Guanajuato Capital está cambiando de rostro. No se trata de una transformación urbana planeada ni de una modernización ordenada. Lo que está ocurriendo en sus cerros y lo que salta a la vista desde puntos como la plaza de toros o la carretera de Las Enredaderas, a la altura de la unidad deportiva Juan José Torres Landa, es una alerta roja: un ecocidio sostenido por la permisividad oficial y la complicidad entre autoridades municipales y el llamado “cártel inmobiliario”.

En la zona de preservación ecológica del Cerrito de Marfil, se ha documentado un daño ambiental severo. La deforestación avanza sin freno, pese a las denuncias públicas de grupos ambientalistas que desde hace años exigieron frenar esta destrucción. Pero los trabajos no se detienen. Al contrario, se aceleran. Casas de lujo emergen donde antes había vegetación y suelos fértiles y protegidos. La pasividad del gobierno municipal deja entrever que más que negligencia, lo que hay es una estrategia silenciosa de despojo y ganancia.

Esta parte, también conocida como la Ladera de Marfil, es ahora un escaparate de contrastes. Mientras se levantan residencias exclusivas con vistas privilegiadas, justo enfrente en colonias como Presas de Guanajuato, El Edén y Las Águilas, familias de escasos recursos siguen esperando lo básico: agua, luz, calles pavimentadas y seguridad jurídica sobre los terrenos donde viven desde hace décadas.

La desigualdad urbana se hace escandalosamente visible: a las viviendas de lujo les llegan todos los servicios en cuestión de días. A las colonias populares, les han negado por años incluso el derecho a existir formalmente en el mapa de la ciudad.

Pero esta urbanización desbocada ocurre en el peor de los momentos: el municipio no cuenta con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano ni un Ordenamiento Ecológico Territorial vigente. Aunque el Ayuntamiento aprobó en marzo enviar el proyecto al Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg), hasta hoy no se ha informado de ningún avance. El documento duerme el sueño burocrático… mientras las construcciones crecen sin freno.

Y esto no parece una coincidencia. La falta de reglas claras abre la puerta a los intereses inmobiliarios que, en un ambiente de opacidad, están remodelando el paisaje sin respetar la vocación ecológica, patrimonial ni social del territorio guanajuatense.

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Los cerros, que durante generaciones fueron ocupados por viviendas modestas y comunidades marginadas, hoy son tomados por desarrollos cerrados, bardas altas y calles privadas que fragmentan aún más la ciudad.

Este fenómeno es parte de una transformación profunda y preocupante que ocurre sin consulta, sin estudios públicos, sin reglamentación actualizada. En Guanajuato Capital, el poder inmobiliario avanza mientras la autoridad voltea la mirada.

Alejandro Navarro Saldaña, exalcalde de Guanajuato Capital y esposo de la actual presidenta municipal, Samantha Smith, enfrenta una denuncia penal por presunto conflicto de interés, daño ambiental y corrupción. El epicentro del escándalo: una zona ecológicamente protegida arrasada por maquinaria, y negocios familiares que, según la acusación, fueron favorecidos desde el poder público.

Los hechos se remontan a 2020, cuando sin permisos oficiales ni consulta ciudadana, se abrió un camino en una área verde de la ciudad: el cerro de las Eredaderas, dentro del polígono conocido como Quinta Marfil. Más de 2 mil metros cuadrados de vegetación fueron arrasados. A esa herida en el paisaje, activistas y medios locales la bautizaron como “el Arañazo”.

El trazo vial atraviesa terrenos propiedad de Guillermo Smith, suegro del exalcalde y padre de la actual edil, Samantha Smith, lo que evidenció un presunto conflicto de interés. Lejos de ser un simple accidente administrativo, el caso se convirtió en símbolo de algo más profundo: el uso del poder para cimentar proyectos familiares, aún a costa del patrimonio natural de todos.

Fue la activista y exregidora Paloma Robles Lacayo quien, junto con los ciudadanos Fernando Revilla y Julio César Rodríguez, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El fiscal Marco Antonio Medina Torres recibió el documento, en el cual se solicita investigar posibles delitos por tráfico de influencias, abuso de poder y daño ambiental.

Pero el conflicto no termina ahí. La denuncia también abarca supuestas irregularidades en la operación del Museo de las Momias, ícono turístico de la ciudad. Según la acusación, durante la administración de Navarro se promovieron alzas en las tarifas del museo municipal que desequilibraron la competencia con otros museos, privados, administrados por la familia política del exalcalde. Una estrategia que, de comprobarse, no solo sería desleal, sino ilegal.

Mientras la sociedad exigía una respuesta firme ante la devastación en Marfil, la Dirección de Medio Ambiente municipal optó por una ruta cuestionable: en lugar de suspender de inmediato la obra, inició un proceso para regularizarla. Fue la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) quien finalmente clausuró el área y detuvo el avance de la urbanización. Un gesto que llegó tarde, pero que salvó lo que aún queda en pie.

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Hoy, los guanajuatenses se preguntan hasta qué punto se han permitido estas prácticas a la sombra del poder. ¿Cuántas veces más los intereses particulares tendrán la fuerza para borrar caminos verdes y reemplazarlos por calles de concreto que conducen al lucro?

La denuncia avanza, pero el juicio ciudadano ya comenzó… Este caso habré la discusión urgente sobre ética pública, corrupción estructural y el valor de nuestras reservas naturales.

Porque cuando el poder sirve para enriquecer a los de siempre, y cuando los cerros son mutilados por intereses privados disfrazados de desarrollo, lo que está en juego no es solo es un futuro o el prestigio de un político. Lo que se juega es la dignidad misma de una ciudad que, en medio de su belleza, aún clama por justicia.

Guanajuato, Gto. 23 junio 2025.- En San Diego de la Unión, Gto., se aseguró un tactocamión que transportaba 41 mil 598 litros de diésel de presunta procedencia ilícita.

Este evento tuvo lugar en la carretera federal 57 en dicho municipio. El personal de las Fuerzas Públicas del Estado (FSPE) detectó este transporte de marca Kenworth, acoplado a un remolque tipo tanque.

Al solicitar la inspección al conductor, Víctor “N”, de 59 años y originario de San Luis Potosí, presentó una documentación que tenía irregularidades conforme la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Debido a esto, tanto el vehículo como el combustible fueron dispuestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en San Miguel de Allende para realizar las investigaciones correspondientes.