En el marco de la cooperación internacional ante los incendios forestales que impactaron distintas zonas de Chile, el Gobierno de México envió un contingente integrado por 145 combatientes y especialistas en manejo del fuego, quienes permanecen desplegados desde el 21 de enero para realizar tareas de supresión, control y restauración ambiental.

La misión se desarrolla mediante una coordinación estrecha entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Chile. El personal mexicano fue distribuido en siete brigadas que concentraron operaciones en las regiones de Biobío y La Araucanía.

En esas zonas, los equipos ejecutaron apertura de brechas cortafuego, combate directo de incendios, liquidación de puntos calientes y vigilancia constante de perímetros. Las intervenciones permitieron establecer varios kilómetros de líneas de control, acción que contribuyó a frenar el avance de los siniestros y a salvaguardar comunidades, infraestructura crítica y ecosistemas forestales.

Las brigadas mexicanas llevaron a cabo el reacomodo de material vegetal, redistribución de combustibles forestales y la construcción de zanjas en laderas pronunciadas, con el propósito de reducir la erosión, restringir accesos no autorizados y restituir la funcionalidad ecológica del entorno. Estas acciones favorecen la retención hídrica, la conservación de la fertilidad del suelo y los procesos de regeneración natural.

Rosario Martínez Córdoba, brigadista de la Conafor, destacó que la experiencia ha incluido apertura de brechas, liquidación de focos activos, manejo de combustibles y patrullajes preventivos para evitar reactivaciones. Subrayó además que el intercambio técnico fortalece las capacidades operativas del personal mexicano al incorporar metodologías aplicadas en Chile.

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Autoridades de la Conaf en la región del Biobío reconocieron el valor técnico de las técnicas de rehabilitación implementadas por las brigadas mexicanas y señalaron que se evalúa su posible adopción en otras regiones del país.

Como resultado del trabajo conjunto, se identificaron prácticas destacadas, entre ellas los métodos ergonómicos para el traslado de motosierras empleados en México, el uso diferenciado de equipo de protección personal y los protocolos de detección de riesgos, aspectos que generaron interés entre los combatientes chilenos por su contribución a una operación más segura y eficiente.

En un fuerte pronunciamiento que ha encendido el debate político, el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, pidió que Julio Scherer Ibarra —exconsejero jurídico de la Presidencia— sea enviado a prisión por lo que calificó como “deslealtad absoluta” y mentiras en su nuevo libro Ni Venganza Ni Perdón.

Según Noroña, Scherer Ibarra traicionó al movimiento que lo llevó al poder al publicar revelaciones sobre presuntos actos de corrupción y clientelismo dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, especialmente en torno a un programa de compensaciones y un decreto vinculado a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Durante una transmisión en vivo, el legislador calificó el contenido del libro como “mentiras y calumnias” y aseguró que, por eso, Scherer “debería estar en la cárcel”, incluso aunque él mismo le tenía reconocimiento cuando era parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador.

El caso abrió una nueva grieta pública dentro de las filas del movimiento que gobernó México, pues las tensiones entre versiones oficiales y testimonios internos ahora se ventilan en el espacio editorial y en debates políticos

Un reciente estudio de la organización México Evalúa reveló que en la última década los casos de personas desaparecidas y no localizadas aumentaron un 213 %, pasando de 4 114 en 2015 a 12 872 en 2025. El informe, titulado Violencia en México, 2015-2025, señala que esta tendencia al alza estaría vinculada con la violencia estructural y la actividad del crimen organizado.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó ese incremento, argumentando que los datos se basan en la plataforma nacional de registro de desapariciones, la cual “tiene muchos problemas e inconsistencias”, como omisiones en nombres, fechas o direcciones, que pueden distorsionar la realidad.

Sheinbaum aseguró que no se trata de ocultar información, sino de medir el fenómeno “en su justo término” y adelantó que este mismo mes el Gobierno federal presentará un informe actualizado y transparente sobre la situación real de las personas desaparecidas en el país, con cifras claras de cuántos casos tienen carpeta de investigación y cuántas víctimas ya fueron localizadas.

La discrepancia entre cifras oficiales y las de organizaciones civiles reaviva el debate sobre cómo se mide uno de los problemas más sensibles de México, donde familias siguen buscando respuestas y cifras confiables.