Familiares del minero Abraham Aguilera, originario de Guanajuato, se encuentran profundamente preocupados y urgidos por difundir la situación que enfrentan tras el derrumbe ocurrido en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, estado de Sinaloa. Denuncian que la empresa operadora ha intentado manejar la emergencia de forma interna, sin dar respuestas claras a los familiares de los trabajadores atrapados, y piden la intervención urgente de Protección Civil estatal, el Ejército y cuerpos especializados para acelerar el rescate.

De acuerdo con los testimonios de sus familiares, Abraham es uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados después de que un deslizamiento de tierra y lodo bloqueó túneles dentro de la mina, mientras el grupo realizaba labores. Aunque más de 20 mineros pudieron salir por su propio pie, la familia sostiene que la empresa “quiso controlar la emergencia sin informar ni coordinar con instancias de rescate externas”, lo que ha generado incertidumbre y enfado en quienes esperan noticias claras sobre el estado de sus seres queridos.

Las labores de rescate, que ya superan las 100 horas desde el derrumbe, han contado con la participación de equipos especializados y cuerpos de apoyo, pero la familia insiste en la necesidad de mayor intervención de las autoridades, incluyendo Protección Civil estatal y federaciones con capacidad técnica, así como apoyo del Ejército para utilizar equipo especializado que permita asegurar caminos seguros dentro del interior de la mina.

Aunque uno de los mineros logró ser rescatado con vida en días recientes, los parientes de Abraham han expresado que la falta de información constante y la respuesta de la empresa han sido motivo de preocupación. En mensajes difundidos en redes sociales y grupos comunitarios, hacen un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para dar difusión a la situación y garantizar que las autoridades asignen recursos y atención de manera inmediata.

La búsqueda incansable de Ceci Flores terminó en una dolorosa confirmación. Los restos óseos que ella misma localizó en Sonora sí pertenecen a su hijo, Marco Antonio, desaparecido desde 2019.

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora informó que, tras análisis genéticos, se comprobó la identidad de los restos encontrados en un paraje de Hermosillo.

El hallazgo ocurrió días atrás, cuando la propia madre buscadora ubicó fragmentos óseos en una zona señalada por la presencia de fosas clandestinas. A pesar de las condiciones adversas —restos incompletos y deteriorados—, las pruebas de ADN lograron confirmar lo que ella sospechaba.

Marco Antonio fue privado de la libertad en mayo de 2019 en Bahía de Kino. Desde entonces, su madre no dejó de buscarlo, incluso fundando el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que ha participado en la localización de cientos de cuerpos en el país.

“Vamos a casa”, expresó Ceci Flores tras el hallazgo, en un mensaje que refleja el cierre de un ciclo marcado por el dolor, pero también por la perseverancia.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la crisis de desapariciones en México, donde miles de familias, como la de Ceci, siguen buscando respuestas… muchas veces, con sus propias manos.

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Una investigación encendió la polémica en el panorama político nacional: una red vinculada al Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo habría manejado más de 65 millones de pesos presuntamente destinados a campañas de la llamada “Cuarta Transformación”.

De acuerdo con el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el dinero provino de Grupo Tecno, una empresa que obtuvo un contrato por 3 mil 800 millones de pesos con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la elaboración de pasaportes.

Poco después de recibir ese contrato, la compañía transfirió recursos a al menos 10 empresas señaladas como “fantasma” por el SAT, las cuales estarían ligadas a César Adrián Gamboa Montejo, identificado como operador financiero del PT en la entidad.

Según la investigación, esta red no solo habría servido para dispersar dinero, sino que estaría relacionada con estructuras políticas utilizadas en campañas, incluyendo procesos recientes en Quintana Roo.

El esquema incluye empresas sin infraestructura real, con socios que van desde empleados y choferes hasta personas que aseguran haber sido utilizadas sin su consentimiento, lo que refuerza las sospechas de simulación de operaciones.

Además, se documentó que Grupo Tecno obtuvo contratos con diversas dependencias federales, lo que amplía el alcance del caso y abre cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

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Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre posibles sanciones, pero el caso ya coloca bajo la lupa la relación entre contratos gubernamentales, empresas fachada y financiamiento político.

Porque más allá de las cifras, el señalamiento es directo: el dinero público podría haber terminado en la operación electoral.