León, Guanajuato. — Aunque el discurso de los líderes empresariales proyecta un aparente optimismo frente a la renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, la realidad que enfrentan los industriales del calzado en Guanajuato sugiere otra historia: la de un país que, supuestamente competitivo, aún no figura entre las principales alternativas del mercado internacional.

Fernando Padilla Padilla, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX), afirmó recientemente que existe un “panorama positivo” entre los empresarios del sector en EE.UU., a pesar del nuevo decreto de aranceles impulsado por la administración Trump. Sin embargo, lo que quedó claro durante la cumbre FDRA Shoe Sourcing Executive Summit en Nueva York, fue que México sigue fuera del radar como proveedor estratégico.

En dicho encuentro donde participaron también representantes de India y Brasil se discutieron las alternativas a las importaciones provenientes de China, que hoy domina el mercado con un 87 % de participación. México, aparentemente posicionado para competir, ni siquiera fue mencionado como opción prioritaria, cediendo terreno a países como Vietnam, Camboya e Indonesia.

“Creemos que este reacomodo global eventualmente beneficiará a México”, declaró Padilla. No obstante, esa promesa parece más una declaración de intenciones que un reflejo de hechos tangibles. Las industrias guanajuatenses siguen enfrentando incertidumbre y efectos colaterales por decisiones externas que, lejos de abrir oportunidades, han debilitado su posición internacional.

Mientras tanto, las negociaciones encabezadas por Claudia Sheinbaum y su equipo en la Secretaría de Economía han sido destacadas como factor de confianza. Pero esa confianza, hasta ahora, es solo una expectativa sostenida en la posibilidad de mantener las tasas cero de aranceles. Y como bien saben los industriales: las expectativas no pagan nóminas.

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📉 Una realidad incómoda

La falta de posicionamiento de México en el nuevo mapa de proveedores es un reflejo de lo que muchos prefieren no decir: que la industria nacional aún depende de discursos alentadores y no de políticas públicas concretas que fortalezcan su competitividad real.

La globalización se redefine y los jugadores cambian, pero México, supuestamente preparado, aún espera su turno.

Guanajuato Silver Company Ltd., empresa canadiense con operaciones en Guanajuato, anunció recientemente el hallazgo de una nueva zona rica en oro y plata dentro de su mina San Ignacio, en la zona conocida como Santo Niño. Se trata de vetas con altas concentraciones de metales preciosos, detectadas mediante perforaciones que alcanzaron tramos de hasta 8.2 metros de ancho, con secciones particularmente ricas en oro y plata.

El hallazgo representa, para la empresa, una oportunidad para acelerar la extracción y ampliar sus operaciones, sumando esta veta a la estructura geológica La Luz, que se extiende por más de ocho kilómetros y conecta con otras minas productoras como Bolañitos, de la compañía Endeavour Silver. Todo esto forma parte de un modelo extractivo que ha convertido al subsuelo guanajuatense en una fuente constante de riqueza… pero solo para unos cuantos.

Pese al volumen millonario de recursos que se extraen cada semana traducido en millones de dólares—, los beneficios no se reflejan en las comunidades mineras. Al contrario: poblaciones como Mineral de la Luz, colindante con las zonas de explotación, arrastran desde hace años condiciones de abandono y rezago social.

Mientras las minas operan con maquinaria pesada y trasladan semanalmente camiones cargados de mineral, las calles de estas comunidades continúan sin pavimentar, llenas de baches, con servicios básicos limitados y sin inversión en infraestructura. El contraste es evidente: riqueza subterránea y pobreza en la superficie.

A ello se suman los daños ambientales y estructurales causados por la actividad minera intensiva. Se han documentado cuarteaduras en viviendas, desaparición de arroyos, y afectaciones en mantos acuíferos. Los cerros han sido perforados sistemáticamente, dejando cicatrices visibles y consecuencias que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes.

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El 14 de julio de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la renovación de un arancel antidumping del 17 % sobre el jitomate fresco mexicano, tras retirarse del Acuerdo de Suspensión vigente desde 2019. Este pacto se implementó originalmente en 1996 con el objetivo de regular precios y abordar acusaciones de competencia desleal por parte de productores estadounidenses. México había cumplido con acuerdos posteriores, pero EE. UU. decidió reactivar el gravamen. ¿Por qué? Según su versión, “nuestros agricultores han sufrido por prácticas comerciales desleales”.

México exporta aproximadamente 2,000,000 toneladas de jitomate al mercado estadounidense cada año, equivalente a unos 2,800–3,000 millones de USD. Estados Unidos obtiene entre el 66 % y el 70 % de su consumo de jitomate fresco desde México. En 2024, Guanajuato aportó exportaciones por alrededor de 203 millones de USD, siendo uno de los cinco estados clave junto con Sinaloa, Sonora, Jalisco y Puebla.

Las secretarías de Economía y Agricultura calificaron la medida de “injusta” y advirtieron que no solo dañaría a sus productores, sino también a “los bolsillos” de los consumidores estadounidenses. Productores agrupados en asociaciones como las de Sinaloa, Baja California y la de horticultura protegida afirmaron que “no hay en el corto ni mediano plazo países… que puedan reemplazar el jitomate mexicano”.

En Guanajuato, aunque no es uno de los principales estados productores, algunos agricultores han comenzado a manifestar inquietud por la posible pérdida de competitividad. Ya en 2019, cuando se impuso un arancel similar (del 17.09 %), productores guanajuatenses reportaron afectaciones por la caída de precios y mayores costos de exportación. Hoy, ante la reactivación del gravamen, temen enfrentar un escenario comparable si no se refuerza el apoyo estatal y federal.

Las exportaciones mexicanas podrían caer: ya se registró una baja del 11.6 % entre enero y mayo de 2025 (1,211 millones de USD frente a 1,370 millones de USD en 2024). En EE. UU., se anticipa un incremento del precio al público de entre el 6 % y el 10 %. México ha anunciado apoyo a sus productores y buscará renegociar el acuerdo, mientras valora abrir nuevos mercados.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum indicó: “No estamos de acuerdo con esta medida. El jitomate mexicano va a seguir exportándose aun con el arancel, porque no tiene sustituto. La mayor producción allá está en Florida y son principalmente productores que han estado buscando que se imponga un arancel al jitomate mexicano”. Añadió que continuarán las negociaciones con EE. UU. antes del 1 de agosto y confirmó que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, se reúne con autoridades estadounidenses para abordar no solo el arancel al jitomate, sino también el cierre de frontera por brote en ganado.

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El arancel del 17 % representa un golpe directo al sector jitomatero mexicano. Aunque los productores en Guanajuato no son los más grandes, dependen de esta dinámica exportadora. La respuesta inmediata incluye presión diplomática y búsqueda de nuevos destinos; a mediano y largo plazo, será vital fomentar la diversificación, la especialización y el valor agregado para mantener estabilidad y crecimiento.