El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios públicos, estableciendo que ninguna jubilación financiada con recursos públicos podrá superar los 70 mil pesos mensuales.

La iniciativa, impulsada por el gobierno federal, fue avalada por unanimidad con más de 100 votos a favor, y modifica el artículo 127 de la Constitución para fijar un límite equivalente al 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República.

Con esta medida se busca terminar con los privilegios de algunos exdirectivos y funcionarios de organismos públicos que actualmente reciben pensiones que van desde más de 100 mil hasta cerca de un millón de pesos mensuales, muy por encima de la pensión promedio en el país.

De acuerdo con estimaciones del Senado, la reforma podría generar ahorros cercanos a los 5 mil millones de pesos al año, recursos que el gobierno pretende destinar a programas sociales y apoyo a sectores vulnerables.

El dictamen también establece algunas excepciones, como las pensiones de integrantes de las Fuerzas Armadas, sistemas de ahorro sindical y otras prestaciones específicas, que no estarán sujetas al nuevo tope.

Tras su aprobación en el Senado, la reforma fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el proceso legislativo antes de su eventual entrada en vigor.

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El precio de la gasolina premium y el diésel ha comenzado a registrar aumentos en distintas estaciones de México, llegando en algunos puntos hasta los 30 pesos por litro, según datos de la consultora PETROIntelligence. Este incremento se presenta en medio de la tensión internacional provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que ha generado inestabilidad en los mercados energéticos.

De acuerdo con los reportes, uno de los precios más altos se encuentra en El Mante, donde el litro de gasolina premium se vende en 30.44 pesos, mientras que en Urique el diésel se comercializa en 30 pesos por litro. Aunque estos casos representan los extremos, el promedio nacional también refleja incrementos recientes, principalmente en el diésel.

Analistas del sector señalan que este comportamiento se debe a que tanto la gasolina premium como el diésel no están incluidos en el acuerdo de estabilización de precios que aplica únicamente para la gasolina regular. Además, factores como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y la importación de combustibles influyen directamente en el costo final para los consumidores.

La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado aprobó la metodología para analizar cuatro iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena, tres de ellas promovidas por la diputada Miriam Reyes Carmona, en una sesión donde también participó la legisladora Maribel Aguilar. Las propuestas buscan fortalecer el desarrollo económico, impulsar el turismo, reducir la burocracia y garantizar mayor igualdad en materia de seguridad social en Guanajuato.

Una de las iniciativas plantea reformar la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado y sus Municipios, con el objetivo de abrir más oportunidades para mujeres productoras, artesanas, emprendedoras y prestadoras de servicios turísticos. La propuesta busca facilitar su acceso a mecanismos de promoción, certificación y comercialización, además de impulsar el mercado interno y posicionar los productos guanajuatenses aprovechando la marca de certificación “Hecho en México”. Para enriquecer el análisis, se solicitará la opinión de diversas instancias, incluida la Secretaría de Economía federal.

Asimismo, se acordó analizar otras propuestas relacionadas con la reforma a la Ley de Turismo del estado, la creación de una Ley Estatal para Eliminar Trámites Burocráticos y modificaciones a la Ley de Seguridad Social de Guanajuato para fortalecer la igualdad sustantiva en servicios de salud y bienestar social. Como parte del proceso, se realizarán mesas de trabajo con autoridades, organismos y representantes de distintos sectores, además de habilitar espacios de consulta pública para que la ciudadanía pueda participar y aportar opiniones durante el análisis de las iniciativas.