Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del partido MORENA propuso una reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, con el propósito de que las comunidades indígenas sean las encargadas de expedir las constancias de factibilidad para la venta de bebidas alcohólicas dentro de su territorio, previa aprobación en asamblea comunitaria.

La iniciativa, presentada por la diputada Plásida Calzada Velázquez, busca retirar esta facultad a los ayuntamientos en los casos que involucren territorios indígenas. Durante su exposición, explicó que, tras revisar los reglamentos municipales sobre alcoholes y servicios en localidades con presencia indígena, se detectaron inconsistencias y prácticas discrecionales.

Puso como ejemplo los municipios de Apaseo el Alto y Salvatierra. En el primero, la expedición de licencias de funcionamiento se deja a criterio de la autoridad municipal, mientras que en el segundo no se precisan las condiciones necesarias para otorgarlas. De igual forma, mencionó que en municipios como Atarjea, Comonfort, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, las constancias se otorgan sin criterios uniformes, lo que puede generar controversias y sospechas sobre su legalidad.

La legisladora señaló que tampoco existe una regulación homogénea respecto a la distancia que deben guardar los establecimientos con venta de alcohol frente a escuelas, iglesias, parques, canchas o dependencias públicas. Esta falta de uniformidad, dijo, ha permitido que en varias comunidades indígenas se autoricen locales en lugares inapropiados, afectando la convivencia y el bienestar social.

Calzada Velázquez advirtió que las comunidades indígenas enfrentan un estado de indefensión jurídica, ya que no cuentan con herramientas legales para impugnar las decisiones de los ayuntamientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, viéndose obligadas a aceptar las consecuencias de actos discrecionales.

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Finalmente, subrayó que el actual esquema vulnera los derechos de los pueblos indígenas, pues mientras estos buscan preservar su armonía y paz social, los municipios continúan otorgando constancias de factibilidad dentro de sus territorios sin su consentimiento. Por ello, insistió en la necesidad de reconocer su autonomía para decidir sobre la instalación y operación de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

El estado de Guanajuato se posicionó en el tercer lugar a nivel nacional en el número de carpetas de investigación por el delito de extorsión, al registrar 950 casos entre enero y septiembre de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Solo el Estado de México, con 1,810 denuncias, y la Ciudad de México, con 1,197, superan a la entidad en este delito que continúa afectando principalmente a comerciantes, empresarios y ciudadanos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, mayo fue el mes con mayor incidencia en Guanajuato, al concentrar 130 carpetas de investigación. En comparación con estados vecinos, el panorama es más alarmante, pues la entidad supera ampliamente a Jalisco (337 casos), Querétaro (205), San Luis Potosí (129) y Aguascalientes (71). La cifra refleja una tendencia sostenida al alza y una preocupación creciente por la expansión de este delito en el Bajío.

A nivel nacional, durante septiembre se abrieron 792 nuevas carpetas por extorsión, sumando un total de 8,082 investigaciones en lo que va del año. Autoridades estatales reconocen que el delito continúa siendo uno de los más difíciles de combatir, debido a que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias. Expertos en seguridad advierten que será necesario fortalecer los mecanismos de atención y protección a denunciantes, así como la inteligencia financiera para desarticular las redes delictivas que operan en la región.

En el estado de Guanajuato, nueve presidentes municipales recibieron escoltas de la Guardia Nacional desde hace aproximadamente 18 meses, pese a que sus administraciones cuentan con policías municipales propias

De acuerdo con el reporte, siete de ellos pertenecen al partido Movimiento Regeneración Nacional  Nacional (Morena), uno al Movimiento Ciudadano y otro es independiente. Cada alcalde tiene asignados en promedio 14 elementos federales divididos en dos unidades; sumados, superan los 100 efectivos de la Guardia Nacional solo para protección.

Los alcaldes han argumentado que solicitan personal federal porque “confían más” en la Guardia Nacional que en sus cuerpos policiacos locales. Un ejemplo es el edil de Celaya, Juan Miguel Ramírez  Sánchez, quien además declaró que su familia también cuenta con personal de seguridad federal e incluso del Ejército mexicano.

En tanto, la alcaldesa de Pénjamo, Yozajamby  Florencia  Molina  Balver, señaló que ella misma costea parte del gasto de dicha protección al imputarlo a su responsabilidad personal y denunció que ha sido víctima tanto de amenazas externas como de ataques al interior de su administración.

El procedimiento para obtener protección federal establece que, una vez concluida la campaña electoral, el edil debe enviar un oficio a la Secretaría  de  Seguridad  y  Protección  Ciudadana o a la Secretaría  de  Gobernación, para que se evalúe su nivel de riesgo y se determine si procede la asignación de escolta federal. Cabe señalar que en el proceso electoral pasado, Guanajuato concentró 50 % de las solicitudes de protección a nivel nacional para candidatos y funcionarios.

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La situación que implica la presencia constante de efectivos federales en labores de seguridad personal de autoridades municipales pone en relieve la percepción de debilidad o desconfianza hacia los cuerpos policiales locales, así como la gravedad del contexto de inseguridad en varios municipios de Guanajuato.