La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los alcaldes de 61 de los municipios más violentos de México para diseñar una estrategia conjunta que permita frenar la inseguridad y atender las causas de la violencia en estas zonas. Entre las ciudades llamadas a Palacio Nacional destacan León, Celaya e Irapuato, en el estado de Guanajuato.

El encuentro busca presentar un programa especial de intervención social y prevención del delito, basado en un diagnóstico federal que analiza indicadores de seguridad, pobreza y factores sociales que influyen en la criminalidad.

De acuerdo con la mandataria, la estrategia incluirá programas dirigidos principalmente a jóvenes, con proyectos como los centros “México Imparable”, enfocados en ofrecer oportunidades y reducir la vulnerabilidad frente al crimen.

La violencia en México se concentra en un número reducido de municipios donde se registra una gran parte de los homicidios, muchos vinculados a disputas entre grupos del crimen organizado.

Por ello, el Gobierno federal busca trabajar directamente con los alcaldes, gobernadores y autoridades locales, para reforzar la presencia del Estado y construir soluciones específicas para cada región.

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El que ha sido considerado el caso más grande de huachicol fiscal en México enfrenta un fuerte revés judicial luego de que un tribunal revocara la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra el empresario Edgar Marín Meza Moreno. La decisión se originó por una omisión de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el proceso judicial, la FGR no notificó a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el procedimiento, un paso clave que terminó debilitando el caso ante los tribunales.

El empresario, dueño de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado de importar en 2019 28.7 millones de litros de diésel a bordo del buque Atlantic Bay, aunque en la declaración oficial sólo reportó 7.2 millones de litros.

Esta diferencia habría provocado un daño al erario de alrededor de 173 millones de pesos, debido a derechos e impuestos que no se pagaron, mientras el combustible presuntamente circuló en el mercado negro.

El caso había sido considerado uno de los golpes más relevantes contra el huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir combustibles al país con documentación falsa o con volúmenes menores a los reales para evadir impuestos.

Sin embargo, la falla en el procedimiento de la Fiscalía ahora pone en riesgo la continuidad del proceso penal y podría beneficiar al empresario señalado.

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La noche del 3 de marzo, el líder ganadero Samuel González Rodríguez, de 69 años, fue asesinado a balazos en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, tras ser interceptado por hombres armados cuando salía de un rancho.

De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente viajaba en su camioneta cuando los agresores le dieron alcance y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, murió a causa de las heridas durante el traslado al hospital.

El crimen ha causado conmoción en el sector agropecuario del estado, ya que apenas el pasado 1 de marzo había rendido protesta para un nuevo periodo al frente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, organización que agrupa a productores de la región.

Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona mientras la Fiscalía de Colima abrió una carpeta de investigación por homicidio para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El asesinato de González Rodríguez vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia que también alcanza a líderes del sector productivo en distintas regiones del país

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