Durante sesión de la Comisión de Movilidad del Congreso de Guanajuato, las y los legisladores aprobaron por unanimidad un exhorto dirigido a los 46 municipios para que reorienten el servicio público de transporte urbano bajo principios de derecho humano a la movilidad, justicia social, accesibilidad y transparencia. En la reunión participaron la diputada María Eugenia García Oliveros y el diputado Ernesto Millán Soberanes, quienes respaldaron que las decisiones municipales se sustenten en análisis técnicos y sociales.

La propuesta establece que los ayuntamientos evalúen una posible transición hacia un modelo de transporte de carácter público mediante una comisión mixta tarifaria, tomando en cuenta indicadores como demanda, oferta, costos operativos, tecnología, infraestructura y variables socioeconómicas locales. El objetivo es garantizar que las políticas de movilidad respondan a criterios de eficiencia administrativa y equidad, evitando cargas económicas excesivas para la población usuaria.

Como parte del estudio de la reforma a la Ley de Movilidad estatal —que busca instaurar la licencia de conducir tipo A con vigencia permanente— se acordó realizar una mesa de trabajo con entes consultados el próximo 18 de marzo. Además, se informó sobre la iniciativa de la diputada Hades Aguilar, quien exhortó al gobierno municipal de Salamanca a aplicar de inmediato acciones para reorientar el transporte urbano bajo el enfoque de movilidad como derecho humano.

El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que intensifiquen negociaciones con Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer un Acuerdo de Suspensión que elimine los aranceles al jitomate fresco mexicano. Además, se solicitó la creación de un programa emergente de apoyo que permita a los productores enfrentar las afectaciones económicas y ampliar sus mercados de exportación.

Durante la discusión, la legisladora Noemí Márquez Márquez advirtió que desde julio pasado los gravámenes han reducido significativamente las ganancias y ventas internacionales del sector, cuya actividad depende en más de 90 % del comercio exterior. Señaló que el estado de Guanajuato ocupa el lugar doce nacional en producción de jitomate, con más de 111 mil toneladas anuales y alrededor de tres mil empleos directos en municipios como Pénjamo, Irapuato, Celaya y Salamanca.

La congresista subrayó que, sin intervención federal, el impacto podría agravarse y provocar saturación en los mercados locales, desperdicio de cosechas y pérdidas laborales en la cadena agroexportadora. El dictamen fue avalado por mayoría, con el llamado a revisar de forma integral las políticas de fomento agrícola para priorizar cultivos estratégicos y disminuir la dependencia alimentaria del exterior.

El Congreso del Estado de Guanajuato dio un paso clave en la discusión sobre la despenalización del aborto luego de que la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Abraham Sotomayor, radicara tres iniciativas —dos de Morena y una de Movimiento Ciudadano— y aprobara la metodología para analizarlas. A diferencia de intentos previos en otras comisiones donde no prosperó el diálogo, ahora se acordó abrir un ejercicio de Parlamento Abierto que permitirá la participación de especialistas, colectivos y organizaciones civiles.

Durante la sesión, legisladores impulsores destacaron que el objetivo es discutir con base en evidencia y criterios jurídicos, recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que criminalizar a mujeres por interrumpir su embarazo es inconstitucional. El proceso incluirá consultas a grupos con posturas diversas, desde colectivos feministas hasta organizaciones de corte conservador, así como espacios de opinión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, con el fin de integrar perspectivas amplias antes de dictaminar.

El periodo de consulta será de 30 días hábiles y contempla también un estudio comparativo solicitado al Instituto de Investigaciones Legislativas, alineado con la resolución obtenida por GIRE que ordena revisar artículos del Código Penal estatal. Con este avance, Guanajuato entra en una fase decisiva de debate legislativo sobre derechos reproductivos, en la que el consenso político y la participación social serán determinantes para definir el rumbo de la reforma.