En sesión ordinaria del Congreso del Estado, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Guanajuato y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), a coordinarse con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. El objetivo es que se utilicen los recursos asignados para actualizar los estudios técnicos y normativos necesarios que permitan reactivar la construcción de la presa La Tranquilidad.

El exhorto también contempla que, una vez actualizados los estudios, se gestionen oportunamente los recursos económicos requeridos ante las instancias federales, estatales y municipales para concretar la ejecución del proyecto.

Durante la exposición de motivos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia subrayó que la infraestructura hidráulica es un componente esencial para la gestión del agua, ya que permite su almacenamiento, aprovechamiento sustentable, así como la prevención de inundaciones y la provisión durante temporadas de estiaje.

Tiscareño recordó que en 2013, el SIMAPAG destinó 1.5 millones de pesos para llevar a cabo un estudio de prefactibilidad enfocado en captar agua superficial, ante la pérdida de capacidad de almacenamiento de las presas actuales por el azolve. Gracias a gestiones posteriores, se logró obtener un presupuesto de 40 millones de pesos que se utilizó para adquirir los terrenos donde se planea construir la presa, que abarcan más de 230 mil metros cuadrados.

Además, el organismo ha realizado diversos estudios y acciones técnicas en torno al proyecto, como análisis externos, planeación de la línea de conducción, proyecto ejecutivo, estudios de cambio de uso de suelo y evaluaciones sobre elementos contaminantes en la subcuenca, entre otros.
Sin embargo, la legisladora enfatizó que estos trabajos requieren ser actualizados para poder reactivar la construcción de la presa. Añadió que en el presupuesto estatal 2025 se destinaron cinco millones de pesos precisamente con ese fin.

Finalmente, Tiscareño Agoitia destacó la urgencia de avanzar con este proyecto, al considerar que representa una alternativa estratégica para garantizar el abastecimiento de agua a la población de la capital.

El día de hoy 10 de abril del presente año, se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representante parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El objetivo de la propuesta es proteger la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio de los pasajeros como el de los operadores del transporte público.

El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas se remitió al caso que ocurrió en Guanajuato capital del taxista que fue asaltado violentamente por dos individuos durante su jornada y que, gracias a que tenía un sistema de grabación, pudieron identificar y llevar a detención al menos a uno de sus agresores.

“Es evidente que tenemos un problema de seguridad pública que demanda atención inmediata” añadió el diputado. Se concluyó que gozar con un sistema de videograbación en los servicios de trasporte pública y privado (taxi) contribuirá a la prevención general del delito, a inhibir su comisión, a frenar las agresiones, acosos, violencias, privaciones a la libertad, robos, facilitará la denuncia y proveerá a las autoridades de datos probatorios objetivos para investigar cualquier ilícito que suceda al interior de los transportes.

¿Qué piensa usted, lector? ¿Si se concretará esta iniciativa?

En Guanajuato, arrojar escombros en áreas naturales no solo daña el medio ambiente, sino que constituye un delito ambiental. Según la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PAOT), el vertido de escombros en sitios no autorizados puede ser denunciado y conlleva sanciones. Sin embargo, la falta de vigilancia y acción de las autoridades locales ha permitido que esta práctica continúe sin control, afectando tanto al entorno natural como a las comunidades cercanas.

El impacto de esta acción es profundo. Los escombros arrojados en áreas naturales afectan el equilibrio ecológico de la región de diversas maneras. En primer lugar, destruyen los hábitats de especies de flora y fauna, muchas de las cuales dependen de estos espacios para sobrevivir. Además, los materiales arrojados, como cemento, pintura o metales, liberan sustancias tóxicas que contaminan el suelo y el agua, afectando directamente los ecosistemas y los recursos naturales que abastecen a las comunidades.

El daño visual también es considerable. Áreas naturales que podrían tener un valor turístico y recreativo se ven alteradas por la acumulación de escombros, lo que impacta negativamente la economía local.

Los riesgos para la salud pública son igualmente preocupantes. El escombro acumulado puede convertirse en un foco de proliferación de enfermedades, ya que acumula agua y atrae insectos y roedores. Asimismo, la alteración de terrenos naturales, como cerros y cauces de ríos, aumenta la vulnerabilidad ante desastres naturales, como deslaves e inundaciones.

A pesar de estos graves impactos, el vertido de escombros en áreas naturales de Guanajuato ha sido una práctica común y normalizada en diversas zonas. Los cerros cercanos a Las Teresas, cerca del libramiento norponiente, son un ejemplo claro de esta problemática. Aquí, la falta de vigilancia por parte de las autoridades ambientales ha permitido que las montañas de escombro se acumulen impunemente.

Otra área afectada es el camino que conduce al Mineral de Peñafiel y la Presa de Mata, donde, desde hace más de 15 años, los escombros y la basura han sido arrojados sin que las autoridades logren frenar el daño. Este lugar, a tan solo 10 minutos del centro histórico de Guanajuato, ha sufrido una grave alteración de su entorno natural, sin que se reporten sanciones significativas para quienes violan la ley ambiental.

La situación es clara: el daño al medio ambiente de Guanajuato avanza a pasos agigantados, mientras que las autoridades responsables de salvaguardar los recursos naturales no han tomado acciones decisivas.

La falta de sanciones efectivas y la indiferencia ante los impactos negativos de estas prácticas han permitido que continúen deteriorando los espacios naturales de la ciudad. Es urgente que tanto las autoridades municipales como las estatales asuman su responsabilidad y actúen para frenar el daño ambiental, antes de que las consecuencias sean irreversibles.

La denuncia ciudadana sigue siendo un mecanismo clave para detener esta práctica ilegal, pero también es fundamental que las autoridades refuercen la vigilancia y sancionen a los infractores de manera ejemplar, para que el respeto al medio ambiente sea una prioridad en el estado.