El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que intensifiquen negociaciones con Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer un Acuerdo de Suspensión que elimine los aranceles al jitomate fresco mexicano. Además, se solicitó la creación de un programa emergente de apoyo que permita a los productores enfrentar las afectaciones económicas y ampliar sus mercados de exportación.

Durante la discusión, la legisladora Noemí Márquez Márquez advirtió que desde julio pasado los gravámenes han reducido significativamente las ganancias y ventas internacionales del sector, cuya actividad depende en más de 90 % del comercio exterior. Señaló que el estado de Guanajuato ocupa el lugar doce nacional en producción de jitomate, con más de 111 mil toneladas anuales y alrededor de tres mil empleos directos en municipios como Pénjamo, Irapuato, Celaya y Salamanca.

La congresista subrayó que, sin intervención federal, el impacto podría agravarse y provocar saturación en los mercados locales, desperdicio de cosechas y pérdidas laborales en la cadena agroexportadora. El dictamen fue avalado por mayoría, con el llamado a revisar de forma integral las políticas de fomento agrícola para priorizar cultivos estratégicos y disminuir la dependencia alimentaria del exterior.

El Congreso del Estado de Guanajuato dio un paso clave en la discusión sobre la despenalización del aborto luego de que la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Abraham Sotomayor, radicara tres iniciativas —dos de Morena y una de Movimiento Ciudadano— y aprobara la metodología para analizarlas. A diferencia de intentos previos en otras comisiones donde no prosperó el diálogo, ahora se acordó abrir un ejercicio de Parlamento Abierto que permitirá la participación de especialistas, colectivos y organizaciones civiles.

Durante la sesión, legisladores impulsores destacaron que el objetivo es discutir con base en evidencia y criterios jurídicos, recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que criminalizar a mujeres por interrumpir su embarazo es inconstitucional. El proceso incluirá consultas a grupos con posturas diversas, desde colectivos feministas hasta organizaciones de corte conservador, así como espacios de opinión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, con el fin de integrar perspectivas amplias antes de dictaminar.

El periodo de consulta será de 30 días hábiles y contempla también un estudio comparativo solicitado al Instituto de Investigaciones Legislativas, alineado con la resolución obtenida por GIRE que ordena revisar artículos del Código Penal estatal. Con este avance, Guanajuato entra en una fase decisiva de debate legislativo sobre derechos reproductivos, en la que el consenso político y la participación social serán determinantes para definir el rumbo de la reforma.

En pleno corazón de la política mexicana, donde se debate el futuro del país, los legisladores encontraron tiempo… para arreglar su imagen. Así es: tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se han habilitado salones de belleza dentro de los edificios legislativos.

En San Lázaro funcionan dos locales de estética, donde se ofrecen servicios que van desde cortes de pelo hasta tintes y maquillaje, con tarifas establecidas o definidas por “propinas”. No están pagados con recursos públicos: los usuarios pagan por su servicio.

Pero en el Senado la historia es distinta y polémica: se abrió un salón de belleza en una oficina que había estado vacante desde legislaturas anteriores, y senadoras fueron vistas recibiendo peinado y tinte durante días de sesión.

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, justificó la existencia de ese espacio, asegurando que no es un privilegio financiado con dinero público y que solo se usa cuando se requiere, especialmente por legisladoras que vienen de lejos y tienen sesiones temprano.

A pesar de ello, personal del Senado llegó a clausurarlo en medio de críticas, pero pocos minutos después los sellos fueron retirados, dejando la pregunta en el aire: ¿hasta dónde llegan los privilegios dentro del Congreso?

Advertisement