Un nuevo caso de presunta corrupción salpicó al exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que se diera a conocer que la empresa mexicana Seguritech le habría otorgado una casa en Houston, Texas. Esto, presuntamente, a cambio de haber sido beneficiada con contratos millonarios en materia de seguridad durante su administración.

Seguritech, encabezada por Daniel Esquenazi y Ariel Picker, fue señalada por haber recibido diversos contratos con el gobierno guanajuatense, mientras que la propiedad en Houston fue puesta a disposición del exmandatario panista, ya sea como préstamo o como obsequio.

Durante conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre este caso. En respuesta, dejó claro que hay una diferencia entre una licitación transparente, en la que una empresa gana por cumplir con requisitos legales y de precio, y el hecho de que exista una contraprestación en especie, como una casa, derivada de esos contratos, lo cual constituye un acto de corrupción.

La presidenta señaló que el primero que debe salir a dar explicaciones es el propio Diego Sinhue, ya que la nota ha circulado en medios y genera serias dudas sobre la legalidad de las contrataciones. También recalcó que, en el proceso de entrega-recepción del gobierno estatal, cualquier irregularidad relacionada con estos contratos debe ser reportada formalmente.

Además, se mencionó que Seguritech también tendría contratos con otros gobiernos estatales, como los de Baja California, Quintana Roo y el Estado de México, con montos que superarían los 2 mil millones de pesos.

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Pese a la gravedad de las acusaciones, la presidenta señalò que no se ha observado que figuras opositoras como Xóchitl Gálvez o Lilly Téllez, quienes suelen pronunciarse sobre temas de corrupción, se hayan manifestado al respecto.

Guanajuato, Gto. 23 junio 2023.– Esta propuesta de las viviendas invadidas, emitida durante la mañanera de pueblo por el director del infonavit, ha causado mucha polémica en la sociedad mexicana.

Se anunció que este programa busca regularizar las viviendas invadidas y, a su vez, ofrecer certeza jurídica a personas que no cuentan con una propiedad propia.

¿Cómo? El director informó que el plan consiste en rentar la casa a los invasores por muy bajo costo y, posteriormente, que estas personas puedan adquirirla pagando una cantidad de acuerdo con sus ingresos económicos. Esta cantidad se le rebajará al total de la renta pagada previamente y su adquisición total comprende un periodo alrededor de 4 a 5 años.

Esta iniciativa busca que más de 9 millones de familias tengan un inmueble propio y así atender el problema que tiene la sociedad mexicana acerca de que muchas familias no puede acceder a una casa.

Se enfatizó que el programa no contempla viviendas que se encuentran al corriente con pagos o con propietarios legítimos que sigan al pendiente de la propiedad. Se procurará, además, que haya reglas claras y estrictas para que sea posible la renta y adquisición de estas infraestructuras en casos puntuales, pero sobre todo que no premien o incentiven la ocupación ilegal de residencias.

Segob asegura que no todas las casas invadidas se rentarán o venderán.

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Actualmente hay alrededor de 145, 000 casas ya registradas que se pretende recuperar para emprender la iniciativa.

“La gente no tiene por qué vivir feo solo porque gana poco”

También se mencionó la propuesta de las Viviendas del Bienestar, que busca ofrecer casas a un precio accesible con las siguientes características:

• Dejar atrás las viviendas pequeñas.
• Mal ubicadas.
• Sin servicios.
• Ofrecer 60 metros cuadrados.
• 2 habitaciones.
• Acceso a servicios básicos: agua, luz, drenaje, escuela, hospitales y centros laborales cercanos.
• En estas zonas se contemplará un 40% de territorio para áreas verdes, parques y vialidades adecuadas.

Estos dos programas contemplan toda la república mexicana, por lo tanto, el Estado de Guanajuato no es la excepción. No obstante, hasta el momento se ha anunciado que Guanajuato capital no será beneficiario de este programa durante este sexenio. Las explicaciones que ofrece el gobierno estatal es que no cumple con las exigencias del programa: baja densidad poblacional, falta de reserva territorial adecuada para el desarrollo habitacional, no se ha aprobado aún el PMDUOET (Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial).

Ciudad de México, 19 de junio de 2025. – Las Comisiones Unidas de Gobernación, de Economía y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo de esta nueva legislación es transformar la forma en que los ciudadanos interactúan con el gobierno, promoviendo modelos de atención innovadores y accesibles.

El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, respaldó la iniciativa con su voto a favor, en beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), así como de las familias mexicanas. Destacó que actualmente abrir un negocio o conseguir un permiso puede tardar más de tres meses debido a la carga de trámites existentes.

Según datos presentados, en el ámbito federal hay más de 7 mil trámites, a los que se suman un promedio de 523 en cada uno de los 32 estados y 144 más por municipio. Esta suma da un total de más de 350 mil trámites en todo el país. A lo largo de su vida, una persona realiza en promedio 486 trámites, de los cuales el 85% corresponden a gestiones estatales y municipales.

La ley contempla la creación del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, una plataforma digital nacional que servirá como medio de consulta y difusión de todos los trámites y servicios a cargo de autoridades de los tres niveles de gobierno. Esta medida busca erradicar requisitos innecesarios y optimizar el tiempo de los ciudadanos.

Emmanuel Reyes Carmona afirmó que el Estado debe ser un apoyo y no un obstáculo para el desarrollo de las familias mexicanas, y reiteró su compromiso como legislador de continuar con la transformación institucional en beneficio del pueblo de México, fomentando la modernización, apertura y transparencia en el sector público.

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