Una nueva controversia sacude a la política mexicana: la hoy senadora Mariela Gutiérrez Escalante reconoció que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac fueron sacrificados cerca de 10 mil perros en situación de calle.

El tema estalló tras la difusión de un video en redes sociales, donde la exfuncionaria defiende las decisiones tomadas, asegurando que se actuó conforme a la ley y bajo protocolos establecidos.

Sin embargo, su justificación encendió aún más el debate: afirmó que muchos de los animales representaban un riesgo, ya que —según dijo— habían agredido o “violentado” a personas, argumento que utilizó para respaldar las acciones de su administración.

La cifra y las declaraciones provocaron reacciones inmediatas de activistas y organizaciones defensoras de animales, mientras que autoridades del Estado de México ya abrieron una investigación para determinar si hubo responsabilidades legales por posible maltrato animal.

El caso ha reavivado una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar una política pública en nombre de la seguridad… cuando se trata de vidas animales?.

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En el Congreso del Estado de Guanajuato, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública dio trámite a dos propuestas impulsadas por legisladores de Morena enfocadas en el acceso y la gestión del agua. Durante la sesión de este 16 de abril, ambas iniciativas fueron formalmente radicadas y se estableció la ruta de análisis que seguirán en las próximas semanas.

Una de las propuestas, presentada por el diputado David Martínez Mendizábal, plantea modificaciones al Código Territorial estatal y a la Ley de Gobierno Municipal. El objetivo es garantizar que el servicio de agua se brinde sin distinciones y bajo criterios de igualdad, especialmente en contextos de escasez, donde el acceso equitativo se vuelve un tema crítico.

Por su parte, el legislador Ricardo Ferro Baeza propuso reforzar el marco legal para asegurar mayor claridad jurídica, transparencia y orden institucional en los organismos encargados del suministro, drenaje y saneamiento. Ambas iniciativas serán discutidas en mesas de trabajo programadas para el 13 de mayo, con participación de autoridades estatales y asesores, antes de avanzar hacia un posible dictamen.

Un recién nacido de apenas un mes de edad desapareció en Oaxaca, desatando una alerta urgente de búsqueda y una investigación que apunta a un posible caso de trata de personas.

El menor fue visto por última vez el pasado 23 de marzo en la agencia municipal de Donají, en la capital del estado. Sin embargo, fue hasta el 14 de abril cuando familiares dieron aviso a las autoridades, lo que activó una Alerta Amber y un operativo especializado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso podría tener un giro alarmante: la madre del bebé presuntamente lo habría entregado a un tercero para saldar una deuda económica, lo que encendió las alarmas por un posible delito de trata.

La Fiscalía de Oaxaca ya desplegó equipos especializados y trabaja bajo una línea de investigación que involucra tanto al entorno familiar como a posibles redes criminales.

Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es claro: cualquier información puede ser clave para encontrar con vida al menor.

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