León, Guanajuato. — Aunque el discurso de los líderes empresariales proyecta un aparente optimismo frente a la renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, la realidad que enfrentan los industriales del calzado en Guanajuato sugiere otra historia: la de un país que, supuestamente competitivo, aún no figura entre las principales alternativas del mercado internacional.

Fernando Padilla Padilla, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX), afirmó recientemente que existe un “panorama positivo” entre los empresarios del sector en EE.UU., a pesar del nuevo decreto de aranceles impulsado por la administración Trump. Sin embargo, lo que quedó claro durante la cumbre FDRA Shoe Sourcing Executive Summit en Nueva York, fue que México sigue fuera del radar como proveedor estratégico.

En dicho encuentro donde participaron también representantes de India y Brasil se discutieron las alternativas a las importaciones provenientes de China, que hoy domina el mercado con un 87 % de participación. México, aparentemente posicionado para competir, ni siquiera fue mencionado como opción prioritaria, cediendo terreno a países como Vietnam, Camboya e Indonesia.

“Creemos que este reacomodo global eventualmente beneficiará a México”, declaró Padilla. No obstante, esa promesa parece más una declaración de intenciones que un reflejo de hechos tangibles. Las industrias guanajuatenses siguen enfrentando incertidumbre y efectos colaterales por decisiones externas que, lejos de abrir oportunidades, han debilitado su posición internacional.

Mientras tanto, las negociaciones encabezadas por Claudia Sheinbaum y su equipo en la Secretaría de Economía han sido destacadas como factor de confianza. Pero esa confianza, hasta ahora, es solo una expectativa sostenida en la posibilidad de mantener las tasas cero de aranceles. Y como bien saben los industriales: las expectativas no pagan nóminas.

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📉 Una realidad incómoda

La falta de posicionamiento de México en el nuevo mapa de proveedores es un reflejo de lo que muchos prefieren no decir: que la industria nacional aún depende de discursos alentadores y no de políticas públicas concretas que fortalezcan su competitividad real.

La globalización se redefine y los jugadores cambian, pero México, supuestamente preparado, aún espera su turno.

A más de una década de su anuncio inicial, la presa de La Tranquilidad, ubicada en el poniente de la ciudad de Guanajuato, sigue sin materializarse y se mantiene como uno de los proyectos más postergados y polémicos en la historia reciente de la capital. La obra, considerada clave para el abastecimiento de agua en la región, ha sido calificada por algunos ciudadanos como un “elefante blanco” que ha pasado de administración en administración sin avances sustanciales.

En 2022, el entonces presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña anunció públicamente su intención de retomar el proyecto, asegurando que con la recaudación económica del mismo año se generarían las condiciones para impulsar la obra. Además, afirmó que buscaría gestionar recursos con los gobiernos estatal y federal para darle continuidad a una propuesta que desde 2013 había sido anunciada con grandes expectativas.

Sin embargo, pese a la evidente necesidad de contar con un cuerpo captador que contribuya a garantizar el abasto de agua para los habitantes de la capital, las obras fueron canceladas, dejando el terreno en el olvido y a la ciudadanía con más dudas que certezas.

En 2025, la actual alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez retomó el tema, declarando que su gobierno buscará reactivar el proyecto. No obstante, también fue clara al señalar que la presa no es una prioridad en su agenda, lo que ha generado inquietud entre sectores ciudadanos que consideran urgente fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad ante los efectos del cambio climático y el crecimiento poblacional.

Así, la presa de La Tranquilidad sigue atrapada entre las buenas intenciones y la falta de ejecución. Mientras tanto, la demanda de soluciones reales para el abasto de agua en Guanajuato continúa creciendo, y el futuro del proyecto se mantiene en la incertidumbre.

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Guanajuato Silver Company Ltd., empresa canadiense con operaciones en Guanajuato, anunció recientemente el hallazgo de una nueva zona rica en oro y plata dentro de su mina San Ignacio, en la zona conocida como Santo Niño. Se trata de vetas con altas concentraciones de metales preciosos, detectadas mediante perforaciones que alcanzaron tramos de hasta 8.2 metros de ancho, con secciones particularmente ricas en oro y plata.

El hallazgo representa, para la empresa, una oportunidad para acelerar la extracción y ampliar sus operaciones, sumando esta veta a la estructura geológica La Luz, que se extiende por más de ocho kilómetros y conecta con otras minas productoras como Bolañitos, de la compañía Endeavour Silver. Todo esto forma parte de un modelo extractivo que ha convertido al subsuelo guanajuatense en una fuente constante de riqueza… pero solo para unos cuantos.

Pese al volumen millonario de recursos que se extraen cada semana traducido en millones de dólares—, los beneficios no se reflejan en las comunidades mineras. Al contrario: poblaciones como Mineral de la Luz, colindante con las zonas de explotación, arrastran desde hace años condiciones de abandono y rezago social.

Mientras las minas operan con maquinaria pesada y trasladan semanalmente camiones cargados de mineral, las calles de estas comunidades continúan sin pavimentar, llenas de baches, con servicios básicos limitados y sin inversión en infraestructura. El contraste es evidente: riqueza subterránea y pobreza en la superficie.

A ello se suman los daños ambientales y estructurales causados por la actividad minera intensiva. Se han documentado cuarteaduras en viviendas, desaparición de arroyos, y afectaciones en mantos acuíferos. Los cerros han sido perforados sistemáticamente, dejando cicatrices visibles y consecuencias que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes.

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