La Fiscalía General de la República destapó nuevos detalles de las investigaciones contra la conductora Inés Gómez Mont. La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, informó que presuntamente recibió dinero de procedencia ilícita en sus cuentas personales y habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

Según las indagatorias, los recursos estarían relacionados con un supuesto esquema de desvío y triangulación de dinero público mediante empresas fantasma, vinculado con contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos destinados al sistema penitenciario federal.

La FGR confirmó que la exconductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otras dos por defraudación fiscal equiparada. La dependencia ya entregó la documentación correspondiente a las autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, Gómez Mont permanece detenida en Florida por una situación de carácter migratorio y también presentó un recurso judicial para buscar su liberación. Si las autoridades estadounidenses determinan su deportación, la Fiscalía mexicana aseguró que ejecutará las órdenes de aprehensión en cuanto llegue al país.

Después de las protestas de trabajadores y las quejas de pacientes, el IMSS reconoció que arrastra graves pendientes: personas que esperan meses por una cirugía, falta de especialistas, equipos obsoletos y problemas para distribuir medicamentos e insumos. La presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Instituto, Zoé Robledo, admitieron las deficiencias y anunciaron medidas para atenderlas.

Entre los problemas detectados hay hospitales sin suficientes médicos en turnos nocturnos y vespertinos, camas que necesitan reemplazo y materiales que no llegan a tiempo a las áreas donde se requieren. Incluso, algunos pacientes enfrentan retrasos para conseguir una cita con especialistas o una fecha para ser operados.

Para responder a estas carencias, el Gobierno federal anunció un plan emergente de 120 días, con una inversión de 11 mil 745 millones de pesos. Entre las acciones están contratar a 2 mil 500 médicos especialistas, renovar equipos hospitalarios, mejorar el abasto de medicamentos y realizar más de 31 mil cirugías extraordinarias.

El plan también contempla elevar el aumento salarial de los trabajadores del IMSS de 6.8 a 8 por ciento y regularizar a personal contratado durante la pandemia. Ahora, el reto será convertir los anuncios en resultados y que los pacientes dejen de esperar meses por atención médica, medicamentos o una operación.

La nueva presidenta interina del Instituto Nacional Electoral, Blanca Cruz, llega al cargo en medio de cuestionamientos por un contrato millonario firmado durante su gestión en el organismo electoral de Puebla. La contratación, por 129 millones 700 mil pesos, fue otorgada en 2024 a Comercializadora JVLY para adquirir material electoral.

El problema es que una auditoría estatal señaló que el organismo poblano no presentó documentación clave del proceso, entre ella la autorización presupuestal y las propuestas técnica y económica del proveedor. Además, la empresa ha sido mencionada en observaciones sobre presuntas irregularidades en contratos del INE.

La polémica llega justo cuando el instituto enfrenta una crisis por señalamientos relacionados con proveedores y posibles conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei. En medio de este escenario, tres funcionarios de alto nivel presentaron su renuncia, aumentando la presión para revisar las contrataciones.

Ante los cuestionamientos, Blanca Cruz aseguró que colaborará con las investigaciones y anunció que los nuevos contratos permanecerán detenidos mientras se revisa su situación.