Guanajuato, Gto. 06 junio 2025. — El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal local con el objetivo de brindar mayor seguridad a periodistas y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Las modificaciones buscan mejorar el entorno en el que estos grupos desarrollan su labor, reconocida como esencial para el fortalecimiento del estado de derecho.

Entre los principales cambios se establece que serán considerados delitos graves aquellos actos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, sus cónyuges o familiares hasta el cuarto grado, cuando la intención sea obstruir o impedir su actividad, o cuando estos hechos ocurran como represalia.

También se clasifican como graves si se cometen en el contexto de un espectáculo público, antes, durante o inmediatamente después, o si las víctimas son menores de 18 años y los actos son cometidos con dolo.

En cuanto a las agresiones a la libertad de expresión, las reformas imponen penas de uno a seis años de prisión y multas de entre diez y sesenta días a quienes utilicen la violencia o el acoso para obstaculizar el trabajo periodístico, o limiten la libre expresión relacionada con esta labor. Si la persona responsable es un servidor público, la pena de prisión aumentará y se le prohibirá desempeñar cargos públicos durante un periodo igual al de la condena.

De igual forma, se establecen las mismas sanciones para quien atente contra la promoción o defensa de los derechos humanos mediante violencia o acoso, o limite estas actividades. En el caso de que el delito sea cometido por un funcionario público, las penas también se incrementarán.

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La persecución de estos delitos dependerá de la denuncia de la víctima, salvo en situaciones donde las personas defensoras estén involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas, en cuyo caso la acción penal se iniciará de oficio.

Durante la sesión legislativa, se subrayó que estas reformas responden a la creciente necesidad de garantizar condiciones seguras para periodistas y defensores en la entidad, ante los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas ha reportado que actualmente 26 periodistas y cuatro personas defensoras cuentan con medidas de protección otorgadas por el estado.

Guanajuato, Gto. 06 mayo 2025. — Ante la negativa del Congreso local para la despenalización del aborto, el partido Movimiento Ciudadano, junto con colectivas y asociaciones feministas, anunció que promoverán la solicitud de una nueva declaratoria de alerta de género en el estado, bajo la figura de agravio comparado.

En conferencia de prensa, representantes de Movimiento Ciudadano advirtieron que, de no lograrse la despenalización, acudirían a todas las instancias necesarias para exigir que el Congreso legisle con base en un marco jurídico que respete los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Corte Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas.

Actualmente, Guanajuato cuenta con una alerta de género declarada en septiembre de 2024, específicamente por feminicidio y desaparición de mujeres. Sin embargo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla otras causales para emitir alertas, entre ellas el agravio comparado, que refiere a la discriminación y desigualdad legal que coloca a las mujeres de un estado en desventaja frente a otras entidades federativas.

Explicaron que, la solicitud se basa en que Guanajuato mantiene un marco legal restrictivo en comparación con otros estados del país, pues 24 entidades ya han despenalizado el aborto, mientras que en Guanajuato las mujeres tienen menos derechos en esta materia. Esta desigualdad es lo que se denomina agravio comparado, que se traduce en una violación al principio de igualdad y a los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente.

Guanajuato, Gto. — En sesión ordinaria del pleno del Congreso del Estado, marcada por un intenso y acalorado debate que se prolongó por casi cuatro horas, fue rechazada la iniciativa para despenalizar el aborto en Guanajuato.

Con 19 votos en contra frente a 17 a favor, la propuesta fue finalmente enviada al archivo legislativo. El empate en la anterior sesión de 18 vs18 se rompió luego de que la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Itzel Mendo González, cambió el sentido de su voto y se sumó al bloque encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN) para frenar la despenalización.

Cabe destacar que en la sesión anterior, realizada el jueves pasado, la legisladora Mendo González había votado a favor del aborto; sin embargo, en esta ocasión justificó su cambio de postura argumentando haber hecho “una profunda reflexión”.

Posteriormente, esta postura provocó la reacción inmediata del público asistente pro despenalización, grupos feministas entre gritos y abucheos, la calificaron de “traidora” y “vendida”.

Durante el debate, legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena manifestaron que la criminalización de las mujeres que abortan no resuelve, sino que agrava la situación. Subrayaron que la interrupción voluntaria del embarazo representa una decisión exclusiva de la mujer y un reconocimiento a sus derechos sexuales y reproductivos. Además, enfatizaron que su postura no está en contra de la vida.

Por el contrario, diputados del PAN afirmaron que el aborto representa la muerte, y que partían de una premisa fundamental, defender el derecho a la vida de la mujer, el derecho a la vida de los hombres y de los que no tienen voz, por los más débiles, y por las mujeres que no han nacido.

Los votos a favor de la despenalización provinieron de 11 diputados de Morena, 2 de Movimiento Ciudadano, 2 del PRI (Ruth Tiscareño y Alejandro Arias), y 1 del Partido Verde (Sergio Contreras).

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Los votos en contra fueron emitidos por la bancada del PAN, con el respaldo de María del Pilar Gómez Enríquez (PRD), Rocío Cervantes Barba (PRI), y Luz Itzel Mendo (PVEM), quien, tras su sorpresivo cambio de opinión, fue determinante para que se rechazara la propuesta.

Con este resultado, el derecho a decidir sobre el aborto para las mujeres guanajuatenses fue negado por mayoría de votos.