En Concordia, Sinaloa, autoridades han identificado ya los cuerpos de 3 de los 10 mineros que fueron privados de su libertad el 23 de enero mientras trabajaban en un campamento de la minera canadiense Vizsla Silver.

Los restos fueron encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en medio de una intensa búsqueda que mantienen fuerzas federales y estatales desde hace días.

Entre los identificados están Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, cuyos familiares ya han sido notificados.

La compañía minera y autoridades han expresado su devastación por el hallazgo y reiteran que no darán por concluida la búsqueda, con el objetivo de localizar con vida a los 7 trabajadores que siguen desaparecidos.

Organizaciones del sector minero han pedido justicia efectiva y acciones contundentes para esclarecer este caso que ha sacudido a la región.

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Este suceso pone de manifiesto la v1olenc1a y el riesgo que enfrentan comunidades enteras en zonas donde actúan grupos delictivos, y deja una pregunta dolorosa: ¿cómo proteger a quienes trabajan y viven en estas regiones?

Un grupo de al menos 100 mexicanos que fueron detenidos en recientes redadas migratorias en el sur del Valle de Texas llegó este jueves al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, en Tamaulipas, tras ser deportados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Los migrantes arribaron en tres autobuses, custodiados hasta la frontera y entregados a las autoridades migratorias mexicanas, en lo que representa una nueva fase de operativos antiinmigrantes que se han intensificado en ciudades del Valle de Texas.

Testigos compartieron en redes sociales imágenes de los deportados —algunos con bolsas con sus pertenencias— mientras eran trasladados tras cruzar el puente hacia territorio nacional.

Las acciones han generado malestar entre trabajadores migrantes y empresarios locales, quienes aseguran que la fuerte presencia de redadas ha causado miedo generalizado y afectado la mano de obra en el sector de la construcción.

Las autoridades mexicanas activaron los protocolos de atención a repatriados, ofreciendo valoración médica inicial y orientación para decidir si regresan a sus estados de origen o se quedan temporalmente en Tamaulipas.

Este arribo ocurre en medio de un contexto de políticas migratorias cada vez más rígidas en la frontera norte, que siguen impulsando la deportación de connacionales desde Estados Unidos.

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Las reservas petroleras del país han caído de forma preocupante: de casi 6 mil 900 millones de barriles en 2018 a menos de 6 mil millones en 2024, lo que representa una caída del 16 % en seis años, según cifras oficiales.

Al ritmo actual de extracción, las reservas de crudo probadas, probables y posibles alcanzarían para unos nueve años más, un nivel que expertos consideran insuficiente para sostener la producción futura sin nuevos descubrimientos y mayor inversión en exploración.

Durante la administración federal pasada se inyectaron más de 2 billones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) con el objetivo de fortalecer la empresa, pero aún así los campos maduros han dominado la producción y los hallazgos recientes no han sido suficientes para revertir la caída.

Analistas señalan que sin un impulso real a la exploración, la producción de crudo –que actualmente ronda los 1.4 millones de barriles diarios– podría disminuir antes de lo esperado, afectando tanto la fabricación de petrolíferos como las exportaciones de crudo.

Más allá de cifras, el llamado de expertos es claro: hace falta inversión, impulso a la exploración y estrategias distintas para evitar que la caída de reservas termine por impactar la economía y la seguridad energética del país.

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