El proceso de ingreso a la UNAM se encuentra en medio de la polémica. Aspirantes que no obtuvieron un lugar exigieron que el examen de admisión sea repetido de manera presencial, luego de denunciar presuntas irregularidades y trampas durante la primera aplicación en línea.

Los estudiantes cuestionan que el formato a distancia haya permitido posibles ventajas indebidas, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas para responder la prueba. La controversia creció luego de que se detectaran anomalías y circularan señalamientos sobre posibles prácticas para burlar los mecanismos de vigilancia.

Ante esta situación, la UNAM creó una Comisión Técnica para revisar las pruebas y determinar qué ocurrió. La universidad también suspendió temporalmente el proceso de inscripciones mientras analiza las irregularidades y busca establecer un mecanismo que permita dar certeza a los aspirantes.

Ahora, los jóvenes piden que la solución sea un nuevo examen presencial y bajo condiciones iguales para todos. La UNAM deberá determinar si se repite la prueba o si existen otras medidas para identificar los casos sospechosos, mientras crece la presión para garantizar que el ingreso a la máxima casa de estudios sea realmente equitativo.

El PAN salió en defensa de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y exigió al Poder Judicial que enfrente su proceso con libertad y bajo un procedimiento imparcial. El dirigente nacional panista, Jorge Romero, acusó que las instituciones están siendo utilizadas para perseguir a integrantes de la oposición y aseguró que no existen elementos suficientes para mantener al exmandatario en un penal de máxima seguridad.

Ruffo fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada y la Fiscalía General de la República lo señala por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos. Posteriormente, una jueza federal lo vinculó a proceso junto con otros siete empresarios y agentes aduanales, por el presunto ingreso ilegal de más de 2 mil 137 millones de litros de combustible y un supuesto daño superior a 166 millones de pesos al erario.

El caso provocó también el pronunciamiento de 16 exgobernadores panistas y del expresidente Vicente Fox, quienes calificaron a Ruffo como un supuesto preso político y cuestionaron la actuación del Poder Judicial. Fox incluso pidió que el exgobernador pueda enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria, al señalar que la legislación contempla esta posibilidad para personas mayores de 70 años.

Mientras el PAN denuncia una presunta persecución política, la FGR sostiene sus acusaciones contra Ruffo por el caso de huachicol fiscal. Ahora el proceso continuará en tribunales, donde deberá determinarse si existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del exgobernador y de los demás imputados. Por ahora, Ruffo mantiene la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar si existe una base legal para que el Estado mexicano pueda reclamar los bienes y recursos económicos atribuidos a Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente detenido en Estados Unidos. La intención es determinar si parte de ese patrimonio puede recuperarse en beneficio del país.

La mandataria explicó que el análisis estará a cargo de la FGR, que deberá establecer si los bienes presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas pueden ser reclamados por México, independientemente de los procesos judiciales que se desarrollan en territorio estadounidense.

Sheinbaum señaló que cualquier acción deberá sustentarse en la legislación nacional, así como en los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países. Por ello, aclaró que primero será necesario conocer el alcance jurídico del caso antes de iniciar cualquier procedimiento para recuperar esos recursos.

La posibilidad de que México reclame parte de esa fortuna abre un nuevo frente legal en uno de los casos de mayor impacto entre ambos países. Ahora será la Fiscalía la que determine si existen las condiciones para iniciar un proceso que permita, en su caso, recuperar bienes para el Estado mexicano.