Guanajuato Capital
Hijo de la pareja presidencial de Guanajuato capital haciendo uso de recursos públicos para promocionarse al mismo tiempo que comete delito de usurpación de funciones.
En los últimos días, Saúl Navarro, presidente del DIF municipal de Guanajuato e hijo de la alcaldesa Samantha Smith, ha causado revuelo al utilizar recursos públicos en lo que muchos consideran una descarada campaña de marketing personal.
Si alguien pensaba que el gobierno municipal se limitaba a hacer su trabajo, parece que algunos ya están en modo “campaña electoral”, aunque la cita más cercana sea en 2027.
Pero, ¿es esto realmente parte de su rol? A continuación, veremos un claro ejemplo de cómo el joven Saúl ha cruzado la línea entre lo que corresponde a su cargo y lo que parece ser una búsqueda voraz de notoriedad. Recientemente, Saúl se presentó al frente de un operativo en bares y cantinas, presuntamente para “prevenir daños a la juventud”.
Un acto que, más que cumplir con sus responsabilidades, parece tener más tintes de un intento de promoción personal que de una acción orientada al bienestar común.

¿El problema? Su rol como presidente del DIF no le otorga atribuciones en fiscalización o seguridad pública, funciones que claramente no están dentro de su responsabilidad.
Para añadir más comedia a la escena, se dejó ver portando una identificación con el logo de la Secretaría de Seguridad Pública con su nombre plasmado.
En un intento por seguir con su imagen de “hombre de acción”, Saúl también hizo presencia en Los Pastitos, donde “solucionó” la falta de alumbrado público, un problema que, cabe recordar, fue originado por la propia presidencia municipal, al permitir el retiro de postes para montar la feria navideña. ¿Solución rápida y sin complicaciones? Disfrazarse de técnico electricista, como si se tratara de una cuestión personal que solo él podía resolver.

Sin embargo, la gente de Guanajuato ya empieza a percatarse de lo que realmente está pasando. A pesar de los intentos por posicionar a Saúl como “de barrio” o como un “funcionario cercano a la gente”, la realidad es que los guanajuatenses no son tan fáciles de engañar.
El maquillaje electoral no está funcionando como se esperaba, y el pueblo comienza a ver más allá de la fachada. Lo que no es una broma es el riesgo que conlleva la usurpación de funciones. El Código Penal Federal establece en su artículo 248 que quien ejerza funciones públicas sin tener la autorización correspondiente está cometiendo un delito al hacerse pasar por una autoridad o funcionario sin tener el cargo o la designación correspondiente.
El castigo para este delito puede incluir prisión y multa. Si la usurpación afecta el ejercicio de funciones públicas en áreas específicas, como la seguridad pública o la justicia, las penas pueden ser más severas.
Saúl Navarro parece estar intentando ganar terreno antes de lo previsto, con el apoyo tácito de su madre, la alcaldesa. Sin embargo, los guanajuatenses están empezando a despertar, y parece que los días de campañas maquilladas y promesas vacías están llegando a su fin. Al menos, en esta ocasión, ya no les van a dejar que jueguen con la confianza de los ciudadanos.
Guanajuato Capital
Condenan a más de 46 años a los asesinos del periodista Marco Aurelio Ramírez en Tehuacán
Dos hombres fueron condenados a 46 años y cinco meses de prisión por el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, crimen que conmocionó a Tehuacán en mayo de 2023.
El fallo fue dictado este jueves por un tribunal de Puebla tras un proceso de más de dos años y más de 25 audiencias, en el cual se acreditó que Jesús Armando N. y José Francisco N. fueron los autores materiales del homicidio doloso agravado.
El periodista fue atacado a balazos mientras salía de un domicilio en el fraccionamiento Agua Blanca, donde su vehículo fue impactado por los disparos y terminó estrellado contra un árbol.
Aunque la sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia, el presunto autor intelectual del crimen sigue prófugo, y el caso continúa marcado por la exigencia de sanciones más severas para los ataques contra comunicadores en México.
Un caso que sacude al gremio periodístico, al tiempo que la justicia da un paso firme con una condena que supera cuatro décadas de prisión para los responsables materiales
Guanajuato Capital
“Falta de desazolve pone en riesgo a Guanajuato ante próximas lluvias”
La falta de desazolve en las principales presas de Guanajuato capital se ha convertido en una problemática persistente que impacta directamente la capacidad de almacenamiento de agua en la ciudad. Con el paso de los años, estos cuerpos de agua han acumulado grandes cantidades de sedimentos, reduciendo significativamente su nivel útil. Aunque se trata de trabajos necesarios, el alto costo y la complejidad técnica han frenado intervenciones profundas, dejando a las presas operando por debajo de su capacidad real.
Este fenómeno no solo afecta la cantidad de agua disponible, sino también su calidad y funcionalidad. El azolvamiento, provocado por la erosión, descargas y actividades humanas, deteriora progresivamente estos espacios. Como consecuencia, las presas pierden eficiencia para captar y retener agua durante la temporada de lluvias, lo que compromete su papel dentro del sistema hídrico de la capital.
Además, esta falta de desazolve deja en evidencia una situación preocupante: Guanajuato no está completamente preparado para enfrentar la temporada de lluvias. Con menor capacidad de contención, aumenta el riesgo de desbordamientos e inundaciones en distintas zonas, al tiempo que se desaprovecha agua que podría ser almacenada para épocas de escasez. De no atenderse, este problema no solo impactará el presente, sino que podría agravar la crisis hídrica y las afectaciones urbanas en los próximos años.
Estado
Avanza análisis legislativo para licencia permanente de conducir en Guanajuato
Durante sesión de la Comisión de Movilidad del Congreso de Guanajuato, las y los legisladores aprobaron por unanimidad un exhorto dirigido a los 46 municipios para que reorienten el servicio público de transporte urbano bajo principios de derecho humano a la movilidad, justicia social, accesibilidad y transparencia. En la reunión participaron la diputada María Eugenia García Oliveros y el diputado Ernesto Millán Soberanes, quienes respaldaron que las decisiones municipales se sustenten en análisis técnicos y sociales.
La propuesta establece que los ayuntamientos evalúen una posible transición hacia un modelo de transporte de carácter público mediante una comisión mixta tarifaria, tomando en cuenta indicadores como demanda, oferta, costos operativos, tecnología, infraestructura y variables socioeconómicas locales. El objetivo es garantizar que las políticas de movilidad respondan a criterios de eficiencia administrativa y equidad, evitando cargas económicas excesivas para la población usuaria.
Como parte del estudio de la reforma a la Ley de Movilidad estatal —que busca instaurar la licencia de conducir tipo A con vigencia permanente— se acordó realizar una mesa de trabajo con entes consultados el próximo 18 de marzo. Además, se informó sobre la iniciativa de la diputada Hades Aguilar, quien exhortó al gobierno municipal de Salamanca a aplicar de inmediato acciones para reorientar el transporte urbano bajo el enfoque de movilidad como derecho humano.
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