de operativos coordinados, los asaltos, robos de carga y enfrentamientos armados siguen acechando a quienes circulan por sus carreteras.

Entre todas, la ruta Celaya – Villagrán – Juventino Rosas se consolidó como la más peligrosa, convirtiéndose en un corredor de alto riesgo dominado por el crimen organizado.

El modus operandi es tan claro como brutal: ponchallantas arrojados sobre el asfalto, bloqueos improvisados, amenazas armadas y robos de mercancías valuadas en millones de pesos. Las unidades son abandonadas, desvalijadas o incluso utilizadas para nuevos delitos.

El cártel de Santa Rosa de Lima, con fuerte presencia en esta zona, fue señalado por autoridades como el principal generador de violencia en esta ruta. Su disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación detonó enfrentamientos, ejecuciones y ataques a civiles.

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Aunque la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato intensificó los operativos —como el programa San Cristóbal 2025— y logró la detención de bandas dedicadas al robo de transporte, los incidentes no cesan. En junio, se recuperó un tractocamión cargado con refrigeradores en Romita y se detuvo a seis personas. En abril, se evitó el robo de dos unidades con autopartes valuadas en más de 600 mil pesos en la autopista Querétaro-San Luis Potosí. Sin embargo, estos casos son apenas una muestra de la escala del problema.

Aunque el foco más crítico está en Celaya y Villagrán, otras carreteras también registran alta incidencia: en la ruta Apaseo el Alto – Celaya es frecuente el robo de carga, mientras que la vialidad León – Lagos de Moreno es un paso estratégico de grupos armados.

Ante esto, autoridades y expertos aconsejan evitar circular de noche, usar GPS con monitoreo satelital, viajar en convoy y consultar alertas del C5i antes de cada recorrido.

La violencia carretera en Guanajuato no es solo un problema de seguridad: es un golpe al comercio, a la confianza social y a la vida cotidiana.

Mientras los transportistas ruedan entre sombras y asaltos, la pregunta es brutalmente simple: ¿vivirán para contar el trayecto?, ¿quién garantiza que llegarán a su destino?

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