Guanajuato. 06 junio 2025.– Cada junio las redes sociales se llenan de logos con arcoíris, empresas lanzan colecciones “inclusivas” y las calles se adornan con banderas LGBT+. Es fácil pensar que el Mes del Orgullo es una fiesta, una especie de carnaval de la diversidad, pero detrás de cada desfile, cada abrazo y cada pancarta hay una historia de lucha que no podemos olvidar.

Junio no es solo celebración: es memoria. Es resistencia.

El Mes del Orgullo nace de una revuelta. La madrugada del 28 de junio de 1969, la policía irrumpió violentamente en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, un lugar frecuentado por personas LGBT+ que no tenían otro espacio donde existir con relativa libertad. Aquella noche, por primera vez, no hubo silencio. Hubo gritos, empujones, piedras y rabia. Una rabia legítima, acumulada por años de humillaciones, persecución y miedo. Quienes encabezaron esa rebelión no fueron celebridades ni figuras respetables a los ojos del sistema, pues se trataba de personas racializadas, pobres, trans, travestis, marginadas.

Un año después, en 1970, se realizó la primera marcha del orgullo como una forma de recordar que la lucha no había terminado. Desde entonces, junio se convirtió en un mes para alzar la voz, no solo para mostrar colores.

Es cierto que hoy podemos celebrar avances: el matrimonio igualitario, leyes de identidad de género, mayor visibilidad. Pero también es cierto que la discriminación sigue viva, aunque más sutil, más maquillada.

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El problema es que, en muchos casos, la simbología del Orgullo ha sido convertido en un producto más del mercado. Se nos invita a “ser nosotros mismos” mientras se ignora que muchas personas LGBT+ siguen siendo asesinadas, echadas de casa, discriminadas en escuelas y trabajos. El sistema tolera lo diverso, siempre y cuando no incomode, no se organice, no cuestione lo establecido.

Por eso es tan urgente recordar que junio no es solo una fecha en el calendario: es un símbolo político. Es el eco de quienes gritaron cuando nadie más quería escuchar. Es la memoria de quienes no sobrevivieron para ver lo que hoy llamamos “visibilidad”. Y es, sobre todo, un compromiso: con la dignidad, con la justicia, y con las identidades que aún luchan por existir sin miedo.

Así que sí, celebremos. Pero también incomodemos. Recordemos que el orgullo, antes que alegría, fue rabia. Y que, sin memoria, cualquier bandera se vuelve decoración.

Guanajuato, Gto. 06 junio 2025. — El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal local con el objetivo de brindar mayor seguridad a periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Las modificaciones buscan mejorar el entorno en el que estos grupos desarrollan su labor, reconocida como esencial para el fortalecimiento del estado de derecho.

Entre los principales cambios se establece que serán considerados delitos graves aquellos actos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, sus cónyuges o familiares hasta el cuarto grado, cuando la intención sea obstruir o impedir su actividad, o cuando estos hechos ocurran como represalia.

También se clasifican como graves si se cometen en el contexto de un espectáculo público, antes, durante o inmediatamente después, o si las víctimas son menores de 18 años y los actos son cometidos con dolo.

En cuanto a las agresiones a la libertad de expresión, las reformas imponen penas de uno a seis años de prisión y multas de entre diez y sesenta días a quienes utilicen la violencia o el acoso para obstaculizar el trabajo periodístico, o limiten la libre expresión relacionada con esta labor. Si la persona responsable es un servidor público, la pena de prisión aumentará y se le prohibirá desempeñar cargos públicos durante un periodo igual al de la condena.

De igual forma, se establecen las mismas sanciones para quien atente contra la promoción o defensa de los derechos humanos mediante violencia o acoso, o limite estas actividades. En el caso de que el delito sea cometido por un funcionario público, las penas también se incrementarán.

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La persecución de estos delitos dependerá de la denuncia de la víctima, salvo en situaciones donde las personas defensoras estén involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas, en cuyo caso la acción penal se iniciará de oficio.

Durante la sesión legislativa, se subrayó que estas reformas responden a la creciente necesidad de garantizar condiciones seguras para periodistas y defensores en la entidad, ante los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas ha reportado que actualmente 26 periodistas y cuatro personas defensoras cuentan con medidas de protección otorgadas por el estado.

Guanajuato, Gto. 06 mayo 2025. — Ante la negativa del Congreso local para la despenalización del aborto, el partido Movimiento Ciudadano, junto con colectivas y asociaciones feministas, anunció que promoverán la solicitud de una nueva declaratoria de alerta de género en el estado, bajo la figura de agravio comparado.

En conferencia de prensa, representantes de Movimiento Ciudadano advirtieron que, de no lograrse la despenalización, acudirían a todas las instancias necesarias para exigir que el Congreso legisle con base en un marco jurídico que respete los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Corte Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas.

Actualmente, Guanajuato cuenta con una alerta de género declarada en septiembre de 2024, específicamente por feminicidio y desaparición de mujeres. Sin embargo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla otras causales para emitir alertas, entre ellas el agravio comparado, que refiere a la discriminación y desigualdad legal que coloca a las mujeres de un estado en desventaja frente a otras entidades federativas.

Explicaron que, la solicitud se basa en que Guanajuato mantiene un marco legal restrictivo en comparación con otros estados del país, pues 24 entidades ya han despenalizado el aborto, mientras que en Guanajuato las mujeres tienen menos derechos en esta materia. Esta desigualdad es lo que se denomina agravio comparado, que se traduce en una violación al principio de igualdad y a los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente.