Política
Enfatiza Adriana Guzmán Cerna, nueva presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado, que la militancia tiene mucha confianza en que Guanajuato necesita un cambio, y van por él
Luego de acudir a recibir su nombramiento en la Ciudad de México, Adriana Guzmán Cerna ofreció su primera rueda de prensa ante medios de comunicación en León, Guanajuato y aseguró que procurará la Unidad al interior.
Guzmán Cerna es licenciada en Informática, es originaria de Uriangato, y la nueva presidente de Morena en el estado, quien no dudó en recalcar que ya “oficial y legalmente”, conforman el nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena, con lo que inicia una nueva etapa para el movimiento en nuestro estado.
En relación con la transición, Adriana Guzmán dijo que ya les “dieron luz verde para iniciar el proceso de entrega-recepción” y quiso adelantar este contacto con la prensa debido al interés que hay por conocer a los perfiles que conforman la nueva dirigencia estatal.
Ya al filo del inicio del proceso electoral 2024 Adriana Guzmán dijo “cada dirigencia tiene su esencia y su forma de trabajar. Vamos a buscar la Unidad y vamos a recorrer todos y cada uno de los municipios para agradecer la participación”. “La militancia tiene mucha confianza en que Guanajuato necesita un cambio”, enfatizó.
Cabe resaltar que fueron alrededor de 80 mil personas las que participaron de las asambleas distritales en los 15 distritos que conforman Guanajuato, para la renovación de dirigencias del partido, pero esta información será corroborada y sistematizada por el Comité Ejecutivo Nacional para luego ser oficializada.
Adriana Guzmán Cerna viene del distrito 10 federal donde Morena ya ganó la diputación federal que representa Pedro Ortega y ahora sigue “consolidar la Cuarta Transformación” en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal.
Deneck Inzunza.
Ciudad
Javier Milei firma decreto para expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra Argentina.
El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permitirá negar el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, inciten a la violencia o discriminen a ciudadanos argentinos por su nacionalidad. La medida ya entró en vigor, aunque posteriormente deberá ser revisada por el Congreso argentino.
El decreto también contempla sanciones para quienes realicen actos considerados como agravios contra los símbolos nacionales. Sin embargo, el Gobierno argentino aseguró que las críticas políticas, académicas o ideológicas seguirán protegidas por la libertad de expresión, por lo que no serán motivo de expulsión.
Milei justificó la decisión al señalar que existe una campaña de hostilidad contra Argentina y sostuvo que el Estado debe contar con herramientas para proteger a sus ciudadanos y su soberanía. La medida forma parte de una política migratoria más estricta impulsada por su administración.
El decreto ha generado un intenso debate dentro y fuera de Argentina. Mientras el Gobierno lo presenta como una medida de protección nacional, especialistas y organizaciones civiles advierten que algunos conceptos podrían prestarse a interpretaciones amplias y abrir la puerta a controversias sobre su aplicación.
Ciudad
¿Adiós a los celulares en las escuelas? El Gobierno de México decidirá este mes si restringe su uso en todo el país
El Gobierno de México definirá durante agosto si restringe el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica, con la intención de que la medida pueda entrar en vigor desde el próximo ciclo escolar. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión se tomará una vez concluyan los foros organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el impacto de los dispositivos digitales y las redes sociales en niñas, niños y adolescentes.
La mandataria señaló que existe un amplio respaldo para esta propuesta y aseguró que, según los datos presentados por el Gobierno, 7 de cada 10 madres y padres de familia están de acuerdo en que los estudiantes no utilicen celulares durante toda la jornada escolar. El objetivo, explicó, es reducir distracciones y favorecer el aprendizaje en las aulas.
Durante los foros también participó el psicólogo social Jonathan Haidt, quien recomendó retirar los teléfonos inteligentes de las escuelas y propuso fijar en 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. El especialista advirtió sobre los efectos que el uso excesivo de estas plataformas puede tener en el desarrollo y bienestar de los menores.
Por ahora no existe una prohibición definitiva, pero la SEP continuará dialogando con docentes, estudiantes y familias antes de tomar una decisión. Si la medida es aprobada, México podría sumarse a otros países que ya han establecido restricciones al uso de celulares dentro de los planteles educativos.
Ciudad
¿Puede México quedarse con los bienes de “El Mayo”? Claudia Sheinbaum pide a la FGR revisar la viabilidad legal.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si existe una base legal para que el Estado mexicano pueda reclamar los bienes y recursos económicos atribuidos a Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente detenido en Estados Unidos. La intención es determinar si parte de ese patrimonio puede recuperarse en beneficio del país.

La mandataria explicó que el análisis estará a cargo de la FGR, que deberá establecer si los bienes presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas pueden ser reclamados por México, independientemente de los procesos judiciales que se desarrollan en territorio estadounidense.
Sheinbaum señaló que cualquier acción deberá sustentarse en la legislación nacional, así como en los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países. Por ello, aclaró que primero será necesario conocer el alcance jurídico del caso antes de iniciar cualquier procedimiento para recuperar esos recursos.
La posibilidad de que México reclame parte de esa fortuna abre un nuevo frente legal en uno de los casos de mayor impacto entre ambos países. Ahora será la Fiscalía la que determine si existen las condiciones para iniciar un proceso que permita, en su caso, recuperar bienes para el Estado mexicano.
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