La carrera rumbo a 2027 ya comenzó… y el PAN empieza a mover sus fichas.

El dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, abrió la puerta a que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, pueda convertirse en una de las cartas fuertes para competir por la gubernatura de Michoacán.

Durante una conferencia, el líder panista reconoció su perfil como un liderazgo relevante en el estado y dejó claro que el partido está dispuesto a dialogar con figuras ciudadanas que coincidan con su visión política.

Aunque aún no hay una candidatura definida, el mensaje es claro: Acción Nacional busca ampliar su base y sumar perfiles con peso local para enfrentar a Morena en una de las elecciones más importantes del país.

El posible acercamiento también refleja un cambio de estrategia: abrir espacios a liderazgos fuera de sus filas tradicionales en busca de competitividad electoral.

Por ahora, no hay nada firmado… pero en Michoacán, el juego político ya empezó.

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El precio del diésel encendió la alerta en el Gobierno federal… y ahora vienen acciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: no existe justificación para que algunas gasolineras vendan el combustible por arriba de los 28 pesos por litro, especialmente cuando hay subsidios activos para contener su costo.

Ante este escenario, anunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras instituciones iniciarán revisiones a estaciones de servicio para detectar posibles irregularidades en los precios.

El gobierno argumenta que se están destinando recursos públicos para reducir el impacto del diésel —clave para el transporte de mercancías—, por lo que los precios elevados afectan directamente la economía y podrían no estar justificados.

Datos oficiales revelan que, aunque el promedio nacional ronda los 28.50 pesos por litro, más de un tercio de las gasolineras lo venden aún más caro, lo que ha intensificado la presión para intervenir.

Mientras tanto, el mensaje es contundente: si no bajan los precios… habrá revisiones fiscales.

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La ministra Lenia Batres sumó una victoria clave en medio del escenario político-electoral: un tribunal federal le dio la razón en la disputa por registrar la marca “Ministra del Pueblo”.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que había rechazado el registro al considerar que el nombre podía generar confusión de cara a la elección judicial.

Batres impugnó la decisión y obtuvo un fallo unánime a su favor, al determinarse que la autoridad actuó de forma ilegal y sin justificar adecuadamente su resolución.

Con este revés, la ministra podrá continuar el trámite para formalizar el uso del distintivo que ha utilizado como parte de su identidad pública y política rumbo a los comicios.

Aunque el registro aún no es automático, el fallo elimina el principal obstáculo legal y fortalece su posicionamiento en un proceso donde la imagen… también juega.

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