Guanajuato, Gto.- La Iglesia de San Roque, ubicada en la Plazuela de San Roque en el centro histórico de Guanajuato capital, es uno de los templos más antiguos y entrañables de la ciudad.

Construido en 1726 por iniciativa del sacerdote Juan José de Sopeña y Cervera, este pequeño edificio de estilo barroco sobrio fue un centro de culto comunitario durante los siglos XVIII y XIX, albergando incluso una Santa Escuela de Cristo entre 1746 y 1794. Su interior conserva retablos neoclásicos y una imagen del santo peregrino, patrón de los enfermos, característico en la devoción cristiana colonial.

La Plazuela de San Roque, justo frente al templo, tiene una historia llena de capas: originalmente fue un campo santo asociado al templo, donde descansaban los fieles antes de que las Leyes de Reforma prohibieran cementerios parroquiales en el centro de la ciudad. En 1952 se erigió en el centro de la plaza una cruz de piedra rodeada por faroles de hierro forjado, símbolo de ese antiguo uso funerario y rasgo ornamental que evoca cruces similares en plazas europeas.

Esta cruz y el espacio mismo hoy son parte esencial del paisaje histórico y cultural guanajuatense.

Más allá de su valor religioso, este lugar es reconocido como cuna del Festival Internacional Cervantino: a partir de 1953, el dramaturgo Enrique Ruelas eligió justamente el atrio y la plazuela de San Roque para montar los primeros Entremeses Cervantinos, espectáculos al aire libre inspirados en las obras de Miguel de Cervantes. Estas representaciones se consolidaron con el tiempo y dieron origen, en 1972, al festival cultural más importante de México, celebrado cada otoño en la ciudad. Hoy, la iglesia, la plaza y la cruz invitan al visitante a imaginar siglos de historia, fe y tradición teatral en el corazón colonial de Guanajuato.

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Las estatuas de los mineros ubicadas al inicio de la ciudad de Guanajuato capital rinden homenaje al trabajo que dio origen y grandeza a esta histórica ciudad. Desde el siglo XVI, el descubrimiento de vetas de plata convirtió a Guanajuato en uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España y del mundo. La vida de la ciudad se forjó bajo tierra, en las minas, donde miles de hombres dedicaron su fuerza y su vida a extraer los minerales que impulsaron la economía, la arquitectura y el desarrollo social de la región.

Las esculturas representan dos momentos clave del trabajo minero: el esfuerzo físico y la precisión del oficio. Una figura aparece de pie, levantando el marro, símbolo del golpe constante contra la roca, mientras la otra se muestra agachada, concentrada en la labor, reflejando la paciencia y el desgaste diario del minero. Estas posturas no son casuales; buscan transmitir la dureza, la disciplina y el sacrificio que implicaba trabajar en condiciones extremas, muchas veces sin garantías de seguridad, pero con la esperanza de sostener a sus familias y a la ciudad entera.

Colocadas estratégicamente en uno de los accesos principales a Guanajuato capital, estas estatuas funcionan como un recordatorio permanente del origen minero de la ciudad. Son una bienvenida simbólica que invita a reflexionar sobre el pasado y a reconocer a quienes, desde el subsuelo, construyeron el legado que hoy distingue a Guanajuato como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Más que monumentos, son emblemas de identidad, memoria y respeto hacia las generaciones de mineros que dieron forma a la historia de la capital.

Pese a los señalamientos oficiales, la realidad es que sí hubo empresas transportistas que cumplieron con los requisitos establecidos por el propio Municipio. De acuerdo con información confirmada, tres concesionarios acreditaron el proceso, entre ellos la empresa TEB, propiedad de Toño Mata, de la cual existe plena certeza de su participación. Lo que hasta hoy no ha sido aclarado por la autoridad municipal es cuántas concesiones se pretendían asignar ni quiénes fueron las otras dos empresas que también cumplieron.

Mientras el discurso oficial insiste en deslindarse de responsabilidades, el Municipio ha sido incapaz de transparentar el proceso, dejando más dudas que certezas. No se explicó por qué, si hubo empresas que sí cumplieron, no se avanzó en la asignación, ni por qué se mantuvo un trato distante con los concesionarios que durante más de un año buscaron diálogo sin ser escuchados. Ese cerco institucional fue lo que los obligó a acudir a los tribunales como último recurso, no por capricho, sino por falta de respuesta.

Hoy, el gobierno encabezado por Samantha Smith pretende cargar la culpa a los transportistas, cuando los hechos apuntan a una mala gestión, falta de comunicación y opacidad municipal. Defender a quienes sí cumplieron no es un favor, es una obligación. Si hubo empresas responsables y procesos completos, el Municipio debe rendir cuentas, explicar qué pasó con las concesiones y dejar de criminalizar a quienes únicamente exigieron certeza jurídica y reglas claras.